Los jueces perdonan la cárcel al 40% de los maltratadores

Por un lado, las víctimas todavía no han dado un paso al frente para denunciar su situación –el 70 por ciento de las asesinadas no había puesto su situación en conocimiento de la Justicia– y aquellas que lo han hecho, han visto cómo sus agresores evitan el ingreso en prisión.

Un ejemplo de esto último es que el 40 por ciento de los condenados por violencia de género durante el año pasado evitaron la cárcel a cambio de asistir a terapia por orden de un juez. Así, 14.000 de los más de 35.000 (estimación realizada en base a los datos de los tres primeros trimestres del año) penados se han beneficiado de la medida.

No todos los maltratadores tienen derecho a esta alternativa. La decisión debe ser tomada por un juez y los afectados deberán haber sido condenados a penas inferiores a dos años y sin antecedentes por terrorismo doméstico. Es decir, aquellos que hayan cometido un delito de menoscabo psíquico o de agresión sin provocar lesiones. Estos programas tienen una duración máxima de un año y tienen como objetivo la resocialización del individuo, la modificación de la conducta frente a las mujeres y el control de las situaciones de violencia.Las terapias son de obligatorio cumplimiento y el juez puede decretar el ingreso en prisión del maltratador si no acude a ellos.

Resultados a largo plazo
La obligatoriedad de la medida hace dudar a los expertos sobre su efectividad. La mayoría de psicólogos y terapeutas coinciden en que cualquier avance, por mínimo que sea, merece la pena, aunque aseguran que para rehabilitar a una persona debe haber dos elementos indispensables: la voluntariedad y un tratamiento a largo plazo.

Consuelo Barea, médico-terapeuta y experta en violencia de género, considera que las terapias deben ser voluntarias. No se puede obligar a un maltratador a hacer algo a cambio de un beneficio». Barea alerta de la ineficacia de estos cursos porque «lo mínimo para lograr que haya un cambio radical en la forma de ver el mundo es un tratamiento de cuatro a siete años».

La clave es «conseguir que estas personas, que en su mayoría no pueden considerarse enfermos, dejen de creer que son superiores por el simple hecho de ser hombres. Es más un problema de ideología que patológico», indica la terapeuta.

Barea es muy dura con la valoración de los malos tratos: «Lo que se está haciendo en España es minimizar la gravedad del problema. Las cárceles están llenas y no saben qué hacer con los maltratadores. Por ello, transforman el delito en una falta y las penas se convierten en una reprimenda moral». Por ello, insistió, «estas terapias obligatorias no sirven de nada. Los maltratadores deben elegir hacerlas y pagar por ello».

De la misma opinión es Javier Ares, psicólogo del programa Ares, trabajo pionero de Castilla y León iniciado en 2005. Ares explica que la motivación de los condenados a realizar terapia y la de los que acuden de forma voluntaria es distinta. «Si la medida la impone un juez, se limitan a asistir para evitar la cárcel». En cambio, subraya que «se han logrado ciertos avances en esta materia. El nivel de modificación de conducta en algunos de los maltratadores es bueno porque recapacitan y cambian de actitud».

Dependencia emocional
Ares es consciente de las limitaciones de estos programas: «No son perfectos, pero la cárcel tampoco les ayuda a cambiar. Si se logra que cambien su actitud con las mujeres, solventen las pérdidas de control y consigan habilidades para controlar los brotes violentos, el curso habrá tenido éxito».

Jorge Castelló, psicólogo-terapeuta y autor del libro «Dependencia emocional: características y tratamiento», tampoco confía en estas terapias, que sólo sirven «para evitar una agresión puntual. Si no hay una motivación adecuada, no funciona».

«Lo importante es separar al maltratador de la víctima y al revés. Muchas mujeres acceden a volver con sus parejas cuando les dicen que están en terapia, lo que es muy negativo porque la única forma de romper con la situación de desigualdad y maltrato es con tratamiento y distancia», añade.

Castelló apunta que una de las claves en este sentido es que la dependencia emocional no ha sido reconocida oficialmente como una patología médica. Los centros universitarios no se lo han tomado demasiado en serio y no hay los suficientes profesionales formados en la materia, lo que provoca a veces orientaciones negativas e, incluso, contraproducentes».

La falta de resultados de estas terapias alternativas ha motivado la puesta en marcha de proyectos piloto en varios puntos de España para evaluar su verdadero impacto. Un ejemplo es el desarrollado en Andalucía por la Consejería de Igualdad de la Junta. «Esta experiencia, en la que participan 144 maltratadores, pretende lograr la reinserción y reeducación de los condenados», explicó a LA RAZÓN la consejera de Igualdad andaluza, Soledad Ruiz.

La novedad del programa, tutelado por las universidades de Sevilla y Granada, es que se ha contado con la opinión y experiencia de las víctimas. Las terapias son grupales y las dan dos terapeutas, un hombre y una mujer. Además, se les mandan deberes para hacer en casa que luego sirven para evaluar su evolución. Ruiz es consciente de que la efectividad de estos cursos es limitada pero afirma que nos servirá para hacer una evaluación sobre los tratamientos que se están realizando y cuando hagamos balance a final de año, quizás, recomendemos que las terapias se realicen durante un periodo de tiempo más largo». A pesar de que los resultados de 2009 no fueron buenos, la responsable de Igualdad andaluza indicó que, «aunque la efectividad sea sólo de un 10 por ciento, habrá merecido la pena».