«La Junta creará 80 puestos para funcionarios virtuales ‘a dedo’»

El sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha interpuesto más de cien denuncias contra el Gobierno andaluz

Es el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) desde hace un par de meses. Desde ese cargo, le gustaría forjar una complicidad activa con la Junta a través del diálogo, pero teme que su relación vuelva a ser «a las bravas», dado que seguirán «peleando» por la recuperación de sus «derechos económicos y sociales».

–En lo que va de legislatura el Parlamento andaluz ha tumbado dos decretos-ley de la Junta vinculados a la función pública...

–Hay un nuevo escenario en el Parlamento. Antes el PSOE tenía mayoría absoluta y todos sus decretos salían adelante, como luego con IU, sus aliados. Ahora hay otros partidos y pueden tumbárselos. Algo de «culpa» tenemos también nosotros. Nos movilizamos porque con ellos querían modificar la ley para reconocer el trabajo como interino en los concursos de méritos y en la promoción interna, cuando los tribunales españoles han dejado claro que no se puede hacer; y darle unas funciones al personal de la extinta fundación Faffe copiadas de las que tiene un cuerpo de funcionarios de ciencias sociales y del trabajo. Hablamos con los partidos excepto con el PSOE.

–¿Por qué no con los socialistas?

–No nos reciben.

–¿A qué cree que se debe?

–Imagino que a que lo hemos llevado a los tribunales, pero es de poco demócratas.

–¿Cuántas denuncias han interpuesto contra la Junta?

–Más de cien y estamos personados como acusación particular en el «caso ERE».

–Han advertido de irregularidades en la devolución de parte –el 24,06 por ciento– de la paga extra de 2012, ¿de qué tipo?

–En la detracción de las cuotas que pagamos los funcionarios a la Seguridad Social, que ya nos las cobraron entonces y ahora lo han hecho otra vez.

–¿Cuánto dinero supone?

–Por nómina depende del sueldo de cada uno, en mi caso por ejemplo 30 euros. En global, afecta a todos los funcionarios del régimen general de la Seguridad Social, decenas de miles de trabajadores, son millones de euros. Pagan mal y tarde. Esto acabará también en los tribunales.

–Han alertado de que se está incumpliendo el acuerdo programático de PSOE y Ciudadanos y no se ha puesto freno a los cargos de libre designación, los concedidos «a dedo». ¿Ha habido reacción por parte de alguno de los dos partidos?

–Ninguna. Reacciones cero de uno y de otro. Es más, se va a aprobar una «macromodificación» de Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) a consecuencia de un Decreto de la presidenta del año pasado sobre reestructuración de consejerías. Han convocado la mesa sectorial de negociación para el lunes 18 y seguramente se le dé vía libre sin incluir el punto 23 del pacto de investidura que decía que desaparecerían los puestos de libre designación desde los niveles 30 hacia abajo. Es más, con ese cambio, crearán casi 80 de esos puestos.

–¿Dónde?

–En distintas consejerías. Son funcionarios virtuales.

–¿Funcionarios virtuales?

–Los que han ocupado cargos de libre designación y han sido cesados. La ley obliga a darles un puesto de trabajo y si tienen un nivel 28 consolidado, ha de ser como mínimo un 26. No hay puestos para todos, así es que crean los virtuales, que no están en las RPT. Ahora los han colocado en cargos de estructuras.

–¿Le consta que funcionarios de la Administración andaluza se hayan negado a firmar documentos?

–Sí. Hay a quien le han puesto por delante informes de las agencias que necesitan la firma de un funcionario público. Habrá alguno que sí lo haga, pero un funcionario que ocupe su puesto por concurso se puede negar, si no ha elaborado él el informe. Al final el responsable es el que firma. Las responsabilidades no se ceden, se tienen por el puesto que se ocupa y se cobra por ellas.

–¿Ha habido recortes en la denominada «Administración paralela» durante la crisis?

–El monstruo de más de 30.000 personas que cuesta millones de euros al año sigue ahí. Hay que hacer una reordenación seria porque hay servicios que están duplicados. ¿Para qué queremos una agencia de agricultura y pesca, por ejemplo, si contamos con una consejería de lo mismo?

–Mientras en organismos como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) hay plazas sin cubrir...

–Lo del SAE es de vergüenza. Hay una desdotación de plazas brutal, cuando por desgracia tenemos un millón de parados. Existen oficinas como la de Jódar (Jaén) que cuentan sólo con el director y un auxiliar administrativo. Las denuncias de falta de personal, agresiones y mal ambiente son continuas. Y en medio, los empleados de la Faffe están mano sobre mano porque las funciones que les han querido dar corresponden a los funcionarios. No hacen nada.

–¿Qué funciones podría desempeñar ese colectivo?

–Lo tiene que decidir la Administración, que ha absorbido a ese personal. Esa pregunta nos la hizo la directora general de Recursos Humanos y le respondimos que no podía pasar a los sindicatos la patata caliente porque el concepto de potestades públicas no está recogido en una ley. Es un problema que han creado ellos y tendrán que resolver ellos.

–En 2015 el Defensor del Pueblo andaluz recibió 1.270 quejas de trabajadores públicos, sobre todo por la precariedad y la temporalidad del empleo. ¿Qué le parece?

–¿Por qué hay precariedad y temporalidad? Porque las ofertas de empleo público son miserables. Para 2016 han sacado unas 540 plazas para funcionarios, pero ha habido una sucesión de ejercicios peores en los que directamente no hubo ninguna.

–¿Mantienen su reproche al «oscurantismo» en determinados ámbitos de gestión de la Junta?

–Claro, transparencia poca. Ahora con el portal virtual se pueden solicitar ciertos datos, pero contestan de forma sesgada. Hay una petición histórica de los sindicatos: que se nos proporcione el listado de los efectivos reales, es decir, la relación de RPT, pero con nombres, apellidos y cómo se está ocupando el puesto. Se nos niega aludiendo a la existencia de datos personales, y el único es el DNI, que se puede tapar.

–¿Qué desvelarían esos listados?

–Tememos que escondan muchas miserias, irregularidades e incluso ilegalidades que podríamos denunciar. De hecho, ya lo hicimos en 2011 que nos proporcionaron algunos por orden de un juez. Y otro foco de oscurantismo está en las funciones asociadas a cada puesto de trabajo, pese a que deberían ser públicas.

–En 2012 se suprimió la acción social a los funcionarios, ¿ha cambiado algo la situación?

–Para ser exactos, a todos excepto al personal con discapacidad. De hecho, el servicio que lo llevaba se disolvió y al personal lo recolocaron. En otras administraciones se recortó la cantidad destinada a ello, pero aquí se suprimió literalmente. Tampoco nos olvidamos del concurso de méritos, que lleva desde 2011 sin convocarse, cuando la ley dice que se haga cada seis meses. Espero que se convoque antes del verano, aunque es probable que acabe judicializado.