Las víctimas de las FARC: «Se los llevaban, los troceaban y arrojaban sus restos al río»

LA RAZÓN viaja hasta el feudo de la guerrilla colombiana, en la región del Cauca, para hablar con supervivientes y conocer sus aspiraciones.

“Sufro las secuelas todos los días, así no hay olvido ni perdón”, sentencia Ismaelina Burbano, quien perdió su pierna derecha tras estallarle una mina anti-persona cerca de su finca en El Plateado, del departamento de El Cauca, región controlada por la guerrilla de las FARC.

Usa una prótesis desde hace 15 años, pero eso no le quita la cojera. Esta mujer de 51 años ha vivido amenazada toda su vida por las extorsiones: a su padre le explotó también una mina, a su esposo lo asesinaron en 2009 y entonces tuvo que huir a Bogotá. “Los guerrilleros pasaban por las fincas a pedir plata y si no colaborabas te mataban. Así asesinaron a mi marido. También te quitaban el celular (móvil) para evitar que alguien hiciese estallar minas”, relata.

Ismaelina es una de las 11.000 afectadas por la colocación de minas, la mayoría por parte de las FARC en zonas rurales. Una de las cerca de siete millones de víctimas tras más de medio siglo de violencia por parte de las guerrillas, los paramilitares y el Estado que dejaron unas cifras escalofriantes: 220.000 muertes, 30.000 secuestrados y 25.000 desaparecidos. Para ella, el calvario todavía no ha terminado. “En mi pueblo las FARC siguen dominando todo y hasta hace poco matando. La guerrilla seguirá viva. Ellos dicen ‘si se acaban los viejos, quedarán los niños’. A mí me da miedo volver y hasta hace poco también hablar. Cuando llegué a la capital me daba pánico salir a la calle. Uno nunca vive tranquilo ni confía”, apunta.

La reconciliación se presenta como uno de los mayores retos para el postconflicto en Colombia, una vez que se firme el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, cuyas negociaciones se encuentran en la recta final tras más de tres años de diálogo en La Habana. Tampoco muchas de las víctimas del paramilitarismo han logrado sanar sus heridas. “¿A quién voy a perdonar si no sé quién mató a mi hijo?”, se pregunta Flor Hurtado a la orilla del río Magdalena, donde supuestamente arrojaron el cuerpo descuartizado de Andrés Alfonso Hurtado, de 15 años. Era el 15 de junio del 2002 y todavía no han encontrado sus restos. “Sólo quiero que me devuelvan sus huesitos para poderlo enterrar dignamente”, cuenta la madre mientras sujeta una foto de su hijo, pegada en un cartón con su nombre y su fecha de nacimiento, desaparición y un número de teléfono para contactar.

Han pasado catorce años y los verdugos de su hijo, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) –los paramilitares– del bloque Magdalena Medio, ya están libres, “después de todo el daño que hicieron, como si no hubiese pasado nada, como si hubiesen matado un animal y lo hubiesen tirado al río”, se lamenta Flor.

“Si verdaderamente están arrepentidos de lo que hicieron, que los perdone Dios, porque yo no puedo”, asegura Rosa Helena Rodríguez, cuyo hijo Jorge Armando Cabanzo desapareció a los 20 años en ese mismo afluente. “Los capturaban con la excusa de que eran maleantes o consumían drogas, los subían a los ‘Transistores’ (una ladera cercana), los descuartizaban y arrojaban los pedazos al río. Desde esta orilla pasaban a veces los cuerpos flotando de los asesinados de otras pueblos cercanos”, cuenta Rosa entre sollozos señalando el monte.

En Puerto Boyacá, una pequeña localidad de 20.000 habitantes (centro del país), se registraron unas 500 desapariciones y más de 3.000 víctimas. En cada cuadra nos cruzamos con algún afectado por el conflicto armado. El pueblo, sin embargo, no tiene ningún monumento de recuerdo. Víctimas y victimarios se encuentran a diario en las calles del municipio. “Cuando perdí a mi hijo, mi único sustento familiar, me di a la bebida, insultaba a sus asesinos y también me amenazaron. Luego uno aprende a convivir viendo sus caras”, explica la madre a quien también le asesinaron a su marido en 1984.

