La finca de Carabaña, el próximo objetivo

Rodrigo Rato está en el punto de mira, y con él, todas sus cuentas, propiedades y empresas. El que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional fue detenido el pasado jueves durante unas horas, imputado por fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Ese mismo día, funcionarios de la Agencia Tributaria, acompañados por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Policía, registraron la vivienda y el despacho del también ex presidente de Bankia, en Madrid. En aquel momento, el juez descartó ampliar los registros a la finca que Rato posee en Carabaña, al sureste de la Comunidad de Madrid. Según ha podido saber LA RAZÓN, el magistrado ha cambiado de opinión y considera ahora necesario extender la investigación a la finca. En este sentido, toda la operación está pendiente de que se resuelva el contencioso sobre quién debe asumir el «caso Rato». En un principio fue la Fiscalía de Madrid, a través de un juzgado de Plaza de Castilla y por requerimiento de la Agencia Tributaria, la que impulsó la investigación y precipitó los registros y la detención. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a través de un escrito a la Fiscalía General del Estado asumir el mando de las pesquisas. Anticorrupción considera que el caso es de su competencia por la especial trascendencia del asunto y por el hecho de que ya hubiese dos investigaciones en curso en la Audiencia Nacional –la salida a bolsa de Bankia y las «tarjetas black» de Caja Madrid– con las que este caso podría tener conexión. Por el contrario, para la fiscalía madrileña se trata de una causa que no tiene su origen en un caso de corrupción pública, sino que nace en una inspección fiscal en el ámbito privado. En cualquier caso, está previsto que sea mañana cuando la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, decida quién debe continuar con la investigación. Será entonces cuando se procederá a ordenar el registro de la finca de Carabaña, que podría producirse en los próximos días. La propiedad, de unas dos hectáreas de extensión, cuenta con un molino restaurado de 300 años de antigüedad y un edificio adyacente. Aunque en sus primeros años el molino se utilizaba para moler el grano, a principios del siglo XX cambió su uso por el de central hidroeléctrica. La familia Rato se hizo con la propiedad de la finca en los años setenta del pasado siglo. En 1994, Rato entró en conflicto con el alcalde de Carabaña, que acusó a Rato, por entonces diputado y portavoz del Partido Popular en el Congreso, de desviar el cauce del río Tajuña para llevar el agua hasta su molino y abastecer así a la central hidroeléctrica de la propiedad.