Viajes gratis a políticos europeos para ver la «tensión» en Cataluña

La Generalitat les invita por carta por las «graves consecuencias» para Europa.

La Generalitat ha pisado el acelerador del proceso independentista y parece dispuesta a quemar todas sus naves en un contexto político en el que cada vez son más los que en el sector soberanista asumen fuera del circuito oficial que no tienen ninguna posibilidad de celebrar un referéndum ya no sólo legal, sino con las mínimas garantías de transparencia y seriedad necesarias para que no dañe del todo su imagen, en Cataluña, pero, sobre todo, en el ámbito internacional, una de sus debilidades más extremas y por ello una de sus principales preocupaciones.

El último movimiento del Diplocat, la agencia exterior de la Generalitat, consiste en una invitación a políticos italianos para que vengan a finales de junio a Barcelona, por supuesto con todos los gastos pagados con dinero público, con el objetivo de que conozcan de primera mano el proyecto independentista y las consecuencias de que no se permita que prospere. En concreto, según la invitación que se les ha hecho llegar, lo que se les ofrece es que viajen a la Ciudad Condal para conocer personalmente el contexto político actual y comprender «una crisis política que amenaza con tener graves consecuencias para toda Europa».

La acción exterior del independentismo ha sido uno de sus grandes fracasos, pese a que no han escatimado recursos públicos para hacer propaganda de su causa en la Unión Europea (UE) y fuera de ella, como ha ocurrido con los recientes viajes en paralelo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el ex presidente Artur Mas a Estados Unidos. La última inversión de dinero público tiene como objetivo pasear a parlamentarios italianos por Barcelona, en un viaje de 48 horas, del 25 al 27 de junio, para facilitarles «el acceso directo al contexto político, social y económico de Cataluña». «El proceso democrático en Cataluña vive momentos de tensión», explican en la misiva-invitación en alusión al proyecto rupturista que los de Juntos por el Sí, el PdeCat (antigua Convergéncia) y ERC, lideran en el Parlamento catalán y que quieren sacar adelante por la vía de urgencia y sin debate. La Generalitat busca un pronunciamiento oficial del Parlamento italiano a favor de su «proceso democrático», es decir, para la autodeterminación de Cataluña, bajo la amenaza de que si no se aborda «con tiempo» puede tener esas graves consecuencias para toda la zona euro. No detallan a qué se refieren con esta advertencia. La oferta independentista incluye encuentros con representantes de la Generalitat y del ayuntamiento de Barcelona, que dirige Ada Colau, con representantes de todas las fuerzas parlamentarias, de la sociedad civil, cultural y económica, explican en el programa que han remitido con la firma del secretario general del Diplocat y del delegado de la Generalitat en Italia.

Aunque no frenan en su empeño, hasta ahora la realidad no deja, sin embargo, margen para la duda. Todos los pronunciamientos oficiales de Bruselas han ido en la misma dirección, en la de ratificar la inviabilidad de una Cataluña independiente en el seno de la Unión. Quedaría fuera de la misma, de acuerdo con los tratados constitucionales comunitarios, y su Gobierno debería volver a negociar su pertenencia al club europeo, con la capacidad de veto de cualquiera de los miembros, incluido el Gobierno español. También la mayoría de los líderes europeos han ignorado personalmente la acción diplomática de la Generalitat, de tal manera que sus iniciativas internacionales, comandadas por Raul Romeva, han acabado reducidas a un listado de actos de perfil académico por el desplante de los representantes políticos.

El problema es que el tiempo pasa y los plazos que se ha marcado Puigdemont se agotan, sin que obtengan resultados en clave doméstica, ni en la exigencia de la negociación ni a la hora de concitar nuevos respaldos, a la vez que tampoco tienen réditos en la acción exterior. De hecho, el independentismo busca incluso salidas alternativas a la consulta ilegal que lleven a las urnas, aunque bautizadas como elecciones constituyentes y previa declaración unilateral de independencia que sería anulada inmediatamente por el Tribunal Constitucional (TC). El Gobierno, por su parte, está intensificando sus movimientos internos y externos con el doble objetivo de reforzar la imagen de soledad de los líderes independentistas y desnudar las vergüenzas de la República catalana que idean Puigdemont y sus socios de ERC. Ayer, Juntos por el Sí y la CUP se conjuraron para rechazar la comparecencia del diputado Luis Llach en el Parlamento catalán por sus polémicas declaraciones sobre cuál sería la situación en la que quedarían los funcionarios cuando se active la «desconexión». «El que no cumpla será sancionado», había sentenciado Llach. Unas declaraciones que provocaron la petición de Ciudadanos (Cs) de que compareciese en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana. Y también aceleraron la reacción del Gobierno, que, como ayer informó este periódico, ha activado un protocolo para garantizar protección a los funcionarios catalanes si reciben órdenes de sus superiores que no se ajusten a la legalidad vigente.