Diputados y senadores se niegan a perder su derecho a la pensión máxima

La iniciativa parecía razonable en la medida en que sus señorías discuten desde hace meses la reforma del sistema de pensiones del resto de los mortales, la revisión del cómputo de cálculo, la extensión de la edad legal de jubilación y otros asuntos vitales para futuros pensionistas. Es más, José Bono, presidente de la Cámara y el ministro de Justicia se habían manifestado públicamente a favor de revisar, también, las pensiones de sus señorías. Pues nada. Las Mesas del Congreso y del Senado tumbaron ayer la iniciativa con la que Díez pretendía acabar con el derecho de lo parlamentarios a recibir la pensión máxima por el hecho de haber sido diputado o senador siete años. Lo decidieron en una reunión conjunta en la que también acordaron enviar a la diputada de Díez un carta con las razones que les han llevado a no aceptar su propuesta.

Díez empezó su particular ofensiva cuando se supo de la intención del Gobierno de revisar el modelo de pensiones de los españoles y saltó a los medios de comunicación el particular sistema que rige para los parlamentarios, esto es el pasado abril. Cuatro meses después, no había obtenido respuesta de los presidentes del Congreso y el Senado, a quienes dirigió un escrito. El pasado septiembre hizo un nuevo intento, que tampoco dio resultado. Así que la semana pasada remitió una queja formal ante sendas Mesas que coincidió en el tiempo con el debate sobre la jubilación en el Pacto de Toledo.

Díez está convencida de que los parlamentarios tienen «derechos inalcanzables» para el resto de los trabajadores, y no sólo en materia de pensiones, también en esa especie de finiquito que sus señorías reciben por cese de actividad cuando se disuelven las Cámaras. Dicho de otro modo: cuando un parlamentario acaba su mandato tiene derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año que ha ejercido como tal, hasta un tope de dos años.

 Fuentes de los órganos de gobierno del Congreso y el Senado concluyeron ayer, según trasladaron a Efe, que el sistema de protección de los parlamentarios «es válido y adecuado», y que así se lo harán saber a la diputada por escrito en los próximos días.

El modelo de pensiones de los diputados y senadores fue aprobado, por consenso de todos los grupos, en 2006 y establece que los parlamentarios que hayan ejercido esa actividad al menos siete años y cuenten 65 en el momento de recibir la pensión tendrán derecho a la jubilación máxima. Quienes defienden el modelo, arguyen que se trata de un complemento y que apenas cien diputados y senadores de los más de 3.600 que ha habido en democracia han solicitado este complemento a su cotización. También dicen en su descargo que esta indemnización corre a cuenta del Congreso y no de la arcas Seguridad Social, como si el dinero no saliera todo de los impuestos que pagan de los ciudadanos.