La Asamblea chavista extenderá la censura a internet

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela regulará el uso de las redes sociales para sancionar «delitos de odio». Una medida con la que se pretende cortar las vías de comunicación de la oposición.

Cuando Hugo Chávez instaló el cable subterráneo hace ocho años en la isla de Cuba, preguntó a los Castro por qué no habilitaban el servicio para abaratar y permitir el acceso a internet, su respuesta fue: «Ahora tenemos la llave, pero seremos nosotros quienes decidamos a quién dársela». Esta práctica que todavía utilizan dictaduras comunistas como Pekín o La Habana desde hace una década la piensa instalar ahora el Gobierno de Nicolás Maduro a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), confirmando que dicho organismo es la vía elegida para alcanzar el modelo cubano.

La plenipotenciaria ANC, integrada únicamente por representantes leales al chavismo, regulará el uso de las redes sociales en el país para sancionar a quienes cometan «delitos de odio». «Va a estar incorporado en esta ley lo que tiene ver (con) la regulación de la emisión de mensajes de odio e intolerancia (y) fuertes sanciones cuando se esté en presencia de un delito de odio y de intolerancia», anunció la ex ministra de Exteriores Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente. Lo dijo mientras la ANC, un órgano visto como fraudulento por buena parte de la comunidad internacional, discutía una ley contra el odio y la intolerancia, pese al rechazo de la Asamblea Nacional, un poder controlado por la oposición. Rodríguez aseguró que el pueblo venezolano ha sido víctima «de laboratorios de guerra psicológica diseñada en los centros imperiales para llevar a Venezuela a una confrontación fratricida a través del impulso y la promoción del odio», por lo que, consideró, que «el Estado venezolano debe actuar».

La ex ministra acusó a los partidos opositores de ser «los que han promovido el odio en Venezuela, el odio racial, clasista y político», y adelantó que podría haber «penalizaciones a las empresas proveedoras de redes sociales» una vez se defina el marco jurídico de dicha ley. Se refirió además al acoso que sufrieron algunos de sus familiares, entre ellos su hermano, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en México el fin de semana pasado cuando un grupo de venezolanos lo grabaron en una calle mientras le gritaban «asesino». «Hubo un tuit de un partido opositor amenazando al alcalde de Caracas, esas expresiones, amenazas de muerte, esas expresiones de odio deben acabarse en Venezuela y por eso esta ley va a contener sanciones para el delito de odio, va a contener sanciones y regulaciones en los medios de comunicación», sostuvo.

La alta funcionaria cree que las redes sociales se han convertido en Venezuela «en la plataforma más grotesca y brutal para atentar contra la integridad de nuestro pueblo» por lo que «debe haber regulación a la empresa proveedora de esos mensajes».

Informó también de que la Comisión de la Verdad creada por la Constituyente y que juzgará a los supuestos responsables de la «violencia política» en el país lleva varios casos de crímenes de odio cuya gravedad, argumentó, supone un aumento en las penas de prisión y que el «arrepentimiento no exime de responsabilidad». Atrás quedaron los tiempos en los que el fallecido Chávez declaró la guerra «al pajarito de twitter» –antes de morir lo llegó a calificar de «engendro pitiyanki». Todavía no sabía que el pájaro se convertiría en dragón, una bestia imparable donde la oposición ha encontrado una manera libre para expresarse. La batalla de la resistencia venezolana se libra en las redes.