Derechos Humanos, la asignatura pendiente del gigante asiático

Los campos de trabajo y el tráfico de órganos combaten la libertad de culto en China

Las atrocidades que se cometieron en los campos de concentración nazis sólo deberían quedar en los libros de historia; y únicamente para recordar al mundo lo que una vez el ser humano fue capaz de hacer y que, bajo ningún motivo, tendría que volver a repetirse. Siglo XXI, el escenario se traslada de Europa a China. Diferentes medios y fines, pero el mismo horror. "La oficina 610 en China es el símil de la Gestapo en la Alemania nazi". "El ex presidente Jiang Zemin fue el encargado de crear esta oficina. Bajo su mandato, miles de personas murieron en campos de trabajo sólo por sus creencias religiosas", cuenta a LA RAZÓN Fenghua Zhao, quien nació y se crió en la provincia china de Liaoning. De niña, su pasatiempo preferido era escuchar las historias de su padre, un militar retirado apasionado por la literatura.

Zhao estudió, se independizó y se casó. En 1999, padre e hija decidieron iniciarse en el método Falun Gong, una disciplina espiritual que, según afirman quienes la practican, proporciona respuestas a las preguntas más vitales. Su filosofía está basada en tres principios, “verdad, benevolencia y respeto”, y una de sus manifestaciones públicas más famosas es la reunión de grandes grupos en parques o zonas verdes para la práctica colectiva de ejercicios de respiración y meditación. Una creencia que, según asegura Zhao es “tan antigua como la sociedad china”.

El Gobierno chino pasó de apoyar la práctica de Falun Gong por sus beneficios físicos, que reducían la factura de la seguridad social del país, a ser su mayor detractor cuando se convirtió en la organización más grande a nivel nacional, superando en número al Partido Comunista Chino. A partir del 22 de julio de 1999 el PCCh declaró ilegal la práctica de Falun Gong, acusándoles de ser una secta y de manipular a sus creyentes. “Ese día llegué a casa y vimos el anuncio por la televisión. Quería ir a Pekín y manifestarme contra el Gobierno. Creía que teníamos el derecho de protestar, que podíamos hacerlo libremente, pero al llegar al aeropuerto me preguntaron si era prácticamente de Falun Gong, respondí que sí y me llevaron a un campo de trabajo”, recuerda Zhao. “Un par de días después mis padres vinieron a verme. La Policía les dijo que si firmaba una renuncia a Falun Gong, podría irme a casa. Mi madre lloraba pidiéndome que firmara, pero no lo hice. Tenía que ser fiel a mis principios, no había hecho nada malo”. Los internados en el campo de trabajo eran divididos entre hombres y mujeres, entre practicantes de Falun Gong y los detenidos por delitos menores. Zhao vivía en un metro cuadrado, con grilletes en las manos y los pies. Dormía, comía y trabajaba hacinada junto con otras 30 mujeres en una habitación. Nadie hablaba; sólo tenían en común la labor diaria de fabricación de flores artificiales y su creencia en Falun Gong. “Nos obligaban a ver vídeos donde decían barbaridades de Falun Gong, como que asesinaban a sus practicantes y a sus hijos. Querían reeducarnos”. Zhao pasó 22 días así, hasta que la dejaron en libertad.

Zhao siguió practicando Falun Gong y el 23 de febrero de 2003 fue arrestada junto con otros dos practicantes. “Nos llevaron a la cárcel, me negué a trabajar y comer, me alimentaban a la fuerza por medio de una sonda”. Recuerda que la nariz le sangraba por la dureza con que la alimentaban. “Fueron los peores cuatro meses de mi vida”, rememora Zhao. “Querían que firmara un documento donde me condenaban a tres años en un campo de trabajo, pero no quise firmar y ellos firmaron por mí, quedándose con el original y la copia. Nunca vi a mis padres, ni tenía derecho a ver a un abogado durante este tiempo. Mi estado de salud empeoró, estaba a punto de morir y no querían hacerse cargo de mí, por lo que me dejaron en libertad”. “Mi padre murió a los pocos meses”. Zhao se divorció y abandonó China. "Sabía que lo había perdido todo, mi marido no pudo con la presión y yo tenía que continuar. Hoy nada me haría más feliz que saber que los responsables se sienten en el banquillo de los acusados de un Tribunal Internacional".

