Una reforma constitucional desde la lealtad federal

La puesta en marcha de la reforma constitucional, que no debe verse pospuesta por la situación que se vive en Cataluña, no puede ni debe tener como único objetivo el intentar encontrar una vía de salida al actual «laberinto catalán». La solución al problema catalán no puede conducir a generar nuevos recelos o rechazos entre diferentes Comunidades Autónomas. Es la hora de que se produzca un pacto equilibrado en el que, lejos de los posicionamientos de máximos que bien pudieran desembocar en una previsible frustración de una oportunidad, todos seamos capaces de entender que solo con renuncias mutuas, sentido común y desde el fomento de los puntos de encuentro, será posible actualizar, con ciertas garantías de éxito, el marco de convivencia democrático del cual nos dotamos, con sus luces y sombras, en 1978.

Lejos de posicionamientos egoístas de los distintos territorios que configuran nuestro Estado autonómico habrá que partir, fruto de un ejercicio de responsabilidad de las diferentes fuerzas políticas, de una altura de miras que haga posible una reforma constitucional que pueda ser aceptada, en una aplicación coherente del principio de «lealtad federal», por una muy amplia mayoría de la ciudadanía. En un Estado compuesto, como el alemán o el español, es exigible que cada uno de sus territorios ejerza sus competencias con lealtad, es decir, que lo hagan pensando no solo en sus propios intereses, sino también en los del resto de territorios y en los del propio Estado en su conjunto. Este deber de «lealtad federal», como derivación del principio de unidad del Estado, resulta de obligada relación con la llamada «compulsión federal», concebida ésta como mecanismo de garantía del Estado compuesto en orden a reaccionar frente a eventuales incumplimientos de las obligaciones constitucionales o legales que corresponda cumplir a las diferentes partes que lo integran; así como con el principio de lealtad institucional, en atención al cual debiera establecerse la obligación de las Administraciones Públicas de colaborar y cooperar entre sí en aras a proteger la satisfacción de los intereses generales.

Esta reforma constitucional debiera afrontar muy variados objetivos: una clara implicación de las Comunidades Autónomas en la gobernabilidad conjunta del Estado; la necesaria reforma de la Cámara Alta en orden a convertirlo en una auténtica pieza de la integración y representación territorial; una clarificación acerca de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas; y la definición de un sistema de financiación autonómica justo con los que más pagan, pero también solidario. Una reforma que habrá de ser para todos y en la que habrá de practicarse una cierta «empatía interterritorial» que permita dar cabida, sin incorporar más diferencias que las amparadas por la razón, a ciertos sentimientos o peculiaridades, como en el caso de Cataluña, que son propios tan solo de algunos territorios. Es la hora de un nuevo pacto territorial en que se materialice, con una visión federal, la reforma de la estructura territorial del Estado; se pongan las bases para mejorar tanto la calidad democrática como nuestras instituciones; se consolide un Estado de Derecho revitalizado; se refuerce la configuración de una mayor justicia social, y se aproveche también para reafirmar nuestra vocación de compromiso con la Unión Europea e Iberoamérica.

Aprovechemos la oportunidad que supone la creación de una comisión de reforma constitucional, pero tengamos presente que la Constitución no se puede reformar «a la carta» para contentar a algunos partidos nacionalistas y/o soberanistas, lo que no quiere decir que no haya que escucharles, para lo cual harían bien en replantearse su asistencia a la referida comisión el PdCAT, ERC y el PNV; que el PP no debe aprovechar la coyuntura para intentar recentralizar competencias de forma irreflexiva, pero que bien puede ser uno de los contrapesos a la tentación de «dar más a quién más ruido hace»; que el PSOE debe ser capaz de convencer acerca de su visión federal del Estado, también inclusiva de un PSC en el que su líder, Miquel Iceta, marca el camino de «una Catalunya con más acuerdos y menos divisiones»; que Ciudadanos, que apuesta por la necesidad de favorecer la regeneración democrática y de nuestras instituciones, bien pudiera ser pieza fundamental para aproximar las posiciones de los tradicionales partidos mayoritarios; y que Podemos, aun cuando pueda discrepar de la temporalidad de esta reforma y muestre su voluntad de ir mucho más allá del contenido propuesto, quizás fuera bueno que se plantease la política de lo posible y ayudase a configurar una Constitución avanzada en cuanto a la protección de los derechos sociales.

Cuando pasa el tren hay que estar preparado para subirse a él, pues el próximo que pase puede tardar en llegar a la estación. Subamos al tren de la reforma constitucional con las maletas repletas de «vocación de pacto».