Exigen la paralización de dos contratos ligados a la Alhambra de 710.000 euros

El SAF ha logrado que «no se renueve» uno vinculado al control del personal pero avisa que aún se «externalizan» potestades públicas.

Hay terrenos en los que lo único que queda es el combate. Para el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), uno de ellos es «la lucha» que mantiene desde hace años para que «las potestades de los funcionarios andaluces no se externalicen, como sucede en torno al Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG)», en palabras de Manuel Romero, delegado de la organización sindical del SAF en la provincia de Granada.

Con ese fin, presentaron un escrito el pasado julio gracias al que «la dirección del PAG no ha renovado el contrato de servicio de explotación de la aplicación informática con la que se controlaba al personal, funcionarios y laborales, sus bajas, asistencia, calendario...», un servicio que «ha sido asumido ahora por la sección de Administración General y Personal», explica Romero. Pero el SAF entiende que con esto no es suficiente. Apuntan a LA RAZÓN desde el sindicato que en los últimos meses se han licitado dos nuevas contratas, por un valor global estimado de 710.000 euros que, a su juicio, «invaden» competencias del personal funcionario del PAG. Uno de ellos está destinado a la grabación y mecanización de la gestión administrativa y económica del Patronato y su tasación estimada es de 290.000 euros. El otro pasa por el mantenimiento, el seguimiento y la mejora del sistema de gestión por procesos del ente y la mencionada cuantía es, en su caso, de 420.000 euros. Romero asegura que en las diversas reuniones que han mantenido con directivos del Patronato desde el verano se ha justificado la licitación de estos contratos en «la falta de dotación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)» de la entidad, pese a que este año, el presupuesto con el que cuenta ésta asciende a los 27.417.740 euros. Romero defiende que esas plazas que se cubren desde fuera «están en la RPT» oficial y que el PAG tiene en su estructura «todos los departamentos administrativos necesarios» para que pudiera «funcionar de forma autónoma». Por eso, el SAF exige a la Junta que «se cubra al cien por cien» ese listado interno de plazas, en lugar de externalizar, más allá de servicios puntuales como pueden ser la venta de tickets o trabajos ligados a salas de exposiciones.

El delegado sindical se muestra convencido de que «hacerlo sería a la larga más barato y con muchas más garantías, teniendo en cuenta las cantidades de dinero que mueve el monumento» granadido, uno de los más conocidos de España y vistado, sólo en 2015, por 2.474.231 personas, de acuerdo a los datos aportados por el propio Ejecutivo autonómico.

El sindicato apunta además que debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), que es «contundente», advierte al Gobierno andaluz, en lo concerniente al «desempeño de potestades públicas, partiendo de la base de los patrones interpretativos que se derivan del artículo 103 de la Constitución española (CE) y de la jurisprudencia constitucional (STC 37/2002)». De acuerdo con éstos, están incluidas dentro de las capacidades administrativas que corresponden al personal funcionario aquellos cometidos que «exterioricen una actividad de la Administración que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho –ajenos o no a su organización–, y en la que por ello sean relevantes notas de objetividad, imparcialidad e independencia». Según esas directrices jurídicas, «habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionarial».

Con todo, fuentes del SAF reconocen que su denuncia no ha impedido que en los últimos meses se hayan seguido activando contratos vinculados a la Alhambra, por lo que, avisan, «continuarán» con su reivindicación, convencidos de que «es un error que el departamento de gestión económica del PAG, por ejemplo, esté externalizado», concluye Romero.