Hacia la dictadura constitucional

Tras la elección para una nueva Asamblea, el Gobierno de Venezuela anulará el Parlamento dominado por la oposición y redactará una nueva Carta Magna a su medida para reforzar a Maduro.

Hoy es el flamante día con el que Nicolás Maduro pretende lograr el sueño de su antecesor Hugo Chávez: que el Socialismo del siglo XXI impere en Venezuela. Aunque también hay otros motivos ocultos. Aún no se conoce bien cuál será el alcance de esta reforma constitucional y, por tanto, aún son más las preguntas que certezas sobre esta convocatoria. El presidente se sirve de artículos en la actual Constitución de 1999, establecida a su vez a través de una constituyente uninominal en la que la bancada chavista votó en bloque. Esta Asamblea tendría el poder de reorganizar el Estado y podría llevar a la redacción de una nueva constitución nacional.

Superpoderes

El constitucionalista venezolano Leonel Alfonso Ferrer aclara a LA RAZÓN que una vez elegida, la Asamblea asumirá poderes supraconstitucionales: estará por encima del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, y podrá modificar la Constitución vigente desde 1999. Por eso es importante quién tiene la mayoría. Ferrer explicó que «si la tiene el Gobierno se hará una Constitución a su medida, y si la obtiene la oposición no le va a quedar más remedio que acatar lo que se determine».

Socialismo cubano

Este paso sería un salto hacia el modelo del socialismo cubano. «Era el deseo del comandante», ha asegurado el presidente Maduro en cadena nacional varias ocasiones. Según él, su objetivo es «perfeccionar» el plan de su antecesor. «Van a querer materializar un golpe de Estado con una constituyente comunal para dar un salto tipo Cuba», objeta el analista Ferrer.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluye en el artículo 348 en el Capítulo III puntos que establecen que «la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros». El poder legislativo, la Asamblea Nacional, también habría podido convocar a la Constituyente, pero en este momento no tiene dos tercios de mayoría para hacerlo. Una Asamblea Constituyente tiene como objeto «transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». Además, el presidente «no podrá objetar la nueva Constitución» y los «poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente», recoge la actual carta magna. Maduro apela al artículo 347, que dice que «el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario».

Constituyente «obrera»

El mandatario aclara que la nueva Asamblea será «no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente de indígenas, pero sobre todo hermanos. Una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal».

A la medida del presidente

A partir de ahora, la Asamblea Nacional –dominada por la oposición– será disuelta, y el presidente podrá hacer lo que le venga en gana, manejando en la sombra a ese nuevo Parlamento que surja de la Constituyente. Podrá detener diputados, endeudarse ilimitadamente, un mundo a su medida. Son poderes ilimitados, por eso creó esta figura Chávez, aunque nunca se atrevió a pulsar el botón rojo», afirma a este diario Jenny Acosta, analista de la Universidad Andrés Bello.

Sistema autoritario

La oposición ha advertido de que no puede ser una asamblea constituyente comunal y dice que el Gobierno le está quitando al pueblo el derecho a votar, que según ellos es la vía adecuada para una solución a la crisis y constituye un verdadero diálogo nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, afirma que este es el golpe de Estado más grave en la historia Venezolana. «Es un paso más hacia la dictadura constitucional. Un proceso que ni tan siquiera el PRI en México o el peronismo en Argentina, se habían atrevido a transitar. Sólo el sandinismo en Nicaragua le sigue los pasos hacia esa dictadura perfecta».

Desde que el 30 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitiera una sentencia para asumir las competencias de la Asamblea Nacional, el país se ha sumido en una profunda crisis institucional agravada por los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. Tres días después, el Alto Tribunal dio marcha atrás, pero el descontento de los venezolanos no se detuvo y han seguido saliendo de manera masiva a las calles.

La violencia durante las manifestaciones y la respuesta de las fuerzas del Estado han dejado 113 muertos en este periodo. Los partidos opositores piden cuatro cosas: que se inhabilite a los jueces de la Corte Suprema, que se celebren elecciones libres tan pronto como sean posibles, la liberación de los políticos presos, y ayuda humanitaria para comida y medicinas en Venezuela.

En 72 horas

Según su decreto de convocatoria, la Constituyente «se instalará en las 72 horas siguientes a la proclamación de los constituyentes y las constituyentes electas y tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo». Los constituyentes necesitaron poco más de tres meses para redactar el nuevo texto constitucional, que luego fue sometido a un referendo ratificatorio el 19 de diciembre de ese año. Está por ver cuál será el papel de la oposición. Habrá países de la región que sigan buscando una salida negociada a la crisis, pero la MUD, la plataforma antichavista, ya no quiere sentarse a negociar el con Gobierno porque considera que en anteriores intentos fueron engañados por el presidente Maduro.