Un mes de la aplicación del 155: Control total de Mossos y funcionarios en 30 días

El Gobierno da por asegurada la gestión administrativa pero alarman las encuestas de cara al 21-D.

La política va por un lado, y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, por otro. El discurso independentista sigue utilizándolo como uno de sus grandes mantras electorales junto con el de los presos políticos y la represión del Estado. Pero mientras el secesionismo insiste machaconamente en estos eslóganes para poner sordina a su fracaso político, desde la puesta en marcha del artículo 155 los Mossos sólo han tenido que activar un dispositivo especial, y fue con motivo de la huelga general. No ha habido ninguna situación excepcional en materia de orden público frente a las previsiones que se anticipaban, en algunos casos incluso sobre la base de la información policial, y después de una última etapa de Gobierno independentista en la que la calle se fue volviendo cada vez más conflictiva. El balance del trabajo de la Administración catalana gestionada desde Madrid confirma también la normalidad con la que han seguido trabajando los funcionarios. Y la jornada electoral del 21-D está organizándose sin problemas, como en elecciones anteriores.

Pero esta tranquilidad por la ejecución del155 contrasta con las alarmas que encienden las encuestas electorales. A partir de ahora se entra en una etapa en la que cualquier incidente puede desequilibrar el tablero. Por un lado, se espera que salgan de prisión los ex consellers, una vez que el Tribunal Supremo ha asumido la causa que instruía la Audiencia Nacional. Con el gran interrogante de si el ex vicepresidente Oriol Junqueras opta por una estrategia de defensa que dificulte al juez Pablo Llarena aplicarle el mismo patrón que ha seguido con los ex miembros de la Mesa del Parlament, y por el que están en la calle y no en una situación de prisión incondicional. Y al mismo tiempo el terreno de lo impredecible en el que se mueve el ex presidente de la Generalitat sigue jugando a su favor, al menos según los sondeos publicados.

El Gobierno tiene controlado el frente de la gestión administrativa de la Generalitat y también confía plenamente en los procesos penales abiertos contra los líderes independentistas. Aunque estén bajo secreto de sumario, la acumulación de pruebas por parte policial anticipa un futuro penal muy complicado para ellos, y que se resolverá pronto, pero, en ningún caso, antes de los comicios.

Por eso, si se confirman las encuestas, la situación judicial de la cúpula independentista amenaza con llevar a un contexto político «caótico», ya que la negociación del nuevo Gobierno estará en manos de dirigentes procesados y sobre lo que pesan importantes condenas. Es prácticamente imposible, según reconocen en el PP y en el PSC, que los partidos que apoyaron el155 puedan dar la vuelta a la realidad actual y ganar en escaños al secesionismo. No hay margen para un trasvase de votos que les coloque en los 68 escaños de la mayoría absoluta. El bloqueo político puede traer alguna sorpresa, y ahí es a dónde se agarran, pero con prudencia en las expectativas.

La división entre los dos bloques, independentistas y constitucionalistas, está beneficiando a Ciudadanos, pero ni en el PP ni en el PSE prevén que con Inés Arrimadas como lista más votada puedan llegar a la Presidencia de la Generalitat. El PSC se ha recolocado ya para jugar sus cartas en otra dirección. Y los sondeos internos que maneja el PP no son tampoco demasiado alentadores, ni siquiera sobre ellos mismos. Al final la campaña electoral quedará en una batalla entre estos tres partidos por ver quién gana más o quién pierde menos, dentro de la excepcionalidad frentista que existe en Cataluña.

En ese sentido, la estrategia de los populares tenía como uno de sus ejes centrales reivindicar el artículo 155, que está funcionando de manera eficaz y tranquila, pero la evolución demoscópica está rebajando el discurso al respecto. Seguirá siendo elemento de su mensaje electoral, en competencia con el partido de Albert Rivera, pero sin excesos. El balance del mes de intervención ha pasado de puntillas y más allá de las actuaciones relacionadas con la organización de los comicios del 21-D, el Gobierno no va a hacer nada de aquí a las elecciones que pueda interpretarse como una injerencia en la autonomía catalana. Hay alguna decisión pendiente, advierten, pero con la intención de lanzar el mensaje de que hay actuaciones positivas que pueden beneficiar a los catalanes si se sale de la dinámica rupturista.

El PP revisa su estrategia bajo la presión de Cs. Es el responsable de la gestión del reto independentista y se cree con derecho a reivindicarse como el responsable de haberle parado los pies, aunque las medallas se las están colgando los de Rivera. Esto les está obligando a revisar su mensaje territorial y tiene consecuencias en otras cuestiones como el posicionamiento público ante la reforma constitucional, aunque al mismo tiempo reprochen a Cs que actúe sólo por electoralismo.