La Asamblea Popular china anunció en diciembre de 2013 la abolición de los campos de reeducación en los que alrededor de 350.000 personas fueron detenidas sin juicio y ubicados en hasta 300 centros repartidos a lo largo y ancho del país. Este sistema, que originalmente permitía la detención sin límite de tiempo, lo estableció Mao Zedong en 1957 con el objetivo de “reeducar a los intelectuales de la derecha”. A partir de los años 80, las sentencias fueron reducidas a un periodo máximo de cuatro años. No obstante, según las organizaciones de derechos humanos, este anuncio no quiere decir que los gulags hayan sido suprimidos, ya que los centros trabajaban al margen del sistema judicial. Se trata, en definitiva, de gulags rebautizados como cárceles y donde siguen recluidas miles de personas. Zhao denuncia que “a día de hoy y en pleno 2015, el Gobierno chino sigue deteniendo a cientos de personas practicantes de Falun Gong” y que en el país sigue habiendo un “gran déficit de derechos humanos y de libertad de expresión”.

Un informe publicado por los Defensores de los Derechos Humanos en China (CHRD), con sede en Hong Kong, detalla punto a punto la maquinaria del “aparato represivo del Partido Comunista Chino” y describe el año 2014 como “el peor año en derechos humanos desde 1990”. En el informe se destacan los “abusos de poder en búsqueda del silencio, a base de intimidar y castigar a quienes se desmarcan”. En China a día de hoy se encuentran encarcelados once abogados que defienden a miembros de Falun Gong y que denunciaron los abusos del Gobierno, junto con 44 periodistas críticos con el partido oficial. El informe documenta un gran número de casos en los que el Gobierno chino queda retratado como una institución que hace de la manipulación de la justicia una estrategia para alcanzar sus fines políticos. “No hay observadores internacionales permanentes en el país”, declara Zhao. Tuvieron que pasar 12 años antes de que China permitiera al observador para Asia de Naciones Unidas visitar el país. Sin embargo, no encontró ninguna prueba de que los campos de reeducación siguieran funcionando, aunque varias organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que el país se prepara y organiza “visitas guiadas planeadas” para los observadores internacionales.

A partir del año 2014, algunos de los presos de estos campos de reeducación fueron puestos en libertad. No obstante, para alrededor del 60% de los encarcelados nada ha cambiado, excepto que ahora los campamentos se llaman “campos de rehabilitación”. Cientos de personas están condenados de manera extrajudicial y siguen siendo sometidos a trabajos forzados. La población de estos campos incluye a pequeños delincuentes, miembros religiosos de Falun Gong y usuarios de internet que han publicado comentarios críticos con el Gobierno.

La sombra del robo de órganos

En China se realizan hasta 11.000 trasplantes al año, de cualquier tipo, lo que le convierte en el segundo país del mundo, sólo superado por Estados Unidos. El país asiático sigue siendo el único lugar en el mundo donde se puede obtener un corazón en un tiempo récord, entre una semana y un mes de espera. China siempre ha sostenido que obtenía los órganos de presos ejecutados. Según el viceministro de salud chino, Huang Jief, alrededor de 7.000 órganos provienen de personas fallecidas, de las cuales un 90% son prisioneros ejecutados y, aunque el número de ejecuciones penales está clasificado como secreto de Estado, Amnistía Internacional calcula que en realidad son sólo 1.700 los prisioneros ejecutados. En su resolución del 12 de diciembre de 2013 sobre la extracción forzada de órganos en China, el Parlamento Europeo mostró su preocupación por la falta de un sistema público eficaz de donaciones o distribución en el país, considerando que China “no cumple con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a transparencia”. El PE pone en entredicho el número de trasplantes considerando “las tasas extremadamente bajas de donación de órganos” que existen en el país. Un desajuste entre donaciones y trasplantes que la organización Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos (DAFOH, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, Estados Unidos, considera injustificable. Su representante legal, Carlos Iglesias, atiende a este periódico y explica que “China es uno de los mayores violadores de derechos humanos. El PCCh a lo largo de su historia ha asesinado a 80.000 personas”. Sin embargo, desde hace “16 años, en el país se persigue a cerca de 70.000 y 100.000 personas practicantes de Falun Gong. La historia del PCCh está marcada por la represión y continúa produciéndose de una manera más extrema ahora”. “Podríamos estar hablando del mayor genocidio en la historia de la humanidad; están persiguiendo hasta la muerte a 100.000 millones de sus propios ciudadanos solo por sus creencias espirituales”. (fin)