La trama corrupta salió a la luz gracias a la «delación premiada»

Cuando en abril de 2014 los investigadores de la Policía Federal comenzaron sus operaciones para esclarecer el papel de varios operadores de cambio de divisas, jamás imaginaron que sus incipientes pesquisas en la operación judicial «Lava Jato» les llevarían hasta los más altos estamentos del poder en Brasil. De hecho, lo que ha permitido que estén ahora investigados el ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, el presidente del Senado, el del Congreso, diputados y varios ministros son las llamadas «delaciones premiadas», una figura jurídica introducida en 2013 en la ley para combatir el crimen organizado.

Esta ley permite que un investigado sobre el que pesan pruebas de culpabilidad pueda acordar con el Ministerio Público y con la Policía una reducción de la pena a cambio de contar cuanto sabe y aportar pruebas.

El uso extensivo de la «delación premiada» en la «operación Lava Jato» sobre la corrupción en Petrobras ha sido sin duda el elemento clave para abrir la caja de Pandora. Sin los detalles aportados por hombres como los ex directores de Petrobras Néstor Cerveró y Paulo Alberto Costa –en el centro de la recepción de comisiones a cambio de contratos a dedo, pero también conocedores de toda la trama– probablemente los tentáculos de la investigación habrían quedado circunscritos a círculos políticos de menor escalafón.

El «destape» al que está siendo sometido el sistema de corrupción con reverberaciones políticas está lejos de terminar, en particular después de que hace unas semanas ejecutivos de la empresa constructora Andrade Gutierrez –la segunda del país– concluyeran un acuerdo con la Fiscalía para abandonar la prisión preventiva a cambio de revelar informaciones sobre donaciones electorales en la campaña de 2014 que reeligió a Dilma Rousseff.

Otro elemento no menos importante en el avance fulgurante de las indagaciones es el papel de los principales conglomerados mediáticos del país, en especial el compuesto por la televisión y el diario propiedad del Grupo Globo. No han ahorrado en recursos –desde enviados especiales a Suiza para conseguir informaciones bancarias a helicópteros para sobrevolar fincas de supuesta propiedad de los Lula– en su búsqueda por exponer los vínculos corruptos de los políticos. Una presión mediática que si bien ha sido elogiada por muchos como fundamental para blindar la independencia de la Fiscalía y la Policía de eventuales interferencias, no está exenta de críticas por tener como supuesto objetivo acabar con los 13 años de hegemonía política del Partido de los Trabajadores en Brasil.