El SAF denuncia que el decreto de las guarderías esconde un «fraude de ley»

Afirma que se ha modificado para lograr el apoyo de Cs sin el trámite legal oportuno y avisa de la «privatización» de las ayudas

Iba a ser esta tarde, pero será mañana –para que Susana Díaz pueda asistir a un homenaje a la fallecida Carme Chacón– cuando se someta a votación el proyecto de decreto-ley de la Junta de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil –de cero a tres años– en el Parlamento andaluz. Una norma que llegará a la Cámara envuelta en polvos de polémica y con el previsible voto en contra de partidos de la oposición como el PP-A o Podemos, no así de Ciudadanos (Cs) que adelantó el pasado lunes su inclinación por el sí. Aunque ese apoyo no siempre ha sido una certeza indubitable. De hecho, el presidente del grupo parlamentario de la formación naranja, Juan Marín, advirtió a la Junta días antes, el 9 de abril, a través de una entrevista con Ep, de que su partido tumbaría el decreto-ley si no incluía convocatorias extraordinarias de acceso a bonificaciones para las familias. Y, según denuncia el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), hubo acción-reacción. En el boletín oficial autonómico (BOJA) del 12 de abril se publicó una corrección de errores de la norma del 28 de marzo por la que se modificó una base, respecto al texto que aprobó el Consejo de Gobierno, y «se amplió la posibilidad de convocatorias extraordinarias» como demandaba Cs en lugar de una única. La organización sindical se ha reunido desde entonces con PP, Podemos y la diputada no adscrita Carmen Prieto –hoy lo hará con IULV-CA y no con Cs ni el PSOE porque les pidieron un encuentro y ni les «han contestado»– para advertirles de que ese cambio reviste «especial gravedad», pues podría esconder «un auténtico fraude de ley», dado que «una modificación de contenido de una disposición de rango legal, aún de urgencia, debe tramitarse una vez convalidado el decreto y siguiendo los cauces propios de una ley ordinaria». Lo contrario, sostienen fuentes del SAF, constituiría un «gravísimo atentado a las formas democráticas, un desprecio insultante a la institución parlamentaria, una afrenta al resto de grupos políticos, que se ven privados de la posibilidad de presentar enmiendas y participar en un debate sobre el texto, y una burla a la ciudadanía andaluza», enumeran. Y no es lo único que critica esta organización sindical. Les preocupa otro asunto ligado al decreto: la Agencia Pública Andaluza de Educación –el antes denominado Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos– será la encargada de gestionar los procedimientos administrativos de concesión de las subvenciones, así como los de reintegro y los sancionadores. Esto conlleva el desempeño de potestades públicas por parte de personal laboral, dado que en la agencia «no existe ni un solo funcionario de carrera de la Administración General de la Junta». En relación a esta ausencia, apuntan que la ley obliga a que el Ejecutivo regional hubiera asignado unidades administrativas de la Consejería de Educación en la agencia, dotándola de la plantilla necesaria procedente de los Cuerpos Generales y Facultativos de la Administración General, «el único competente para tramitar las ayudas y en el que recaen las notas de objetividad e imparcialidad, como recordó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en relación a la agencia IDEA y a la Agencia Andaluza de Energía», lanzan. Pero ese movimiento no se ha realizado, lo que supone, para el SAF, que las subvenciones, se «privatizarán», serán gestionadas por empleados que carecen de los «conocimientos acreditados» que «exige» la Constitución. Añaden que la Cámara de Cuentas también dejó constancia de que el ente educativo no tenía «aprobado un procedimiento de selección para dar cumplimiento adecuado» a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con lo que sí cuenta el personal laboral adscrito a esa agencia, indican desde el sindicato, es con «escándalos sueldos». Los detallan: «Los técnicos casi duplican el salario de un funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, ya que los del nivel 2 cobran 42.326 euros brutos anuales y los del 1, 47.313; frente a los 28.086 euros que gana un técnico funcionario de Grupo A1».

Y aún hay otra sombra sobre el decreto-ley. Llaman la atención de Cs en torno al hecho de que «incurrirían en una contradicción» si lo convalidan, ya que el dictamen de la comisión de investigación sobre los cursos alumbrado por su formación y aprobado en la Cámara con el voto de sus diputados recoge entre sus recomendaciones el «garantizar que la gestión de las ayudas se realice exclusivamente por funcionarios de carrera». Justo lo contrario que sucedería si sale adelante la nueva norma.

Otro sindicato, CC OO, ha convocado una huelga para hoy y mañana en las escuelas de Infantil contra el decreto-ley, que regulará además el nuevo modelo de financiación del sector, al entender que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales.