Álvaro Uribe: «Las FARC apelan a la paz sin renunciar al terrorismo»

El ex presidente de Colombia y líder de la oposición afirma que «reactivar los bombardeos no es suficiente, se necesita cambiar la política»

Es uno de los mayores opositores al plan de paz orquestado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y tras el asesinato de una decena de soldados del Ejército por parte de las milicias de las FARC ha vuelto a presionar al Gobierno para dar un giro a su política de Seguridad Nacional. Álvaro Uribe (1952, Medellín) asegura a LA RAZÓN que considera positivo que los bombardeos contra las FARC se reactiven; es más defiende que nunca deberían haberse suspendido. Y es que el ex presidente y ahora senador por el partido opositor Centro Democrático considera que las negociaciones que arrancaron en 2012 y siguen su curso en La Habana no han hecho sino provocar un aumento de la violencia y legitimar los actos terrorista perpetrados por las FARC.

–¿El asesinato de 11 soldados colombianos el pasado martes a manos de las FARC supone un bache insuperable en el proceso de paz?

–Éste es un hecho cruel de máxima gravedad, pero no se trata de un ataque aislado sino que forma parte del crecimiento sistemático de la violencia terrorista que se ha dado en Colombia en los últimos cuatro años. El día antes del ataque de Cauca, otro dos soldados fueron asesinados y el fin de semana anterior otros par murió en el departamento de Antioquia.

–Sin embargo, los milicianos piden que las negociaciones continúen en Cuba a pesar del atentado...

–Las FARC, de palabra, dicen que están interesadas en llegar a la paz, pero en el proceso muestran todo lo contrario, al igual que con sus hechos. En el país nos encontramos con un panorama de acción criminal sistemática contra las Fuerzas Armadas. Una acción de extorsión generalizada contra los civiles en muchas partes del país, de explosivos selectivos contra aquellos que no paguen a los extorsionadores, así como un crecimiento del cultivo de narcotráfico y un fuerte control territorial e incluso político en muchas zonas por parte de los terroristas. Es más, en varias regiones, las FARC prohíben que el Partido Democrático tenga candidatos.

–¿Qué consecuencias tendrá la reactivación de los bombardeos contra feudos de las FARC anunciada por el presidente, Juan Manuel Santos?

–Los bombardeos nunca debieron de suspenderse. Además, hay un hecho muy grave que me gustaría comentar. Hay testigos que afirman que los soldados de Cauca, cuando se sintieron atrapados por la emboscada de los terroristas de las FARC, reclamaron la reacción aérea al Gobierno y éste se la negó. El Gobierno se lo negó. De ser así, este hecho conllevaría una responsabilidad muy grande del Gobierno porque estaríamos hablando de asesinato por omisión, por lo que el Gobierno sería responsable de este asesinato perpetrado por las FARC. El Gobierno ha venido facilitando estas acciones de las FARC al renunciar a los bombardeos con la consiguiente desmotivación de las Fuerzas Armadas.

–¿Están las Fuerzas Armadas colombianas preparadas para contrarrestar la fuerza de las milicias y llevar a cabo labores de vigilancia en los territorios más problemáticos?

–Mire, antes de suspender los bombardeos formalmente, el Gobierno los había suspendido de hecho porque desde finales del año pasado la fuerza aérea la tenían sin presupuesto, muchas naves estaban en tierra por falta de repuestos. Hay que aportar todos los recursos a esta lucha y restablecer todo aquello que se perdió en los últimos cuatro años, que es la política de seguridad. Reanudar los bombardeos no es suficiente. Aquí se necesita una política integral de seguridad que devuelva la confianza de la ciudadanía, las motivación de las Fuerzas Armadas y que no se sientan tratadas de igual a igual con los terroristas. El Gobierno ha venido legalizando estas acciones de terrorismo como si fueran actos de guerra. Aquí no hay una guerra sino un desafío narcoterrorista a la democracia colombiana

–¿Cuál es su propuesta en este momento?

–Desde el Centro Demócrático pedimos que hagan una pausa para reorganizar el proceso de paz. Desde que empezaron las negociaciones, nosotros hemos dicho que las FARC deben concentrarse en un sitio bajo vigilancia de Naciones Unidas para garantizar un sello bilateral de actividades criminales. Si están concentrados en un lugar y hay delitos fuera de éste, se concluirá que no son atribuibles a FARC. Si lo que van a hacer es seguir con el incremento de violencia, el Gobierno deberá suspender el proceso.

–¿Se ha convertido el presidente Santos en rehén de las FARC? ¿Conseguirá dejar como legado un país en paz?

–No sabría decir si es rehén de las FARC. Lo que sí sé es que cuando Santos fue elegido hace cinco años como presidente por primera vez, se le eligió con el compromiso de llevar a cabo una política de seguridad y una política social. El país le creyó. Si hubiera cumplido con su palabra, hoy Colombia viviría en paz. Seguramente los terroristas estarían en La Habana o en Venezuela, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia ni la capacidad política que se les ha dado. Colombia ahora es más insegura y los hechos así lo demuestran.

–En el caso de que Santos consiga un acuerdo de paz, ¿qué consecuencias tendría si se respeta el marco que defiende el presidente?

–Los acuerdos con las FARC son peligrosos para la empresa privada, al igual que lo es el nivel de tributación que ha impuesto Santos en Colombia. Está frenando la inversión y esto puede llevar a que el país tenga serias dificultades para financiar las políticas sociales. Con más violencia, menos inversión y más dificultades para financiar las políticas sociales podemos llegar a un desencanto popular que conduzca hacia un lugar de incertidumbre.

–Santos ha propuesto ahora establecer un calendario de negociaciones, lo que contradice su anterior estrategia de «negociaciones sin fecha». ¿Está de acuerdo con esta nueva propuesta?

–Yo defiendo un cese inmediato de actividades criminales verificable con concentración de las FARC. Eso sí, prefiero un proceso prolongado en el tiempo desde que haya cese inmediato verificable con concentración. Acelerar un calendario para dar impunidad a las FARC no vale la pena. Acelerar un calendario para afectar a nuestra democracia política sería muy negativo para el país.