España en el punto de mira de Europa por las falsas denuncias de malos tratos

Las cifras son totalmente contradictorias y se alejan mucho unas de otras, las oficiales de las que proporcionan las asociaciones y el polémico vídeo.

 El Ministerio de Igualdad, al que este periódico se dirigió con motivo de la redacción de este artículo, no quiso hacer declaraciones al respecto. Su único argumento fue la directa remisión a los datos vertidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, fuentes de este órgano de gobierno con las que también habló LA RAZÓN admitieron que «esta estadística no estaba tipificada». «Existen datos de las denuncias realizadas, de las que han sido condenatorias y de las que han sido absolutorias, pero no hay una cifra concreta sobre denuncias falsas».

A pesar de esa «ausencia» de estadísticas, el CGPJ sí cuenta con datos que permiten hacerse una idea sobre la exageración de la mencionada producción audiovisual. En el primer trimestre de este año, se produjeron 32.452 denuncias por violencia de género, lo cual proporcionaría una media de 361 denuncias diarias. Es evidente, aunque sólo sea por la más simple lógica, que no pueden ser falsas 350 de ellas.

No obstante, la ley dejó servida la polémica y se ha venido repitiendo desde hace ya algunos años. Diferentes magistrados como Francisco Serrano, presidente y juez titular del Juzgado de Familia nº7 de Sevilla y pionero en esta acusación social, han denunciado, en multitud de ocasiones, esta discriminación positiva.

Para Domingo González Alonso, portavoz de la Asociación Ambos, organización que trabaja por la igualdad de género, la realidad es cristalina. Según los datos de su último estudio, «cerca de un 80 por ciento de las denuncias por violencia de género son falsas». Sin embargo, un informe emitido por el CGPJ en noviembre de 2009 aseguraba que las denuncias falsas ocupaban un pequeño porcentaje del total de las acusaciones por violencia doméstica. En concreto, el citado estudio del CGPJ afirmaba que «sólo una de cada 530 resoluciones judiciales analizadas podía considerarse como tal y que un 84,1 por ciento de las sentencias son condenatorias».

En opinión de González, «esta ley es inconstitucional porque rompe el principio de igualdad y deja de lado la presunción de inocencia».«Es una herramienta enorme en manos de la mujer que está promocionando la desigualdad».

Por su parte, Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia Provincial de Vitoria, considera que el problema no está en la ley. «La solución no está en volver al sistema anterior, sino en dotar a los órganos de más medios que permitan analizar cada caso con más cautela. Se necesita el apoyo de expertos del ámbito social y psicológico». «A veces, las decisiones se toman con cierta premura. Se oye a uno y a otro y no se contrasta con otros expertos. Es aquí cuando se puede poner en peligro la presunción de inocencia que, por otro lado, es perfectamente compatible con las medidas cautelares», advierte Tapia.

Cásate con un español
González insiste en que muchas mujeres se aprovechan de esta ventaja legislativa. «Hay foros en internet en los que las mujeres dan consejos para hacer negocio con esta ley. Textos como "cásate con un español, que te dan una casa y te quedas con todo"están a la orden del día en la red», relata el portavoz de Ambos.

«Las asociaciones magnifican mucho los datos. Las denuncias falsas desgraciadamente existen y es bueno que los afectados lo digan, pero el número de casos no es muy elevado», afirma Tapia. «Además –prosigue el experto– de las denuncias no condenatorias, muchos casos se producen porque ellas se retractan debido al síndrome de la mujer maltratada, la dependencia emocional o económica, o motivadas por otras razones como los hijos, la familia, etc».

Sea cual sea el número de afectados, la realidad incuestionable es que hay hombres que sufren a consecuencia de esta ley que, como admite el magistrado de Vitoria «puede, por haber intentado equilibrar la situación, haber ido demasiado lejos legislativamente».

Difícil de demostrar
Otra de las preocupaciones de los afectados es que, según González, «las mujeres que mienten no son castigadas, o tienen que pagar una cantidad mínima», circunstancia que Tapia desmiente alegando, en primer lugar, que «ya se están produciendo casos de mujeres condenadas» y, en segunda lugar, que «la denuncia falsa es un delito muy difícil de demostrar».

No sólo la Asociación Ambos reclama la igualdad ante la ley. También otras organizaciones como la Asociación Nacional de Afectados del Síndrome de Alineación Parental (Anasap) llaman la atención sobre la necesidad de que la custodia sea compartida. «Una de las formas de boicot es que uno de los padres ponga en contra del otro al niño y le eduque en el odio hacia el otro progenitor», indica Francisco Fernández, portavoz de Anasap.

En España, el porcentaje de custodia paterna es muy pequeño (en torno al 4 por ciento) y la custodia compartida sólo se aplica en las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña. «Pese a que la Constitución establece el principio de igualdad ante la ley, cuando se producen los divorcios este principio se rompe», reclama Fernández. «La custodia compartida es la fórmula más justa para padres y niños y evita el síndrome de alineación parental», concluye el portavoz de Anasap.