El chavismo nombra a dos fiscales especiales para perseguir a la oposición

Para la oposición, la elección de la Constituyente es ilegítima y fue un intento del Gobierno para hacerse del poder legislativo después de que la Mesa de la Unidad Democrática le diera un revés el 7 de diciembre de 2015 con el triunfo de una mayoría opositora en el Parlamento.

La Asamblea Nacional Constituyente de Maduro cumplió su primer mes de funcionamiento entre polémicas decisiones políticas, desconocimiento por parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana y sin el cumplimiento de la razón para la que fue concebida: la redacción de una nueva Constitución.

Una vez instalada, el 100% de las acciones de la Constituyente han estado dirigidas a acciones políticas en contra de la oposición. Una de sus primeras tareas fue la remoción de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, luego de denunciara la ruptura del orden constitucional en el país y se decidiera a exponer los casos de corrupción en los que estaría inmerso el Gobierno y parte de sus voceros más importantes. En su lugar, designaron a Tarek William Saab quien intensificó las acciones contra opositores, especialmente contra aquellos que promovieron las manifestaciones que se desarrollaron en Venezuela desde abril hasta julio de este año.

En los últimos días las decisiones políticas de la ANC ya cuentan con el apoyo judicial. Aprobaron la discusión de una Ley contra el Odio que busca sancionar a quienes emiten mensajes “de odio, segregación, racismo, clasismo” en redes sociales; pidieron al Tribunal Supremo de Justicia que haga las investigaciones pertinentes para enjuiciar a los opositores que, a su parecer, promovieron las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y a través de la Comisión de la Verdad aspiran dar cárcel a los opositores.

Ya el Ministerio Público designó a dos fiscales que investigarán a los “traidores de la patria”, según afirmó el encargado de ese despacho, Tarek William Saab. Al tiempo que el Supremo ordenó la detención para un juez y dos abogados por delitos de extorsión, estos dos últimos presuntamente vinculados a una red que operaba en la Fiscalía y que presuntamente manejaba Germán Ferrer, marido de la fiscal Luisa Ortega Díaz.

Para la oposición la elección de la Constituyente es ilegítima y fue un intento del Gobierno para hacerse del poder legislativo después de que la Mesa de la Unidad Democrática le diera un revés el 7 de diciembre de 2015 con el triunfo de una mayoría opositora en el Parlamento. Maduro confirmó en días pasados que había sido así. “Me tocó asumir la derrota electoral circunstancial y el 9 de diciembre de recibí en el Palacio de Miraflores a gente indignada por el revés y desde entonces pensé en la Asamblea Constituyente, pero esperaba el momento adecuado. El anuncio lo iba hacer el 19 de abril por la fecha histórica (día de la Independencia), porque ya estaba convencido de que la oposición buscaba una guerra civil, pero el primero de mayo se dieron las condiciones”, afirmó el Jefe de Estado.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, afirmó que esta semana comenzaría la redacción del nuevo texto constitucional. No obstante, los esfuerzos de los constituyentes están dirigidos a resolver la Ley contra el Odio. Otros de los temas que ha desestimado la instancia ha sido el económico, presuntamente prioridad a propósito de la crisis que atraviesa Venezuela desde hace ya varios años.