La Junta pagó el 93% de atrasos en la Dependencia con fondos del Gobierno

El Plan de Pagos a proveedores articulado por el Gobierno central ha sido un instrumento útil para que la Junta pudiera saldar algunas de las deudas que tenía contraídas en materias tan sensibles como la Ley de Dependencia. Lo pone de relieve un reciente informe de la Cámara de Cuentas y también una respuesta parlamentaria de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a la diputada del PP-A Patricia del Pozo. El Ejecutivo autonómico pudo liquidar en 2013 el 93 por ciento de la deuda contraída con los cuidadores en el ámbito familiar –la mayoría mujeres– gracias al Plan de Pago a Proveedores.

La deuda de 2012 con los cuidadores ascendía a 16.682.983,92 euros. De este montante, la Junta pagó 15.476.355 con cargo al Plan de Pago a Proveedores, mientras que puso de fondos propios, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 1.206.628,46 euros. El pago por parte de la Junta de atrasos por cuidados en el entorno familiar fue de algo más de 22 millones de euros en 2014 (relativa a 2013) y de 20,9 millones de euros en 2015.

La Junta se queja, no obstante, de que a partir del año 2012 la financiación de la Dependencia sufrió importantes ajustes al reducirse su cuantía en un 15 por ciento, además de eliminarse –aduce el Ejecutivo– la financiación por parte del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras y las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar quedaron sujetas a un plazo suspensivo de dos años. Desde el PP, sin embargo, denuncian que cuando llegaron al Gobierno en 2011 tuvieron que hacer frente a una deuda con las cuidadores de la Seguridad Social de mil millones de euros.

En 2012 lo que se produce es un cambio en la fórmula de financiación de la dependencia. Lo que hasta entonces se denominaba «nivel acordado» entre el Gobierno y las comunidades se suspende. Y el Gobierno aumenta los fondos adicionales. Estos fondos no son finalistas para Dependencia, sino que están diseñados en el marco del sistema de financiación de 2009 para reforzar los «servicios del Estado del Bienestar, particularmente la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, así como la Dependencia».

Aquí reside la raíz de las sospechas sobre los fondos no finalistas para la Dependencia que ha lanzado el PP en los últimos días. El pasado jueves el presidente regional del PP, Juanma Moreno, en su pregunta a Susana Díaz en el Parlamento; y el miércoles en una visita a Sevilla el Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Lo que teme el PP, en definitiva, es que fondos que deberían usarse prioritariamente para la atención a dependientes se puedan estar empleando en otros servicios, dado que Andalucía tiene a 118.000 personas en listas de espera para ser atendidos, sigue perdiendo beneficiarios y se encuentra entre las comunidades que porcentualmente más recibe de fondos del Gobierno y menos aporta de recursos propios.

Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas lo deja muy claro al respecto. «Se aprecia una gran disparidad entre las comunidades autónomas en el peso relativo de las aportaciones en la financiación de la dependencia». En 2012 «las comunidades que mayores recursos propios destinan a la Dependencia y cuyo origen no procede de fondos transferidos por el Estado son Madrid (73,26 por ciento), Extremadura (63,08 por ciento) y Castilla-La Mancha (60,13), situándose en el otro extremo Galicia (27,48 por ciento), Islas Baleares (32,23) y Andalucía (34,98).

La comunidad andaluza es la que, según el mencionado informe de fiscalización de los años 2009 a 2013, más ha recibido de recursos adicionales. 2.250 millones de euros en este periodo. Casi el 25 por ciento (el 24,28) de los fondos para el conjunto de todas las regiones. 116,7 millones en 2009, 535,54 en 2010, 503,78 en 2011, 485,02 en 2012 y 609,58 en 2013. Le sigue Cataluña, con 1.645 millones, el 17,76 por ciento del reparto global.

El Tribunal de Cuentas señala que «si bien esta financiación adicional no tiene carácter finalista, como lo es la financiación a través del nivel mínimo de protección que necesariamente debe destinarse a financiar el coste de la dependencia», sin embargo existe una «íntima vinculación de los recursos adicionales aportados por el Estado con motivo de la nueva Ley de Financiación 22/2009 con las necesidades de una financiación del sistema de dependencia puestas de manifiesto por las comunidades autónomas».

El problema es que no es fácil señalar a qué han dedicado exactamente las comunidades estos fondos adicionales. El propio Tribunal de Cuentas tiene serios problemas a la hora de la fiscalización. «Las comunidades autónomas no han establecido, en su ámbito presupuestario, una nítida separación entre los créditos establecidos para la atención a la dependencia y los previstos para los restantes servicios sociales. Asimismo, carecen de sistemas de contabilidad analítica aplicable a los gastos de dependencia y en su gran mayoría tampoco han dispuesto los instrumentos contables necesarios para efectuar el seguimiento contable de los gastos, en su consideración de financiaciación afectada». «La información facilitada por las comunidades al Tribunal de Cuentas –abunda el informe– se basa en gran medida en meras aproximaciones basadas en criterios de imputación a la dependencia de porcentajes de participación en el total de los gastos en servicios sociales calculados de forma estimativa».

La lucha de Miriam, una dependiente de 19 años con atención para «la tercera edad»

Miriam es una dependiente sevillana de 19 años. Tiene reconocida una minusvalía del 93 por ciento, Grado III de dependencia, debido a que padece tetraparesia espástica y una deficiencia mental severa. Se trata de una enfermedad crónica y progresiva. Requiere atención las 24 horas del día. Su cuidado no es fácil. No tiene movilidad e ingiere los alimentos a través de una sonda nasogástrica. Sus padres –la madre tiene diagnosticados problemas lumbares y agotamiento emocional– y sus dos hermanas se alternan en sus cuidados. Miriam tiene asignado desde el pasado mes de junio una residencia para personas con discapacidad intelectual grave, pero está en su casa por decisión de sus padres.

La familia de Miriam tenía reconocida una prestación económica de 442 euros al mes para cuidados en el entorno familiar. Esta cantidad la dedicaban a una plaza en la residencia escolar San Juan de Dios. El centro completaba el coste con una beca de la Obra Social. La familia solicitó un cambio en el programa individual de atención para sustituir la prestación económica por el internamiento en el mismo centro San Juan de Dios. Sin embargo, la Junta le otorgó la residencia para personas con discapacidad intelectual grave de La Motilla, en Dos Hermanas. Los padres han denunciado en la Fiscalía que Miriam se encontraba «con personas de tercera edad», se pasaba el día «viendo la televisión» y «los cuidados no eran los adecuados». Reclaman un centro de día ocupacional con terapias que se ajusten a personas de su edad. Los padres de Miriam se han rebelado, pero este problema afecta a otros muchos jóvenes en centros andaluces. La atención a dependientes está diseñada, sobre todo, para personas mayores.