El alcalde de Granada, citado como investigado por su etapa en la Junta

El actual alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, tendrá que declarar el próximo 12 de diciembre en calidad de investigado –antes imputado– por sus actuaciones como delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en 2010 y 2011.

El actual alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, tendrá que declarar el próximo 12 de diciembre en calidad de investigado –antes imputado– por sus actuaciones como delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en 2010 y 2011. En concreto, el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, tiene una investigación abierta desde 2013 tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por usurpación de potestades públicas por parte de personal que no ostenta la condición de funcionario. El instructor ha ampliado ahora el número de investigados a 10 nuevas personas –entre ellos Cuenca– que ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería en las ocho provincias andaluzas. El sumario investiga los contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social.

La denuncia original del SAF incluía parte de un informe de visita a cursos de formación profesional ocupacional, en el que la Administración se atribuía el carácter de inspector, y de un oficio de la jefa de servicio de Gestión de Proyectos, que autorizaba a «evaluadores externos» que llevaran a cabo inspecciones y que por medio de empresas contratadas pudieran recabar información para la evaluación de los planes de formación. El denunciante apreciaba los posibles delitos de prevaricación y usurpación de funciones regulados en el código penal e incluso malversación de caudales públicos, dada la gran cantidad de dinero público utilizado de forma indebida e innecesaria para pagar a la extinta Faffe por desempeñar funciones que corresponden a funcionarios.

En el auto hecho público ayer, el juez señala que «la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas; documentos que cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la «Junta de Andalucía» y del «Fondo Social Europeo», y que aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica: «Por la Administración (el inspector)»; quedando así materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser inspectores oficiales de la Administración autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse».

En su denuncia, el SAF incluyó numerosas sentencias firmes, entre ellas algunas del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que señalaban que la encomienda de potestades públicas a personal «de la fundación que no forma parte de lo que llamamos empleados públicos, es claro que vulnera el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, (...) excede del contenido legal que la fundación puede tener. Y la suficiencia o insuficiencia del personal del Servicio Andaluz de Empleo no puede constituir motivo admisible para encomendar determinadas gestiones a costa de sacrificar principios esenciales».

Las denuncias sobre usurpación de funciones públicas en la Junta de Andalucía no son nuevas y se sucedieron, sobre todo, durante la reordenación del sector público empresarial que se inició en la época del ex presidente José Antonio Griñán. La creación de las agencias públicas empresariales, la extinción de algunos entes instrumentales –como la mencionada Faffe– y la posterior subrogación del personal de éstos en las primeras, generó un gran malestar entre los funcionarios. De hecho, el mismo SAF presentó en su día otra denuncia contra 42 altos cargos de la Junta porque las agencias carecían de «personal funcionario adscrito pero llevan a cabo funciones públicas que sólo deben ejercer funcionarios, en materias tan importantes como gestión y concesión de subvenciones y ayudas, contratación administrativa, control de gastos y fiscalización».

En declaraciones a LA RAZÓN, el presidente del SAF, Carlos Sánchez, recordó que llevan «muchos años denunciando la usurpación de funciones públicas», debido al desarrollo de la administración paralela en la Junta. Pese a que los tribunales han archivado muchas de sus denuncias, Sánchez advierte de que este caso es «uno de los más flagrantes». En este contexto es en el que tendrá que declarar el alcalde de Granada, que ocupó la máxima representación de la Consejería de Economía e Innovación en la provincia durante parte del periodo investigado. Cuenca llegó a su actual cargo en mayo de 2016, después de un acuerdo entre toda la oposición que arrebató la Alcaldía al PP. El ex regidor José Torres Hurtado dimitió en abril tras ser detenido dentro de la «operación nazarí» por su presunta vinculación en una trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento.

Ciudadanos ha exigido que los cargos investigados formalmente por corrupción política se aparten de sus puestos. Así lo tiene firmado con el PSOE para facilitar su apoyo en la Junta y así se lo reclamó a Cuenca para darle sus votos. De hecho, un delegado socialista imputado de la Diputación provincial de Granada –Mariano Lorente, ex alcalde Iznalloz– tuvo que dimitir antes de la investidura.