Un veredicto unánime para Artur Mas

El presidente, Barrientos, y el magistrado Ramos, de tendencias distintas, comparten su oposición al «procés».

Jesús María Barrientos, presidente, y los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez, integran el tribunal que debe sentenciar el caso del 9-N. No tienen un papel fácil. Su decisión será criticada por unos u otros, en función del fallo. En todo caso, según han coincidido en señalar distintas fuentes jurídicas, lo que sí tienen claro es la idea de que la decisión sea por unanimidad. «Lo ideal es que no existan discrepancias, y más en un caso como éste, pero tampoco hay que desautorizar a nadie si está en desacuerdo con la mayoría», señala uno de los magistrados consultados.

Otro compañero de judicatura va más allá incluso: «Tiene que ser una decisión unánime, no puede ser de otra manera». Y es que se quiere transmitir una mensaje de unanimidad en un asunto en el que algunos sectores nacionalistas han querido situarlo más allá del meramente judicial.

En relación con lo anterior, también existe coincidencia en considerar que Barrientos y Ramos serán los que lleven el peso de las deliberaciones y, por tanto, de la decisión final. Y ello, porque «son especialistas en Derecho Penal, llevan muchos años dedicados a esta área y en este proceso lo decisivo será si se incurrió y se dieron los requisitos penales de los delitos» que se les imputan a Mas, Ortega Rigau; mientras que el tercer integrante, Eduardo Rodríguez, «procede de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y tiene mucha menos experiencia en Derecho Penal». Por ello, lo predecible es que Barrientos y Ramos sostengan un criterio común y Eduardo Rodríguez –quien lleva apenas ocho años en la carrera judicial– no se desmarque.

En cuanto a las «tendencias» de los integrantes del tribunal, el presidente pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria y su nombramiento fue avalado por el Consejo General del Poder Judicial con nueve votos a favor, los de los vocales elegidos a propuesta del PP y del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, frente a los nueve que logró el «progresista» Miguel Ángel Gimeno.

Barrientos se ha mostrado más que crítico con todo el proceso soberanista de Cataluña. Este extremo lo dejó bien claro en su comparecencia ante el CGPJ días antes de su nombramiento. En ese «examen» lanzó un mensaje más que claro a quienes piensan saltarse la legalidad para lograr sus objetivos políticos: «Legalidad vigente y orden constitucional» serán las pautas que marcarán «siempre, y en todo momento, las relaciones institucionales». Mensaje sin lugar a equívocos.

Carlos Ramos, por su parte, pertenece a la asociación Jueces para la Democracia, y mantiene «concepciones» muy distintas a las del presidente. Ingresó en el TSJ de Cataluña por el «cupo» de designación autonómica, es decir, del Parlament, con el apoyo del PSC e Iniciativa per Cataluña, durante el Gobierno del tripartito. Se muestra contrario al «procés» y al movimiento de ruptura que se quiere llevar adelante desde algunos sectores catalanistas.

En cuanto al juicio en sí, todo parece conducir a que la prueba clave es el valor que se otorgue a la providencia del 4 de noviembre de 2014, en la que se ordenaba la prohibición de celebrar la consulta que se llevaría a cabo cinco días después; en el sentido de si se considera que la notificación que se realizó de la misma, a través del correo electrónico oficial, cumple o no con los requisitos exigidos. Si los magistrados llegan a la conclusión de que existió una notificación fehaciente, todo indica que la sentencia será condenatoria; mientras que si, por el contrario, se concluye que no se cumplieron esos requisitos todo lleva a la absolución de Mas, Ortega y Rigau.