«Yo no seré Ibarretxe»

Tras la propuesta del Gobierno de llevar el debate del referéndum al Congreso, Puigdemont aseguró a sus colaboradores que no protagonizará un rechazo como el del vasco en 2005

Completamente noqueado. Así quedó Carles Puigdemont ante la oferta de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para llevar el debate de su referéndum secesionista al Congreso. Fuentes de La Generalitat y Convergencia reconocen que el anuncio del gobierno ha sido todo un golpe de efecto que neutraliza el victimismo y quiebra el viaje del presidente catalán mañana lunes a Madrid. «Nos han roto la estrategia», admiten sectores del PDeCAT ante el acto de Puigdemont en el Ayuntamiento de la capital, en un local cedido por Manuela Carmena, considerado por los partidos constitucionalistas como una provocación. Algunos consejeros del Govern y dirigentes convergentes veían más oportuno celebrarlo en la Delegación de La Generalitat en Madrid, el llamado edificio Blanquerna próximo al Congreso, pero el presidente se negó en rotundo. «Si Rajoy no me recibe en Moncloa, iré a otro edificio oficial», dijo Puigdemont en una reunión reciente. En opinión de sus críticos, su objetivo es mantener el desafío y «sofisticar el procés dentro de la ficción».

Pero lejos de amilanarse, Puigdemont devolvió el golpe y advirtió que no acudirá al Congreso de los Diputados sin antes pactar la fecha de la consulta. «Yo no seré Ibarretxe», aseguró ante su equipo de colaboradores. Se refería al debate del llamado Plan Ibarretxe sobre la autodeterminación y un nuevo Estatuto político para el País Vasco que se celebró en la Cámara Baja en el año 2005 y fue rechazado por amplia mayoría. En La Generalitat y el PDeCAT enmarcan el viaje del presidente en clave interna catalana, con la lectura de que viene a ofrecer diálogo, invitado gentilmente por la propia alcaldesa Manuela Carmena en un acto sin precedentes, y que nadie del gobierno le recibe. Por ello, ante el astuto anuncio de Soraya Sáenz de Santamaría, Carles Puigdemont convocó a su núcleo duro en el Palau, y al vicepresidente Oriol Junqueras, ante quienes mantuvo su hoja de ruta: «Madrid nos sigue dando un portazo».

En el entorno soberanista subyacen muchos nervios ante la nueva estrategia del gobierno. Máxime ante los patinazos exteriores de Puigdemont en sus últimos viajes. «Ha hecho el ridículo», opinan algunos críticos sobre sus estancias en el Parlamento Europeo, Nueva York o la Universidad de Georgetown. Escaso público, nulo respaldo a la independencia de Cataluña, e incluso una desautorización expresa del propio rector en la Universidad de Washington. Para colmo, en la búsqueda de garantías internacionales para el referéndum, la Comisión de Venecia, órgano dependiente del Consejo de Europa en materia constitucional, ya ha advertido a La Generalitat la imposibilidad de celebrar consultas ilegales. Un nuevo jarro de agua fría en la escalada independentista que llevó al inhabilitado Francesc Homs, ex portavoz de Convergencia en el Congreso, a subir el tono verbal: «España es una dictadura y Europa tiene poca credibilidad democrática».

Dirigentes del PDeCAT afirman que la oferta de acudir a la Cámara Baja «es una trampa en toda regla», que debilita la presencia de Puigdemont en el Ayuntamiento de Madrid. Algo que ha sentado mal en Moncloa y el PP por abrir las puertas del Consistorio a un dirigente secesionista que vulnera la Constitución. Recuerdan que ya en su día, en el año 2012, Mariano Rajoy le hizo la misma invitación a Artur Mas y este también se negó. Lo mismo que Puigdemont ante el ofrecimiento del presidente del Senado, Pío García Escudero, para que planteara su petición en la Cámara Alta. El problema, sugieren fuentes de Moncloa, es que ninguno desea someterse a un debate parlamentario que tienen claramente perdido. Por ello, opinan que Puigdemont seguirá adelante «con el festival soberanista», intentando ganar tiempo.

Lo tiene muy difícil ante las fuertes presiones de la CUP, la formación antisistema que marca la Legislatura catalana. Los radicales le exigen ya la fecha y el contenido de la pregunta, lo que deja contra las cuerdas al presidente en su intento de vincular a los Comunes, el partido de Ada Colau, con un referéndum unilateral de independencia no pactado, algo poco posible. Además, en unos días habrá de aprobarse en el Parlament la polémica ley de desconexión, que será de inmediato anulada por el Tribunal Constitucional. Puigdemont está en una situación mucho más endeble que su antecesor, dado que Artur Mas gobernaba con una mayoría estable. Pero ahora el permanente chantaje de los cuperos le tiene atado de pies y manos. «Está preso de la CUP y el tiempo se acaba», dicen dirigentes de Convergencia.

