Voto histórico en Europa para castigar a Hungría

La Eurocámara recomienda aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa a Budapest por vulnerar los valores democráticos. En caso de salir adelante, el Gobierno húngaro perderá su poder de voto en el Consejo. Los países de Visegrado se oponen.

Algo empieza a cambiar en el seno de la Unión Europea respecto a la ultraderecha alimentada a la sombra del nacionalismo y la xenofobia. Al menos algo se movió ayer en Estrasburgo, cuando, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, en una votación histórica, una mayoría de eurodiputados apoyó iniciar el trámite para sancionar a Hungría por poner en riesgo el Estado de derecho. Por 448 votos a favor y 197 en contra, la Eurocámara insta a las autoridades de la UE a actuar contra el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán por considerar que se encuentran en riesgo los valores fundamentales de la UE, haciendo hincapié en «la independencia judicial, la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de migrantes y refugiados».

Se trata de aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa, el llamado «botón nuclear», por primera vez contra un socio por no cumplir los principios básicos sobre los que descansa la Unión Europea y que se ha comprometido a respetar en el momento de que firma el acuerdo de adhesión. De salir adelante, se puede castigar al miembro sancionado, entre otras cosas, con la privación del derecho de voto en el Consejo, es decir, no tendría nada que opinar o decidir en asuntos que afectan directamente al país, sería tutelado, de alguna manera, por sus socios. Toda una humillación para un primer ministro húngaro que ha hecho del desafío a las autoridades comunitarias casi su razón de ser ante sus electores, que le dieron un respaldo del 52% en las pasadas elecciones.

Es prácticamente imposible que salga adelante la propuesta, porque ésta pasa ahora a los respectivos Estados y debe pasar dos filtros. El primero en el Consejo de Ministros, que debe constatar, por mayoría de cuatro quintos, que efectivamente existe en Hungría alto riesgo de violación de los derechos fundamentales. Por tanto, si el país centroeuropeo consiguiese el apoyo de cuatro socios (Budapest no puede votar), podría parar en seco el proceso a las primeras de cambio. Tal y como están las cosas por Bruselas, no parece complicado. Polonia, República Checa, Malta, Italia... pueden estar viéndose ya en el papel de Orban, y podrían echarle una mano. Una vez superado este trámite, pasaría al Consejo de la UE, donde se requiere unanimidad para completar el castigo.

Lo cierto es que el Informe Sargentini ya ha llegado muy lejos. Nadie apostaba hace meses que la investigación de la eurodiputada holandesa lo hiciera. Hasta ahora, Orban había vivido, actuado y atacado a la UE desde el seno del Partido Popular Europeo (PPE). Ahí se sentía seguro, consciente también de que Bruselas siempre ha sido renuente a admitir sus grietas hasta que la situación es casi insostenible. Pero el primer ministro húngaro ha forzado la situación en los últimos meses negándose en redondo a poner freno a la corrupción, al cierre de fronteras y el trato inhumano dado a los refugiados, al castigo a minorías como la gitana, a la persecución de periodistas y medios de comunicación o al control del Poder Judicial.

Pero su intervención en la Eurocámara del pasado martes, la arrogancia con la que despreció las acusaciones, sus insultos al resto de partidos fue la gota que colmó el vaso. El PPE, que se negaba a respaldar la invocación del artículo 7, se quedó sin argumentos en medio de malestar creciente de sus parlamentarios. De hecho, su jefe parlamentario, Manfred Weber –candidato a presidir la Comisión–, ya reconoció que los populares europeos no se sentían identificados en modo alguno con el proceder del Gobierno magiar y que él apoyaría personalmente el «botón nuclear». Después el grupo se reunió para tratar de pactar la abstención antes de votar, pero fue imposible y se dio libertad de voto ante la desbandada general. Finalmente la mayoría del Partido Popular Europeo se abstuvo. Tal fue el caso de todos los diputados populares españoles menos tres: Pilar Ayuso, Carlos Iturgaiz y Gabriel Mato votaron en contra de la propuesta, es decir, a favor de no penalizar al líder húngaro. Lo argumentaron defendiendo que no pueden en ningún caso aceptar que «la Eurocámara pueda convertirse en un tribunal para países».

Orban, de la noche a la mañana se ha convertido en un estorbo para el resto de partidos, que no quieren identificarse con él a pocos meses para las elecciones europeas. Están en juego muchos escaños y el equilibrio de fuerzas en la futura Eurocámara y nadie parece dispuesto a jugársela por un socio tan irreverente. Por eso es más sorprendente la abstención del PP español, que ha preferido mantener las distancias y no enfangarse en un proceso que, considera, es más una cuestión que discutir en el Consejo.

El procedimiento, por tanto, inicia ahora su curso. Habrá nuevas negociaciones entre Budapest y Bruselas, nuevas reconvenciones para evitar el choque frontal, aunque Orban ya advirtió de que su país «mantendrá las vallas» y su identidad. Pero sin duda es el primer aviso a navegantes que siguen la estela húngara. La Comisión ya lo intentó con Polonia, pero no pudo ir más allá por falta de apoyo. Ahora puede pasar más de lo mismo, pero parece el primer síntoma de que Bruselas, consciente de que se juega su futuro, parece haber perdido la paciencia. En el debate, Weber citó por ejemplo a Malta y Rumanía.