Zapata tendrá que declarar como imputado por sus tuits contra víctimas

La Audiencia prevé estimar el recurso del fiscal contra el archivo que acordó el juez Pedraz

El concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, elegido en las listas de «Ahora Madrid», candidatura avalada por Podemos, tendrá que acudir a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por los tuits que escribió hace años y en los que aludía directamente a víctimas del terrorismo y del genocidio nazi. La sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia prevé estimar el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la querella interpuesta por Dignidad y Justicia, quien estimó que tuits como «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos» o «¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un seiscientos? En un cenicero», podían considerarse como «humor negro, ánimo pues muy distinto al de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas». El magistrado archivaba directamente la querella al no apreciar ningún tipo de humillación a las víctimas sin citar al ahora concejal de los distritos Fuencarral-El Pardo y Villaverde, ya que hacerle acudir a la Audiencia en esas circunstancias era someterle «a la pena de telediario, de paseíllo», como sostenía en su decisión.

Contra este fallo recurrió la Fiscalía, al entender que la decisión del instructor suponía un «privilegio» frente al resto de ciudadanos, al haber acordado el archivo sin tan siquiera tomarle declaración, además de considerar que los argumentos esgrimidos eran insólitos y falaces. Y en cuanto a si las frases de esos tuits pueden o no revestir un carácter delictivo, el Ministerio Público señalaba que «es evidente» que esas expresiones pueden tener encaje en la delimitación que hace el Tribunal Supremo del delito de humillación a las víctimas, pues esos actos «generan la perplejidad e indignación en la sociedad», algo que admitía el propio instructor.

Ahora, la Sala, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas prevé dar la razón al Ministerio Fiscal y obligar a Pedraz a que reabra la causa y cite como imputado a Zapata, toda vez que no se puede acordar el archivo sin tan siquiera tomarle declaración. Es previsible que esta decisión cuente con un voto particular discrepante.

Antecedentes

Además, según las fuentes consultadas, también se hará alusión a alguna resolución de la propia Sala en la que se establecía que los tuits que revistiesen un claro tenor «vejatorio, de mofa» u «ofensa grave» a víctimas del terrorismo sí pueden constituir delito, y, por tanto, sus autores deben responder ante los tribunales. Y ello sin que sea necesario que haya denuncia previa de los afectados o que los mismos sean claramente constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo, pues «tanto esta figura como la del menosprecio a las víctimas son delitos públicos no sujetos al referido requisito», es decir, que el menosprecio a las víctimas se pueda considerar un tipo de injurias y, por tanto, sujeto al requisito de denuncia previa.

Estas consideraciones las realizó la sección segunda de la Audiencia Nacional en un auto en el que rechazaba el recurso de un menor de edad –al menos, lo era cuando fue detenido– y ordenaba que, tal como acordó el Juzgado Central de Menores, se inicie la apertura del trámite de audiencia previa –equivalente al enjuiciamiento para los mayores de edad– por la presunta comisión de un delito de humillación a las víctimas. Se da la circunstancia de que esa resolución se dictó apenas cuatro días después de que el juez Pedraz acordara el archivo de la querella contra Zapata.

En esa ocasión, el menor de edad también difundió mensajes a través de Twitter que aludían directamente a Irene Villa, al menos dos de ellos, así como a Miguel Ángel Blanco o el funcionario de prisiones José Antonio Lara.

En cuanto a si los comentarios de Zapata pueden considerarse amparados por la libertad de expresión, el fiscal sostiene que persiguiendo estas conductas no se vulnera esa libertad, pues en limitarla en esos casos es «legítimo» y «necesario», como defiende el Tribunal Supremo, por cuanto el desprecio a las víctimas afecta directamente a su honor «como víctimas y a su dignidad» .

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