Las pruebas de la oposición contra Podemos: 14 millones por asesorar a Chávez

Líderes opositores trajeron al Congreso 270 documentos que atestiguan la relación entre el régimen venezolano y Podemos. Más de 14 millones habrían recibido los podemitas, según denuncian los opositores, por sus trabajos de asesoría a través de CEPS

La oposición al régimen chavista, desde su victoria en las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela en diciembre pasado, ha utilizado su mayoría en la Asamblea Nacional para intentar desestabilizar al presidente Nicolás Maduro y uno de los temas en los que han centrado sus esfuerzos ha sido la utilización de fondos públicos para exportar el chavismo a España a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), embrión político de Podemos. Pero antes de que la Mesa para la Unidad Democrática (MUD) lograra sus actuales 112 escaños en la Asamblea Nacional, los partidos que componen la coalición hicieron la guerra por su cuenta. Entre ellos destaca Justicia Primero y, concretamente, el diputado Julio Montoya, que viajó a Madrid con 240 documentos que ofrecían una detallada radiografía de la relación entre la cúpula del chavismo y los cerebros de la Fundación CEPS.

Tras la denuncia presentada por el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) a la Fiscalía General de la República, la de Justicia Primero fue la segunda querella que se puso en marcha en Venezuela sobre la relación entre el embrión político de Podemos y el régimen bolivariano de Venezuela. Montoya aterrizó en Madrid para lograr lo que no fue posible hacer en Caracas: una investigación seria e independiente sobre el desvío de fondos venezolanos para lanzar en nuestro país Podemos, que actuaría en España como una franquicia del chavismo, una maniobra que el régimen ya había llevado a cabo con éxito en Bolivia, Paraguay y Brasil.

Diez años

La intención de este grupo de opositores venezolanos liderados por Montoya era «tender puentes de investigación con organismos españoles sobre la financiación ilegal que recibió la fundación de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero durante diez años a través de contrataciones ilegales», según declaró a LA RAZÓN poco antes de viajar a Madrid. Durante la misma entrevista, Montoya afirmó sin ambages que «el Gobierno nacional contrató en los últimos años con la Fundación de Estudios Políticos y Sociales del partido Podemos de España la cantidad de 14 millones de euros, a través de organismos estatales como el Cantv, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Ministerio de la Secretaría y el Ministerio de la Alimentación».

Los más de 270 documentos aportados por Montoya desvelaron hasta qué punto la fundación CEPS (a la que en un momento u otro pertenecieron Iglesias, Errejón, Alegre, Bescansa, Pascual y Monedero, entre otros) y el aparato de comunicación del régimen chavista funcionaban como una maquinaria de propaganda coordinada.

El dosier contenía decenas de informes y cuadros explicativos de estrategia y comunicación política diseñados para orientar el mensaje de Maduro en otros tantos eventos orquestados por el régimen: entrega de viviendas sociales, jornadas de encuentro con la juventud venezolana, actos con la cúpula militar de la República, escenificación de negociaciones colectivas con funcionarios públicos, graduación de «misiones educativas», entregas de becas, y un largo etcétera de actos públicos del sucesor del fallecido Chávez.