La opinión general es que Puigdemont mantendrá el desafío y puede anunciar en Madrid la fecha del referéndum, posiblemente el uno de octubre, aún a sabiendas de que no se celebrará. Ello abocaría inevitablemente a unas elecciones, algo a lo que ha dejado abierta la puerta el líder de ERC, Oriol Junqueras. Mucho más sibilino, con las encuestas a su favor, el republicano reaccionó con cautela ante la oferta de acudir al Congreso, instó al gobierno y a la Fiscalía a retirar las causas judiciales contra miembros del Parlament, y se mostró abierto a «otros procesos electorales». Junqueras juega con ventaja, dado que siempre podrá argumentar que ha hecho todo lo posible por la consulta, pero que finalmente Carles Puigdemont es el culpable de su fracaso. Si hay elecciones y las urnas le favorecen logrará su eterno sueño de sentarse en el sillón de la Generalitat e iniciar una nueva interlocución con Madrid.

El movimiento del gobierno está muy bien calculado. Así, Rajoy traslada todo el peso político a los nacionalistas, quienes tendrán que manifestar si aceptan que el referéndum se someta al procedimiento legal marcado por la Constitución . Si Puigdemont acude al Congreso, tal como hizo el ex lendakari Juan José Ibarreche, el resto de fuerzas políticas se verá obligado a fijar posiciones sobre una reforma del artículo 2 de la Carta Magna. Algo complejo dada la composición de los grupos parlamentarios, que puede tumbar los planteamientos separatistas, dado que el gobierno expuso la oferta al PSOE y Ciudadanos. Por ello, de momento Puigdemont seguirá con su tira, afloja y el discurso victimista hacia Cataluña: un nuevo portazo de Madrid. Ni mano tendida, ni buena voluntad, ni renuncia a la independencia.

Fuentes de La Generalitat aseguran que Puigdemont desea dar la máxima solemnidad al acto en el Ayuntamiento madrileño, dónde estará arropado por la plana mayor separatista, y hurgar en la herida de que es recibido por la alcaldesa Manuela Carmena. Pero todos son conscientes de que la jugada gubernamental «nos enturbia la fiesta». El choque de trenes queda ya descafeinado, si bien Puigdemont «tensará la cuerda y montará algún número», opinan en los partidos constitucionalistas, que vaticinan momentos de dura tensión hasta acabar en unas elecciones. El hartazgo por las exigencias de la CUP aumenta en las filas del PDeCAT y así lo entienden varios consejeros y dirigentes: «Ya no hay más margen para ceder a los chantajes a que nos tiene sometidos la CUP», aseguran muchos de ellos.

En este escenario enrarecido, con la vista puesta en el horizonte electoral, Ada Colau y su partido político, los Comunes, quiere anteponer el debate de izquierdas a la independencia, sabedora de que es su baza para ganar apoyos. «Debate ideológico antes que soberanista», admiten en los partidos de izquierdas, incluido el PSC, dónde contemplan la imposibilidad de un referéndum unilateral de independencia. La incógnita es qué hará Oriol Junqueras, cuyo partido, ERC, es claramente soberanista pero con una potente base de izquierdas. Junqueras aparece en cabeza en todas las encuestas, pero con una mayoría insuficiente para formar gobierno. Por ello, ante la posibilidad de un nuevo tripartito entre ERC, los Comunes y el PSC, su discurso habrá de ser más social que independentista.

Esto despierta fuertes recelos en el PDeCAT, donde opinan que «Junqueras siempre gana». En efecto, si el referéndum no se celebra, el líder republicano descargará toda la culpa en Puigdemont y se verá libre para confeccionar un gobierno más de izquierdas que soberanista. Es la tesis de muchos convergentes, alarmados por los malos sondeos y la incertidumbre de su candidato. Con el agravante de que al presidente Puigdemont tampoco le importa demasiado, puesto que ya ha renunciado a ser candidato y el «marrón» se lo comerá quién le suceda. Por ello, las fisuras de la antigua Convergencia están a flor de piel con Oriol Junqueras, mientras la CUP hurga en la herida. «Si una vez se cargaron a Mas, ahora pueden hacer lo mismo», advierten.

De momento, el órdago está lanzado: Puigdemont tiene la puerta abierta de las Cortes Generales, el único lugar adecuado para presentar las demandas que plantea. La pelota en su tejado.