Un comandante de Maduro: «Hay que afinar la puntería y dar un golpe a esas ratas»

La Guardia Nacional Bolivariana desvela un plan para frenar el paro general de hoy y Maduro anuncia que capturará a «todos los conspiradores» a diez días de la elección para formar una Constituyente.

Se tensa el clima de cara a la jornada de huelga convocada por la oposición para hoy. Ayer, Caracas amanecía repleta de barricadas, levantadas por manifestantes que protestan en contra del Gobierno y la votación para elegir una Asamblea Constituyente prevista para el próximo domingo. El jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, Jorge José Rivero, envió ayer una orden vía Telegram en la que pide a sus comandos reprimir a la población civil durante las manifestaciones convocadas por la oposición. «Señores comandantes de unidades tácticas, una orden clara, sencilla y fácil de cumplir: el jueves –hoy– candelita que se prenda, candelita que se debe apagar. Obtendremos una victoria (...) Nuestro pueblo respondió en el simulacro y confía en nosotros». «Lo que nos queda es afinar la puntería y dar el jueves un golpe duro a esas ratas escuálidas. Como su comandante, yo confío en que haremos el mandato sin novedad», agrega la misiva enviada por el comandante general del componente militar.

El paro fue convocado este lunes por la oposición durante el acto en el que se anunció «la hora cero» después de la consulta popular del domingo en la que 7,5 millones de venezolanos rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente que pretende imponer Maduro.

Para frenar esta iniciativa opositora, el Gobierno chavista también desplegará una ofensiva con el fin de aprestar a personas que supuestamente conspiran con Estados Unidos, según adelantó el presidente la noche del martes. Maduro anunció «un plan especial de justicia de emergencia» para afrentar la amenaza del presidente Donald Trump de imponer sanciones económicas a su Gobierno, que consistirá en «la búsqueda y captura de todos estos conspiradores para el castigo ejemplar», advirtió Maduro refiriéndose a presuntos aliados locales de Washington. El mandatario explicó que el plan combinará esfuerzos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la justicia militar y el Ministerio de Interior y Justicia. También se sumará la vicefiscal Katherine Haringhton, potencial sustituta de la fiscal general, Luisa Ortega, quien rompió con el régimen tras años de línea oficialista y ahora se enfrenta a un proceso de destitución en el TSJ.

Esta ofensiva fue acordada durante una reunión del Consejo de Defensa, convocado por Maduro a raíz de las advertencias de Trump de imponer sanciones económicas en caso de que el presidente persista en su proyecto de Asamblea Constituyente. Pero el jefe del Estado reafirmó que la iniciativa se mantendrá y el próximo 30 de julio serán elegidos los asambleístas. El Consejo de Defensa lo integran las jefes de los poderes públicos, pero a la reunión no asistió el presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges.

Además, un hombre murió quemado durante una manifestación en el estado de Anzoátegui, en el noreste de Venezuela. El hecho en el que falleció Héctor Anuel se produjo en la localidad de Lechería (320 kilómetros al este de Caracas). Por el momento, el organismo no dio detalles del ataque, ni tampoco ofreció indicios sobre la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad, los colectivos chavistas o manifestantes opositores. Desde el pasado 1 de abril, el saldo de los incidentes ha dejado más de cien muertos, según la organización Foro Penal –otras fuentes sitúa la cifra en 116), además de miles de heridos y detenidos.

La jornada también estuvo marcada por Delcy Rodríguez, ex ministra de Exteriores venezolana y ahora candidata a la Constituyente de Maduro, quien afirmó que «si hubiésemos consolidado la independencia económica no nos habría afectado la guerra económica que empezó con la bajada de los precios del petróleo. Ese chantaje acá no pasará. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo la patria». Estas declaraciones se volvieron virales en las redes sociales, donde muchos venezolanos reaccionaron con indignación, sobre todo porque la mayor parte de los ciudadanos no pueden hacer las tres comidas diarias debido a la escasez de alimentos.

En paralelo, la Asamblea Nacional tenía previsto comenzar a discutir un plan de gobernabilidad dentro de ese estado de transición que anunció tras el plebiscito del domingo. Básicamente y según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes de la MUD –coalición opositora–, se trata de ir restableciendo instituciones cuyos integrantes deberían de haber sido elegidos por el Parlamento. El viernes, por ejemplo, se elegirán a los magistrados y próximamente podrían ser nombrados los rectores del Consejo Nacional Electoral y la vicefiscal. El problema es que ninguno de estos cargos serán reconocidos por el Gobierno.

En este sentido, la MUD presentó ayer un «acuerdo de gobernabilidad» para formar un «gobierno de unión nacional» con el que pretende avanzar hacia una «transición» que aparte del poder al presidente Maduro y sus ministros, dijo en el acto presentación el diputado opositor Henry Ramos Allup, que tomó la palabra en nombre de la MUD. En el escrito se indica que la crisis humanitaria que vive Venezuela será la prioridad del «gobierno» que visualiza la oposición, y afirmó que se tomarán «acciones efectivas para superar todas las penurias que por culpa de este régimen y sus políticas nos ha tocado vivir».

Ramos explicó, además, que el presidente electo «encabezará el gobierno unitario de rescate y reconstrucción de Venezuela y renuncia expresamente a su derecho a la reelección inmediata». La oposición, además, se compromete a que ese gobierno de unión nacional recuperará el «prestigio, independencia e institucionalidad» de las fuerzas armadas y las incorporará al «proceso de rescate y reconstrucción nacional». Asimismo, el plan de gobernabilidad que proponen garantiza según la oposición, que los titulares de los poderes públicos que hayan sido «escogidos de manera legal y constitucional” serán respetados y podrán continuar durante el tiempo que les corresponda y, además, serán convocados a contribuir con la “reconstrucción nacional». Sin embargo, a aquellos que según la ley estén en algún cargo a través de un mecanismo irregular, «la Asamblea Nacional procederá a iniciar su proceso de destitución y nombramiento de sus reemplazantes en estricto apego a los procedimientos» de la Carta Magna. Por último, la oposición afirma que este Gobierno unitario trabajará con todas las instancias y niveles del gobierno independientemente del partido o ideología que «profese, en el marco del principio de cooperación que debe existir».