Los guerrilleros: «Luchábamos por el pueblo y acabamos perjudicándolo»

La reintegración de los ex guerrilleros se presenta como uno de los mayores retos del post conflicto

El éxito del inminente desarme de la guerrilla de las FARC y la firma del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano dependerán de la eficiencia en la reintegración de miles de insurgentes en proceso de desmovilización. La reinserción de esas personas que pasaron media vida en la selva y en frentes de batalla supone una prueba titánica para Colombia.

Muchos de esos ex-guerrilleros fueron también víctimas de la espiral de violencia, como Kelly Leal, reclutada forzosamente por las FARC cuando tenía 11 años. “Me arrancaron de mi familia y me tuvieron tres meses en un campo de entrenamiento, con otros menores, haciendo ejercicios todos los días y casi sin comida. Nos hacían leer la historia del Che, de Jacobo Arenas y el reglamento interno. Luego me enviaron a primera línea de combate”, relata la mujer de 33 años, de alias ‘Jessica’.

“Maté a unos 35 soldados, 40 militares y no sabría decir el número de civiles. La primera vez que vi morir a alguien sentí terror, pero después uno deja de sentir lástima. Si uno se lamentaba, la guerrilla le castigaba. (...) Lo más difícil era cumplir las misiones de traer a una persona de su casa, porque a veces tenías que matar o torturar a familiares quitándole las extremidades”, relata Kelly. Cuando logró abandonar las filas de las FARC con 14 años gracias a un periodo de enfermedad, fue reclutada por los paramilitares mientras regresaba a casa para reencontrarse con sus padres. “De nuevo la misma historia, sólo que entonces abusaron sexualmente de mí. En varias ocasiones me dieron unas pastillas que me dejaban inconsciente unos 15 días y vete a saber qué harían conmigo”, cuenta la mujer sobre esa época, en la que perdió el brazo y parte del seno izquierdo por una herida de bala.

Tras ese episodio, logró abandonar las líneas de combate y cumplió un año de condena en un centro de menores hasta cumplir los 18 años. “Cuando salí pasé varios días encerradas. En la guerrilla uno se acostumbra a vivir sin saber qué hora o día son, y en la ciudad uno siente miedo de las personas, debe aprender a convivir, a saludar, a mirar a la gente a la cara...”, explica sobre sus problemas para adaptarse a la vida social. En Inírida, municipio fronterizo con Venezuela, Kelly se instaló con sus padres y trabajó en las minas ilegales de la región. Su vida sigue siendo traumática en ese pequeño pueblo: “A veces las personas te llaman ‘asesina’ por la calle y quizá tienen razón. La Policía te amenaza. A mis tres hijos, de 6, 8 y 14 años, unos agentes les pusieron la pistola en la cabeza y les dijeron que los matarían”. También sigue perseguida por las FARC: “No puedo abandonar el pueblo por tierra porque la guerrilla controla los caminos. Una vez se toparon con mi madre y le dijeron que me devolverían en pedazos y a mi hermano le dieron una paliza”. Para Kelly, ha sido imposible recuperar su vida.

La reintegración de desmovilizados supone uno de los mayores desafíos para el largo post-conflicto que se avecina tras el cercano cierre de las negociaciones de paz. Según datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), tan sólo una cuarta parte de los casi 49.000 ex-combatientes que accedieron al programa de asistencia al culminado su proceso, mientras otras 17.000 siguen en curso.

El investigador Juan Esteban Ugarriza, quien ha trabajado con más de mil ex-combatientes, indica a este diario que una cuarta parte vuelven a la ilegalidad, mientras que la mitad permanece en riesgo por años, debido a las dificultades para regresar a la vida civil. En el caso de los paramilitares, algunos grupos se reorganizaron en pequeñas bandas criminales para controlar negocios de microtráfico.

“A muchos ex-guerrilleros les cuesta considerarse victimarios, no renuncian a su pasado y creen que estaban haciendo el bien por Colombia”, asegura Ugarriza sobre los cerca de 60.000 desmovilizados desde que se inició el proceso de paz en 2012. La mayoría de ellos sufre síntomas de estrés post-traumático, cuenta el investigador, por su pasado en el campo de batalla.