Los paramilitares se desmovilizaron colectivamente a mediados de 2003 y se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, impulsada en 2005 por el entonces presidente Álvaro Uribe, que los obligaba a pagar penas de entre cinco y ocho años de cárcel. Un castigo insuficiente para muchas víctimas que, además, pone en cuestión el actual pacto alcanzado entre el Gobierno y las FARC en las conversaciones de paz de La Habana, iniciadas en 2012, por el cual los guerrilleros pagarán sus delitos con cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad, pero no necesariamente de cárcel, sino recluidos en colonias agrícolas o realizando trabajos sociales.

Además de esa impunidad, como lo percibe parte de la sociedad, muchas víctimas se sienten desprotegidas. “La reconciliación es con hechos y si el Estado no repara a las víctimas, no podemos perdonar”. Tanto para Jair, Ismaelina, Flor y Rosa, el único alivio ahora se centra en cobrar la indemnización que el Estado les prometió. “No tenemos verdad, ni justicia, ni reparación, nunca habrá reconciliación”, considera Rosa, la madre de un desaparecido, que todavía no ha cobrado el subsidio correspondiente.

El Gobierno ha indemnizado a 590.000 personas a través de la Ley de Víctimas aprobada en 2011. “Una cifra baja comparada con el desafío”, reconoce a LA RAZÓN la directora de la Unidad de Víctimas –encargada de gestionar las reparaciones–, Paula Gaviria, quien asume que el Estado se ha visto desbordado: “Cuando se impulsó la ley se registraban 4 millones de víctimas y ahora, en cinco años, el número supera los 7 millones”.

El Gobierno ha invertido 3,6 billones de pesos (cerca de un millón de euros) en reparación directa a las víctimas y todavía faltan otros 6 billones de pesos (alrededor de 1,6 millones de euros) para cumplir la proyección del programa hasta 2021, aunque algunas estimaciones apuntan a que estos cálculos se quedan cortos.

El súbito aumento del número de víctimas se produjo por la incorporación de los desplazamientos forzados, unos 6 millones, en el programa de ayudas a partir de 2014. Uno de esos desplazados, Duverney Cardona, recuerda cómo su familia tuvo que abandonar la finca donde trabajaban cuando él tenía seis años debido a las amenazas constantes de la guerrilla y los paramilitares. “Venían a casa a robarnos, nos ponían clavos en la entrada para pinchar las ruedas, a mi padre lo iban a matar. No teníamos otra opción”, narra el joven.

El otro motivo del incremento de la victimización tiene que ver con la pérdida del miedo a denunciar. “Muchas personas ya no sienten temor, porque se han logrado organizar, las alcaldías están más alerta, y existe una solidaridad. Antes, en cambio, había cierta estigmatización hacia la víctima, a la que recelaban de que algo había hecho para merecer eso”, explica Gaviria, quien pone como ejemplo el programa de asistencia a los casos de abuso sexual, que arrancó sin participantes y ahora cuenta con 14.000 mujeres inscritas.

La Unidad de Víctimas ha prestado atención psicológica a 200.000 de las 800.000 víctimas que reclamaron esta ayuda. Muchas se sienten desamparadas. Para Gaviria, “cuando el Estado atiende y reconoce los crímenes, se empiezan a sentir mejor. Lo que más cuesta es la verdad, que les digan el por qué mataron a sus personas queridas sin motivo”.

Para Jenny Castañeda, otra víctima, existe una diferencia abismal entre los familiares de desaparecidos y de homicidios, porque los primeros en muchas ocasiones nunca reciben la verdad ni el perdón de los asesinos que sirve para dignificar su sufrimiento. A su madre, una líder comunitaria en Puerto Triunfo, la mataron los paramilitares en 2001, el mismo bloque que hizo desaparecer a los hijos de Flor y Rosa. Jenny persiguió a los victimarios hasta lograr el reconocimiento del homicidio de su madre y su perdón. Luego los perdonó a ellos e incluso los ha ido a visitar a la cárcel en varias ocasiones. Su testimonio se volvió en paradigma de la reconciliación para el país. “Uno lleva la paz dentro y no puede perdonar hasta que no la encuentra. La paz no se firma”, asegura Jenny sobre las expectativas de cerrar un acuerdo cercano entre el Gobierno y las FARC. El final de un proceso que abre un nuevo camino de desafíos en Colombia hacia la reconstrucción social.