El chavismo expulsa a la oposición del Parlamento

Los miembros de la Constituyente celebran su tercera sesión en la sala Protocolar después de que las Fuerzas de Seguridad impidieran la entrada a los diputados de la Asamblea democrática

Los 545 «constituyentistas», los chavistas electos el 30 de julio para integrar la polémica Asamblea Constituyente, se instalaron ayer en el Hemiciclo Protocolar para dar inicio a la tercera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a pesar de que este espacio está reservado para los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría chavista. Es más, a primera hora de la mañana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) custodió del Palacio Federal Legislativo e impidió la entrada de los diputados opositores a la Cámara, después de que los oficialistas constituyentes entraran por la fuerza para tomar el control de la sede, hasta ahora controlada por el antichavismo. Los «constituyentistas» liderados por la presidenta de esta Asamblea, Delcy Rodríguez, asaltaron literalmente el hemiciclo, pese a que el día anterior Maduro había asegurado que la Constituyente se instalaría en otro edificio para evitar enfrentamientos.

«No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este Gobierno invade los espacios que ya no son capaces de ganar legítimamente», denunció el diputado Stalin González, jefe de la mayoritaria facción opositora, que representa dos terceras partes de los escaños de la Asamblea Nacional.

En el orden del día, los chavistas tenían previsto debatir las normas de funcionamiento del cuerpo integrado por más de 500 asambleístas y con poderes suficientes para refundar el Estado y redactar una nueva Constitución, sin que ningún otro poder público pueda oponerse. Además, sería discutido un Proyecto de Acuerdo «en respaldo y solidaridad» al presidente Maduro, «ante los ataques y agresiones a su alta investidura organizados desde el extranjero y particularmente desde el Gobierno de los Estados Unidos», informó el órgano al inicio del debate. La Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad y Paz, prometida por Maduro, era otra de sus prioridades. El chavismo sigue haciendo uso por tanto de toda su maquinaria, ha conseguido poner a la disidencia entre la espada y la pared, en la encrucijada. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció ayer la lista de partidos políticos que podrán inscribirse en las elecciones a gobernadores regionales previstas para diciembre y adelantó que no permitirá presentarse a la coalición opositora en siete de los 23 estados del país. La mayoría de estos estados son bastiones de la disidencia. «En el caso de la organización con fines políticos MUD, ésta deberá abstenerse de inscribir candidaturas en Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, en cumplimiento de decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen produciendo desde el año pasado», explicó el CNE.

La MUD es la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que agrupa a los principales partidos opositores y tiene mayoría absoluta en el Parlamento nacional. La inscripción para los comicios en que se elegirá a los gobernadores y a las asambleas legislativas de los estados podrá hacerse en dos días: ayer y hoy. Pese a la inminencia de las inscripciones, los partidos de la MUD –a algunos de los cuales sí se permite por separado presentarse en todos los estados– no han ofrecido hasta ahora una posición unitaria sobre si acudirán o no a estas elecciones que debieron haberse celebrado en 2016 y han sido aplazadas en dos ocasiones.

El pronunciamiento más claro hasta el momento ha sido el del líder de Acción Democrática (AD), el diputado y ex presidente del Parlamento Henry Ramos Allup, que ha anunciado públicamente que su formación sí irá a las elecciones regionales. En el otro extremo se sitúa la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien ha descartado inscribirse al igual que la Alianza Bravo Pueblo (ABP) del alcalde preso de Caracas Antonio Ledezma. Ambos partidos no están incluidos en la lista de formaciones aprobadas por el CNE para las elecciones de diciembre.

En paralelo Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, un bastión opositor en Caracas, fue condenado a 15 meses de cárcel por el Tribunal Supremo. El fallo, además, contempla la «falta absoluta» y la «inhabilitación política» del funcionario. Muchacho integra un grupo de alcaldes opositores en Venezuela a los que la Sala Constitucional del máximo tribunal había amenazado con cárcel si no impedían bloqueos de vías durante las protestas que afronta desde hace cuatro meses el presidente Nicolás Maduro.