“Nos fuimos a luchar por un pueblo y terminamos perjudicándolo”, reconoce Boris Forero, guerrillero de las FARC durante casi veinte años. Abandonó la lucha armada cuando se dio cuenta que, al final, “siempre morían los mismos, los niños-soldado pobres”. Tras militar toda su juventud en las filas del Partido Comunista, en octubre de 1987, con 18 años, sintió la necesidad de tomar las armas tras el asesinato de un líder de la Unión Patriótica, el partido impulsado por la guerrilla, durante el fallido proceso de paz en los ochenta, cuyos representantes fueron masacrados por el Estado.

Boris pertenecía al Frente 22 del departamento de Cundinamarca –donde se encuentra Bogotá– y su labor consistía en recabar apoyos en las zonas rurales. “Lo más duro son las lesiones por acción u omisión a campesinos pobres. Eso es algo que uno mismo no se perdona”, explica el hombre de 49 años sobre la cantidad de asesinatos que cometió durante su paso por la guerrilla, que también le abocó a un periodo de tres años en la cárcel. En mi captura los soldados me querían aplicar la ‘ley de fugas’, que consistía en correr por un campo minado mientras te disparan, pero un general lo evitó. Me salvó la vida”, recuerda.

En 2005, tras unos combates en el departamento de Tolima (centro), varios campesinos recogieron el cuerpo de una guerrillera, una niña de 13 años, que colocaron encima de una mesa de billar para velarla. En ese momento Boris, superado por las contradicciones de la guerrilla, decidió apartarse de sus filas, un proceso difícil por el que pasó “mucho miedo de ser asesinado por la guerrilla por desertar”, así como por adaptarse a la vida en la ciudad “después de haber vivido como nómada en la selva durante años”.

En ese proceso de reinserción, “la sociedad tiene que ser generosa y aceptar que los ex-combatientes son victimarios pero también han sufrido la guerra”, apunta Ugarriza, quien se lamenta de que “en los noventa la sociedad estaba dispuesta a hacer más esfuerzos porque sufría el conflicto, pero ahora que todo está más calmado, no hay tanta disposición”. Según las últimas encuestas, el apoyo del proceso de paz por parte de la ciudadanía disminuye a medida que se alargan las negociaciones.

Para el investigador, otra de las debilidades de los programas de reintegración son sus costos y los obstáculos para hacerlos sostenibles a largo plazo, “un acompañamiento imprescindible para su eficiencia”. La reinserción de un ex-combatiente cuesta alrededor de 5,5 millones de pesos (unos 1.800 euros) al año al Estado colombiano.

El Gobierno destinó una partida de 53 millones de euros del presupuesto de 2015 para la ACR, con el objetivo de atender a unos 30.000 desmovilizados y estimó en 10.000 los hombres y mujeres todavía en las filas de las FARC. Una cifra que el Bank of América consideró demasiado baja, pues su calculó alcanzaba los 36.000. Según la ACR, el proceso de reintegración de una persona dura 6 años y medio, así que el costo total de la reintegración restante podría ascender a los 415 millones de euros. Una inversión que rebasa las previsiones del Ejecutivo colombiano, aunque éste defiende que ese sobrecosto no tendrá un impacto importante sobre el presupuesto.

Otro de los retos para lograr la reintegración total de los desmovilizados será “integrar una nueva corriente ideológica en el panorama político del país”, como señala a este diario el director editorial de la revista Semana, Rodrigo Pardo, sobre la propuesta de las FARC de convertirse en partido político planteada el pasado octubre en el marco de las negociaciones.

Para Ugarriza, “la sociedad debe aceptar que la guerrilla tiene ideas políticas que pueden ser defendidas sin armas y aprender a convivir con muchas narrativas”, pues según el investigador, la mayoría de ex-guerrilleros con los que habla “conservan sus ideales de izquierda radical”. Un cúmulo de interrogantes que dependerán no sólo de la voluntad política del cierre del acuerdo de paz en La Habana, sino de la disposición de la sociedad para construir una paz duradera.