El 71% de los conflictos laborales «nace» en Sevilla

Más de 514.000 trabajadores se han visto afectados por diferencias con su empresa negociadas en el sistema extrajudicial este año

La conflictividad laboral no cesa: 627 negociaciones se han abierto en los primeros nueve meses del año. Los constantes desacuerdos entre trabajadores y empresas requieren a menudo de la intercesión de un árbitro externo. Ahí es donde interviene el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), un organismo dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que acude como mediador con empresas privadas y públicas.

Para este mes, hay citaciones a Cetursa, para evitar una huelga; la Radio Televisión Andaluza (RTVA), por el convenio colectivo; el Ayuntamiento de Palomares (Sevilla); la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya); la Autoridad Portuaria de Sevilla o la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En total, hay previstos 78 actos de conciliación solo en noviembre. El informe de actuaciones del Sercla hasta septiembre desgrana que en total 184 mediaciones en conflictos colectivos acabaron en acuerdo, un 39%, algo por debajo del dato registrado en 2016, cuando además se produjeron 59 menos en los primeros nueve meses. De esos acuerdos firmados se han beneficiado de alguna forma 7.149 empresas y 47.358 trabajadores.

Respecto a la intervención en procedimientos previos a una huelga, se pactó en el 59%, evitando 57 convocatorias. En este sentido, resalta que los acuerdos permitieron recuperar 273.192 horas de trabajo en Andalucía. Desde que en 1999 inició sus actuaciones, el Sercla ha logrado evitar la pérdida de un total de 37,8 millones de horas de trabajo propiciando acuerdos entre empleados y compañías.

La comparativa con el año pasado ofrece una leve bajada de la conflictividad laboral por número de expedientes, aunque han aumentado tanto las empresas como las personas afectadas. En 2016, el sistema de mediación registró 890 expedientes de conflicto colectivo, que repercutieron en 20.829 empresas y 540.185 trabajadores. Se logró un acuerdo en el 40% de las actuaciones. Su memoria de ese ejercicio recoge que desactivaron el 53% de las huelgas previstas; una tasa de éxito que se redujo al 31% en asuntos en los que es preceptivo acudir antes de tramitar una demanda judicial. En cuanto a los conflictos de intereses, debidos a bloqueos de negociación, se alcanzó acuerdo en el 62,20% de los tramitados.

La conflictividad tiene un epicentro claro: Sevilla. La mayor parte de las negociaciones abiertas proceden de empresas radicadas en la capital: 36.266 (71%). A ello contribuye la interconexión entre sociedades y que las sedes administrativas de la Junta se encuentren en ella –el año pasado, un centenar de los desacuerdos atañían a una empresa pública–. El volumen de trabajadores implicados es ligeramente inferior, dos de cada tres (344.393). La diferencia en cuanto al número de conflictos pendientes de resolver no es tan amplia respecto a la segunda provincia, Málaga (159 frente a 118). Granada figura como la tercera en este ámbito, aunque conciernen a un mayor número de empresas (10.879). Huelva y Córdoba son las que menores discrepancias albergan.

Los motivos que llevan a una empresa o a sus empleados a recurrir al Sercla son muy diversos, pero están ligados preferentemente a negociaciones colectivas. La normativa contempla la mediación si se consuman despidos, impagos del sueldo o un descuelgue salarial respecto a lo pactado. En su seno, también se negocian los convenios, así como la interpretación que pueda realizarse de ellos o si se producen modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, como puede ser un cambio de destino no deseado.

La aplicación de los convenios colectivos es el ámbito que más intervenciones ha suscitado, 247 iniciativas, de las que dependen 227.000 profesionales. Más de siete mil han sufrido hasta septiembre el impago de sus nóminas y 614 acudieron para intentar pactar tras ser despedidos.