El ex delegado de Empleo en Huelva firmó ayudas con anomalías por 2,5 millones

El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, Javier Romero, acusa al ex delegado de Empleo en la provincia onubense Eduardo Muñoz y a otros seis ex cargos de la Junta de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación al entender que hay «suficientes indicios» en «la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas», según expuso en un reciente auto. Este periódico ha tenido acceso a 25 informes policiales sobre expedientes en los que los investigadores han detectado irregularidades y que forman parte del sumario de esa causa. Están vinculados a subvenciones que se concedieron en virtud a convenios firmados por Muñoz, quien también fue director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) onubense, y en su mayoría por otro de los investigados, el ex jefe del Servicio de Formación para el Empleo José Ángel Gil Flores. En todos esos casos, la Policía encontró un filamento que los unía: había existido por parte de los órganos de gestión, supervisión y control del SAE en Huelva «una dejadez absoluta, cuanto menos» en las tareas de vigilancia previas a «la concesión de la subvención a dicha entidad; así como en las acciones de seguimiento que debería haber realizado sobre la misma durante el supuesto plazo» de impartición del curso. Tesis, expresada con leves variantes, que el juez hizo suya en la mencionada resolución.

Los beneficiarios de los fondos fueron Andrés Javier P. D., a quien se le otorgó una ayuda de 52.920 euros, José P. M., con 127.710; Salvador de O. R., al que le asignaron 31.275 euros y Víctor Miguel Vázquez, al que le dieron 57.225.

A ellos se suman las entidades Ánfora Formación SL, agraciada con 311.025 euros, la Asociación Promoción y Desarrollo Tecnológico (en corto Apropyme), con 72.922,50 –al tratarse de un ente domiciliado a todos los efectos en Córdona, Muñoz y Flores rubricaron una Resolución de Condiciones Particulares de la programación para ella–; el Centro de Empresas Riotinto SA, con 56.640; el Centro de Estudios Tecnológicos (Cestec) al que fueron a parar 26.235; el Complejo Los Veneros SL, que se hizo con 42.140 euros, o el Paraíso de la Dehesa SL –al que estuvo vinculado el ex alcalde de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado, otro encausado– que percibió 202.820 y en cuyo caso la Policía elevó el tono para apuntar en su informe a «cierto grado de permisividad consciente, cuanto menos en el control y supervisión previos a la concesión de la subvención», así como «en las acciones de seguimiento que debería haber realizado sobre la misma durante el supuesto plazo de realización» de los cursos.

Y hay más. Escuela Playa Mazagón SL recibió 68.060 euros, Events Global Productions & Management SLU 24.640, el Hotel Rural las Delicias de la Sierra de Aracena 22.940 e Industrias Turísticas de Andalucía SA 244.455 euros –los investigadores ligan a ésta y sus responsables «un cierto trato de favor» ya que llegó a atesorar procedente del SAE «prácticamente 10 millones»–.

Por su parte, la UTE Cenoarte obtuvo 134.720 euros –Muñoz firma una propuesta de resolución realizada de oficio por el SAE en la que se aumentan las horas de uno de los cursos y con ellas la ayuda para ésta–; Europalillo SLU 66.555 euros; a Fusión Onubense SL le designaron 229.965; a Iniciativa y Desarrollo del Conocimiento Consultoría y Formación SL (Ideco) le correspondieron 55.845 euros; Interacción y Servicios Concertados Sl (Insercon) fue regada con 75.577,50 y Autoescuela la Rábida SCA, con 169.500 euros. La hilera continúa gracias a los 62.842,50 que destinaron a la mercantil MGV Formación Onubense SL, los 167.400 para Niebla Producciones Audiovisuales SL, los 101.078,44 que respaldó Muñoz como director provincial del SAE para Novaula Formación y Recursos Humanos SL; los 54.862,50 que fueron para Picadero la suerte SL y los 88.357,50 euros de Talleres J. Peguero.

La cuantía global repartida se elevó hasta los 2.547.710,94 euros, según los datos manejados por la Policía. En algunas ocasiones se abrieron expedientes de reintegros resueltos en distinta medida y a veces llamó la atención de los agentes el hecho de que Muñoz expidiera certificados en los que se acreditaba que la subvención se aplicó «a la finalidad para la que fue concedida», dada la «falta de rigurosidad en el análisis de la justificación» que constataron o, en otras palabras, pese a las irregularidades, como sucedió con Salvador de O. R, Autoescuela La Rábida o el Picadero la suerte, que cobró «el 100% de la formación sin justificar gasto alguno».

LA RAZÓN ha consultado además otros tres expedientes vinculados a Gobafrost SA, Charo Polanco SL y Brasería Las Carabelas que no fueron rubricados por el ex delegado de Empleo, sino por el entonces secretario general de ese departamento, José Martínez, quien también está procesado.