Zoido cifra en 87 millones el coste del despliegue policial por el 1-O

Defiende que las cargas policiales fueron «legítimas, proporcionadas y profesionales».

La «arrogancia e irresponsabilidad» de Carles Puigdemont y su Gobierno por el 1-O ha supuesto un coste de 87 millones de euros a las arcas de los españoles. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reveló ayer que este gasto era derivado del desplazamiento de hasta 6.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que además había supuesto hasta un impacto de la desaceleración económica de 1.000 millones y el descenso de hasta un 35 por ciento en reservas hoteleras.

Este despliegue policial obedece también a las labores de escolta, vigilancia de administraciones públicas, del Tribunal de Justicia de Cataluña, de comisarías, sedes de partidos, Hacienda, etc. Defendió en todo momento la actuación policial, que dijo fue legítima, profesional y proporcionada e indicó que fue acertado alojar a parte de los efectivos policiales en los barcos «por cuestiones operativas», pues alguno de «los sucesos posteriores» así lo certificaron cuando policías y guardias tuvieron que abandonar los hoteles por sufrir diversos escraches.

Según indicó, además, el polémico alojamiento en los barcos como el del conocido como «Piolín» fue el que menos gasto conllevó . El alojamiento en otros establecimientos distintos a los barcos fue de 6,3 millones.

En la comisión de Interior del Senado, Zoido informó sobre todas las actuaciones llevadas a cabo en Cataluña como consecuencia de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre. Repasó los hechos ocurridos tanto antes del 1-O como después y defendió la denominada «operación Copérnico», que tenía como objetivo responder con «eficacia» a la «rebeldía» de los independentistas, a la «clamorosa desobediencia» a la justicia del Gobierno catalán y a impedir que los catalanes fueran «arrojados al abismo».

Asimismo, criticó la «absoluta pasividad» y «nula colaboración» de los Mossos d’ Esquadra para dar cumplimiento al mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1-O, en el que, en 149 de los 948 municipios, hubo más votantes que número de censados.

Zoido recordó que las actuaciones policiales estuvieron presididas por la necesidad de hacer cumplir el mandato de la jueza del TSJC bajo la premisa de «priorizar» la seguridad tanto de los ciudadanos como de los efectivos policiales. Asimismo, lamentó «como el que más» los heridos que pudiera haber, pero apuntó a la responsabilidad de los allí concentrados y claramente organizados para impedir el cumplimiento de la ley.