May baraja una amnistía para los europeos que residen en Reino Unido

La «premier» lima su política antimigración, consciente de que en 2019, el 80% de los extranjeros tendrán derecho a residencia

El pasado jueves, en el hospital de St. Thomas se tuvo que practicar una cesárea de alto riesgo. Había muchas posibilidades de que, debido a una hemorragia, se pusiera en peligro la vida de la madre y el niño. El equipo que estaba en ese momento en quirófano estaba compuesto por 15 personas. Sólo cinco eran inglesas. Entre los extranjeros se encontraba Cristina. El hospital público donde desde hace cuatro años trabaja esta enfermera española está justo enfrente del Parlamento, donde estos días se debaten las medidas presentadas por el Ejecutivo para poner coto a la inmigración. Aparte de obligar a las empresas a revelar el número de trabajadores de otros países y reducir el número de estudiantes extranjeros en las universidades, la «premier» Theresa May también quiere que en diez años todos los médicos que ejerzan en el Sistema Nacional de Salud Pública (conocido como NHS) sean británicos.

«Cuando estaba en el quirófano en aquel momento, miré a mi equipo. No queremos que nos agradezcan nuestro trabajo, lo hacemos por vocación. Pero ahí estábamos un amplio grupo de extranjeros salvando dos vidas británicas y eso la gente no lo ve», explica Cristina. El sistema sanitario es uno de los campos con mayor número de inmigrantes. El 37% de los médicos que trabajan en Reino Unido obtuvieron su licenciatura en otros países. Actualmente en el país hay 2.400 médicos y 2.200 enfermeros españoles. «De verdad, no sé a dónde va a ir el NHS sin personal extranjero. Los propios ingleses que trabajan allí nos muestran su preocupación», afirma esta enfermera, que admite que uno de los momentos más emotivos que vivió cuando salió el Brexit, fue ver en la fachada de su hospital un cartel que ponía: «Queremos a nuestros trabajadores europeos». «Siento decepción y rechazo porque es como si hicieran ver que no somos queridos. Yo a Reino Unido le estoy muy agradecida por haberme dado la oportunidad de empezar aquí mi carrera. Y cuando vine hace cuatro años, me vine sin billete de vuelta con la intención de quedarme una temporada muy larga», explica. «Pero ahora no sé cómo van a ser las cosas. Y si continúa esta ola racista, no quiero quedarme o plantearme criar aquí a mis hijos», matiza.

Ante la oleada de críticas desatadas por el giro radical de May y su apuesta por expulsar del país a los ciudadanos no nacionales, el Gabinete de la «premier» estudia nuevas medidas que suavicen su postura. Según una inforamación publicada ayer por «The Telegraph», el Ejecutivo de May ha concluido que al menos un 80% de los 3,6 millones de comunitarios que viven en este país tendrán derechos de residencia permanente para 2019, cuando se calcula que Reino Unido saldrá de la UE. El Gobierno se plantea entonces conceder una amnistía al porcentaje restante, una medida que, sin embargo, se prevé que cause controversia. En base a la legislación vigente, los ciudadanos europeos que llevan cinco años residiendo en el país adquieren el derecho a la residencia permanente. Según una fuente consultada por el diario, el Gobierno permitiría quedarse a los europeos que ahora viven aquí, pero «es importante que haya acuerdos recíprocos con la UE para asegurar que los británicos en el extranjero reciben el mismo trato». De acuerdo con el periódico, el Ministerio del Interior buscará una manera de identificar a todos los comunitarios residentes y determinar cuánto tiempo han estado en Reino Unido.

El problema dentro del Partido Conservador es que «xenófobo» y «racista» son los términos que también se emplean ahora para referirse a los «tories», el partido que está en el poder. Pese a que la primera ministra británica defendió la permanencia en la UE durante la campaña previa al plebiscito, está cediendo ahora a las presiones de las filas más euroescépticas, como en su día hizo su predecesor David Cameron. Martin Lodge, profesor de Ciencias Políticas en London School of Economics, asegura que la introducción de las polémicas medidas antiinmigración es la manera que tiene May de decir ante los euroescépticos que se ha tomado muy en serio el «sí» al Brexit. «La situación política tras el Brexit es deprimente, terrible. Y estas medidas son puro populismo. No me atrevería a decir si son legales o ilegales porque, tras el Brexit, aquí ya nada es seguro» –indica–, «pero conseguirán legitimar actitudes racistas aún más, desilusionar a los trabajadores extranjeros y enviar una señal desastrosa al extranjero en cuanto a la apertura de Reino Unido a una fuerza laboral internacional».

La inmigración neta en el país sigue en cifras récord. Los últimos datos la sitúan por encima de las 327.000 personas, tres veces más del umbral del objetivo marcado por el anterior Ejecutivo de David Cameron, en el que May fue responsable de Interior. Según Lodge, «se juega con el sentimiento de que los servicios públicos están saturados a causa de la inmigración, cuando realmente, están saturados por una falta de inversión a largo plazo que nada tiene que ver con la inmigración».