Brasil, la parálisis de un gigante

El escándalo de Petrobras, desvelado en 2014, fue el primer síntoma de un país gobernado por una élite política corrupta. Con una economía en plena recesión, la oposición exigió el «impeachment» de Rousseff o bloqueará todas sus leyes.

Como ya anticipó la víspera tras prestar declaración a la Policía, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva va a utilizar la calle para blindar su legado y, eventualmente, lanzarse a una nueva carrera electoral en 2018. «La mejor defensa es el ataque», parece ser su estrategia, después de que en apenas 24 horas desde su interrogatorio policial haya realizado tres apariciones públicas con militantes. Ayer la propia presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, se desplazó hasta la casa de su antecesor y se dejó ver en el balcón de la vivienda con el ex sindicalista y su esposa.

Un gesto inequívoco de solidaridad que, sin embargo, no supone que Rousseff dé un respaldo incondicional a Lula. De hecho, en su alocución del viernes expresó su «más absoluto inconformismo» con la forma como fue practicada la intervención policial, pero se trata de una referencia al procedimiento, y no al contenido de las sospechas que motivaron la acción contra Lula, sus hijos y su entorno. La Policía sospecha que habrían recibido 30 millones de reales –en torno a 7.5 millones de euros– en dinero ilícito procedente de constructoras investigadas por su papel en la trama para desfalcar a Petrobras. Y no todo fueron muestras de apoyo de la marea roja montada a las puertas de su casa e integrada por cientos de manifestantes vestidos de rojo. La sede del Instituto Lula, creado por el ex presidente y en el centro de las investigaciones, amaneció ayer con grafitis en la puerta en los que se leía «Lula ladrón, basta de corrupción, la hora llegó, corrupto».

La actuación de la Justicia está en el centro de todo el debate. El hecho de que el juez pidiera que la Policía fuera el viernes al domicilio de Lula para llevarlo a declarar de forma «coercitiva» es objeto de polémica en Brasil, pues el propio ex presidente alega que bastaba con notificárselo, y no montar lo que, a su juicio, fue un «espectáculo mediático» con tintes políticos. El juez Sergio Moro, quien dirige la operación contra la corrupción en Petrobras, se defendió ayer diciendo que sólo busca el «esclarecimiento de la verdad» y no pretende la «anticipación de culpa del ex presidente». De hecho, en su auto para llevar a declarar al ex jefe de Estado pidió específicamente que no se permitieran grabaciones y que se salvaguardara tanto como fuera posible la imagen de Lula.

La estrategia del ex mandatario de convertir la actuación de la fiscalía en un acto político con vistas a arruinar su futuro político amenaza con polarizar aún más un país que eligió presidente a finales de 2014 con un estrecho margen de apenas tres millones y medio de votos. La capacidad de movilización de Lula –cuya popularidad era del 80 por ciento tras terminar su segundo mandato, pero ahora está en horas bajas– es toda una incógnita, aunque ya hay varios llamamientos por medio de las redes sociales para que los militantes salgan a las calles en las próximas semanas.

Una fecha clave es el próximo domingo, cuando la oposición tiene previsto celebrar una nueva manifestación –la quinta desde enero de 2015– para pedir un juicio político en el Legislativo que deponga a Dilma Rousseff. Está por ver si el Partido de los Trabajadores (PT) decide también sacar a las calles a sus votantes, lo que amenazaría con generar enfrenta-mientos como los que se produjeron el viernes entre detractores y partidarios de Lula.

Lo que parece seguro es que el letargo en el que Brasil vive desde la reelección de Rousseff empeorará en las próximas semanas o incluso meses. Sin apoyos en el Congreso para aprobar reformas que saquen al país de su peor recesión desde 1930, como la acuciante reforma del sistema de pensiones, el Gobierno está ahora más fraccionado y solo que nunca. La oposición anunció ayer que su objetivo a partir de ahora será bloquear el Congreso para tratar de hacer caer al Gobierno o forzar nuevas elecciones. «Los líderes del Congreso van a interrumpir las votaciones a partir del lunes hasta que se instale una comisión de impeachment», anunció el senador Aécio Neves, líder del partido de centroderecha PSDB y perdedor de las elecciones de 2014 en la segunda ronda frente Rousseff.

La economía, entretanto, sigue sufriendo los efectos de un acelerado deterioro de los indicadores. Si esta semana se confirmó que el año pasado Brasil tuvo su mayor recesión desde 1990, con una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,8%, las perspectivas son que este año la economía caiga un 3,5%, afectando directamente al empleo y a la renta per cápita. El sector industrial, con el área automotriz a la cabeza (la venta y la producción han caído a niveles de casi una década atrás), es el mejor ejemplo de una crisis que no hallará solución únicamente con cambiar de gobernantes.

«La substitución del Gobierno no puede generar una oleada de optimismo, aunque haya alguna oportunidad», explica Aloisio Campelo Junior, economista de la Fundación Getulio Vargas (FGV), uno de los centros de estudio más importantes de Brasil. «La cuestión fiscal [el déficit entre gastos e ingresos] es muy delicada y quien asuma también necesitará tener ese foco», advierte.