Alemania se arma contra el yihadismo

En Alemania, «la amenaza terrorista es alta», según insistió ayer el ministro alemán del Interior, Thomas de Maiziére, antes de anunciar una batería de drásticas medidas encaminadas a reforzar la seguridad que presentará hoy mismo. Los primeros atentados suicidas reivindicados por la organización terrorista Estado Islámico (EI) que tuvieron lugar a finales de julio en Baviera han impulsado la exigencia de leyes de seguridad más estrictas e incluso han proporcionado una nueva dimensión a la crisis migratoria, ya que estos actos fueron cometidos por solicitantes de asilo.

La primera medida anunciada por el político conservador se basa en un procedimiento acelerado de expulsión inmediata a aquellos refugiados que «representen un peligro para la seguridad pública», explicó el ministro, que no quiso comentar sus planes en detalle. Igualmente, el Ejecutivo se plantea suavizar el secreto profesional médico, el que obliga a los profesionales de la medicina a guardar total confidencialidad sobre los datos clínicos de sus pacientes. El objetivo que se busca es que estos profesionales puedan «informar con tiempo a las autoridades en caso de que sus pacientes estuvieran planeando atentar contra la seguridad», aseguró, según informaciones del diario «Bild».

Este derecho, recogido en el artículo 2 de la Constitución alemana, que no se ha modificado desde su promulgación en 1949, ya ha abierto un acalorado debate que discute los límites entre la seguridad pública y el derecho a la intimidad. «Los médicos tienen la obligación de proteger la privacidad de los pacientes», reivindicó el presidente del Colegio de Médicos de Alemania, Frank Ulrich Montgomery, nada más conocer la noticia. La medida se plantea dos semanas y media después del atentado con explosivos en la puerta de un festival en Ansbach, cometido por un refugiado sirio. Al hilo de las investigaciones en torno al ataque, las autoridades requisaron un acta médica donde se estimaba que el autor era capaz de cometer un «suicidio espectacular». El Gobierno alemán también se plantea contratar a 15.000 agentes de Policía adicionales de cara a 2020, instalar cámaras en los lugares públicos y crear un centro especializado para luchar contra la criminalidad por internet y combatir el tráfico de armas en el mercado negro. A través de ellos, adquirió el arma homicida el adolescente que sumió en pánico a la ciudad de Múnich el pasado 18 de julio tras disparar a varias personas. «Vivimos tiempos difíciles, la amenaza terrorista es elevada, la Policía funciona al límite de sus capacidades», declaró De Maizière, el político mejor valorado actualmente por la opinión pública alemana.

A pesar de que la canciller Angela Merkel ha abanderado siempre una política de puertas abiertas y se reafirma en que la integración es posible, su Gobierno está ultimando un plan que endurece las condiciones para inmigrantes y refugiados. En el proyecto llamado «Declaración de Berlín», que se presentará oficialmente el 18 de agosto, se abordarán puntos como la suspensión de la doble nacionalidad, cuyos detalles están aún por determinarse, o la prohibición del velo integral en territorio alemán, uno de los temas más espinosos en un país donde residen 4,5 millones de musulmanes. El plan también incluye acabar con la financiación de mezquitas por organizaciones extremistas y expulsar a los predicadores religiosos que difundan un mensaje de odio.

Esta serie de medidas, que hace unos meses parecían impensables, están respaldadas, según el Gobierno, por una necesidad de seguridad en un país que se siente amenazado, aunque en seguida han aflorado las voces que las denuncian como auténticas barreras contra la integración. «Estas medidas no tienen cabida en nuestro Senado», aseguró Michael Müller, el alcalde de Berlín, del Partido Socialdemócrata (SPD). La integración ha sido uno de los grandes desafíos de Merkel desde el comienzo de la crisis migratoria y es un tema especialmente relevante en Alemania, hogar de 9,2 millones de extranjeros.

Mientras la cúpula del Ejecutivo trabaja para adaptar la legislación a las posibles amenazas, los equipos policiales llevan a cabo numerosas investigaciones y redadas en el país. Ayer, se registraron los apartamentos y centros de trabajo de tres personas a lo largo de varias ciudades del este del país, bajo la sospecha de que éstos habían reclutado entre enero y julio de 2015 a terroristas para unirse al Estado Islámico. Uno de ellos, además, podría haber proporcionado a la organización terrorista apoyo financiero y logístico.

En la última semana, dos refugiados fueron asimismo detenidos por las autoridades, aunque no «en base a planes concretos para atentar en territorio alemán», afirmó ayer Ralf Jäger, el ministro del Interior de Renania del Norte Westfalia, «land» donde se efectuaron los arrestos. Con ello, negaba las especulaciones sobre que el detenido tuviera el plan concreto de atentar durante la primera jornada de la Liga alemana, a finales de agosto, sino que subrayó que se había tomado esta decisión «por las conversaciones escuchadas por un testigo». La segunda detención tuvo lugar ayer en la ciudad de Dinslaken (Renania del Norte- Palatinado), motivada por el historial violento en Siria de un solicitante de asilo que residía en un centro de acogida de la localidad de Mutterstad. «Las Fuerzas de Seguridad actuarán siempre de forma consecuente, incluso si sólo disponemos de pequeños indicios», dijo Jäger. Una prueba más de que Alemania no ha olvidado su promesa de actuar con rapidez a la semana negra en la que se sucedieron cuatro violentos ataques.