Educación negociará con las escuelas una vez impuesto su modelo

Escuelas Infantiles Unidas denuncia que la Junta rompió el diálogo hace un año tras presentar el borrador que modificaba el anterior decreto

El decreto-ley por la vía de urgencia como solución de la Junta para regular los convenios con los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil mantiene en pie de guerra a sus gestores. Con el apoyo de Ciudadanos, la medida salió adelante el jueves en el Parlamento.

Los cambios más significativos son los referentes a la bonificación del precio de la plaza y la renovación anual de los convenios. «¿Por qué medidas urgentes? Hace cuatro años que se sabía la fecha de expiración y se estaba confeccionando una modificación del decreto vigente, al que presentamos alegaciones en su momento», señala Maribel Uncala, vicepresidenta de la Asociación Escuelas Infantiles Unidas. Esta entidad agrupa a 370 centros y más de 20.000 plazas en toda la comunidad. Su relato de los hechos dista mucho del sostenido por la consejera, Adelaida de la Calle, que asegura haber mantenido un «diálogo continuo» con familias, sindicatos y centros.

Fue a partir de abril de 2016 cuando la Consejería cambió de actitud y guardó un largo silencio, según la asociación. «La Mesa de Infantil no se reúne desde marzo del año pasado, no ha podido haber ese diálogo», recalca Uncala. La primera reunión para «negociar» el nuevo decreto se produjo hace tan solo un mes, el 16 de marzo. Ese día, la Consejería, con el director general de Planificación al frente, Enrique Caro, se citó con las patronales de las escuelas infantiles. Días más tarde, con la protesta del pasado miércoles ya convocada, lo hizo la viceconsejera, Elena Marín.

«En la primera reunión se nos comunicó que cada director iba a poder determinar el precio libremente, sin límite», aseguran desde Escuelas Unidas. La medida se suavizó fijando finalmente una baja máxima del 15%, algo que no cumple con las exigencias del sector, que acusa a la Junta de «mercantilizar» la educación. «Esto va a permitir a empresas potentes de multiservicios ‘pujar’ tirando los precios frente a los autónomos, que no tenemos esa infraestructura –lamenta Uncala–. Cuando desaparezcan los centros de la zona porque no puedan sobrevivir a esas condiciones, volverán a subir el precio». Su reivindicación es que éste sea único para todos los conveniados y actualizarlo con una subida del 8,4% del IPC por la congelación desde 2009 –de 209 a 226 euros; y de 278 a 302 con comedor–.

Solo doce días después de esa primera toma de contacto con los afectados, la Junta publicaba en su Boletín Oficial (BOJA) el polémico decreto-ley. Previamente, el 24 de marzo, cinco entidades integrantes de la Mesa de Infantil registraron un escrito ante la Consejería solicitando su paralización para abrir el diálogo.

El decreto-ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil se amparó en la necesidad de aprobarlo por la expiración del acuerdo vigente el próximo mes de julio. Lo llamativo es que desde enero de 2016, Educación estaba preparando un texto que modificara el decreto de 2009. El primer borrador se publicó en abril, hace un año, y las entidades llegaron a realizar alegaciones a aquel texto. La base del anterior se mantenía intacta, tanto en lo relativo al precio como a los cuatro años de duración de los convenios, que habrá que renovar anualmente según el decreto-ley aprobado. La Consejería asegura ahora que «retomará» el borrador «por si fuera necesario proseguir con alguna modificación del decreto 149/2009», según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de Educación. «El decreto 149/2009 se pensaba modificar, pero en el transcurso del trámite de la norma se procedió a implantar un nuevo modelo para el fomento de la escolarización de 0 a 2 años. Una vez aprobado el decreto-ley se retomará», aseguraron, sin aportar más detalles al respecto.

Hay otros aspectos que preocupan a las escuelas. Uno de ellos es la apertura de convocatorias extraordinarias. «Antes un niño podía solicitar en cualquier momento una plaza y la bonificación. Es fundamental para la supervivencia de los centros porque si no lo llenabas en septiembre, en diciembre seguro que estaba completo», asegura esta directora. La Consejería modificó en plena Semana Santa el decreto-ley, incluyendo modificaciones sustanciales como «corrección de errores». De esta manera recogía una de las exigencias de las patronales de infantil de no ceñir a una sola convocatoria las solicitudes. «Si cambia la situación familiar, porque la madre por ejemplo encuentra trabajo, podían pedirla. Ahora, cuando se acabe el dinero, no habrá más ayudas», advierte Uncala.

Educación tampoco precisa la cuantía de la llamada «compensatoria», la cantidad que se abona a los centros por el mes de agosto, cuando cierran. «Está contemplado que nos darán un dinero por los gastos de gestión y adhesión, para darle forma legal a esa figura, pero no cuánto. Firmamos un cheque en blanco con la Consejería», se queja. Hasta ahora, el cálculo se hacía en función de los puestos bonificados en julio. Temen que en este punto la Junta esconda también una rebaja que empeore la situación económica de las escuelas.