La Junta se siente legitimada para pagar menos de 4 euros por hora a los monitores

Educación continúa ahorrando costes, consciente de que contrata por debajo del coste laboral que las empresas tendrían que asumir

En un sistema público justo, la Administración sería la primera interesada en que los servicios que externaliza se presten dentro del marco legal y con las garantías necesarias para dar calidad a los mismos. Más si cabe en los contratos educativos complementarios que se multiplican por toda la comunidad. En Andalucía, en cambio, la Junta se siente legitimada para adjudicar actividades a terceras empresas a sabiendas de que éstas no podrán asumir el coste laboral que acarrean. Hablamos en concreto de los monitores de comedor escolar, pero es un «modus operandi» aplicable también a los de educación especial, escuelas deportivas o acompañamiento escolar, entre otros.

En el caso de los comedores hay más de 3.000 personas condenadas a una precarización laboral total a lo largo de la región. Trabajadores que constan de alta en la Seguridad Social pero que cobran poco más de 160 euros mensuales, con jornadas laborales de dos horas. Pese a las cacareadas cláusulas sociales a incluir en los contratos públicos, el personal afectado no ve una salida a la actual situación. Los recursos y reclamaciones se estrellan en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. La vía judicial, mediante interposición de recurso contencioso-administrativo en el TSJA, resulta además de cara excesivamente lenta para los intereses generales.

Ayer mismo, la Consejería de Educación levantaba la suspensión sobre el procedimiento de licitación que pesaba sobre un contrato de la provincia de Almería, después de que este tribunal desestimase el recurso presentado por la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (Aaeeco), quien viene defendiendo en los últimos meses que los pliegos contienen cláusulas contrarias a los intereses de sus empresas asociadas, partiendo de un cálculo inferior al valor de mercado del presupuesto de licitación. Es decir, que la cantidad máxima ofrecida por la Consejería de Educación «resulta inviable económicamente».

Como ocurriera con el recurso presentado por Aaeeco en Córdoba, y ya adelantado por este periódico, en su argumentación el Tribunal Administrativo llega a avalar ofertas que incumplen el convenio laboral del sector.

Aaeeco exponía con bastante coherencia que en el mencionado contrato los costes del personal suponen un componente fundamental, por ello es necesario que el presupuesto de licitación cubra dichos costes de acuerdo con el convenio. Según sus cálculos, el coste hora se sitúa en 10,38 euros. Y los gastos de formación, uniformidad, póliza de seguro, coordinación y margen empresarial elevan el coste a 12,73 euros. Por su parte, el Tribunal fija un coste laboral de 10,14 euros la hora, «teniendo en cuenta el convenio colectivo, la seguridad social y el absentismo» (no así vacaciones, pagas extra o finiquito) y considera que con un 7,06% del importe ofertado por la Junta (0,77%) hasta completar los 10,91 euros es suficiente para el resto de contingencias.

Sorprendentemente, el tribunal considera que Aaeeco no «demuestra» que el presupuesto sea insuficiente e incluso en esta ocasión va más lejos, recordando que hasta 13 empresas han optado al contrato en cuestión y admite que la media de las ofertas económicas –único criterio fijado para la adjudicación– se sitúa en 8,35 euros la hora, lo que a su juicio «corrobora que la determinación efectuada» por la Consejería de Educación del precio máximo (10,91) «fue suficiente». Y añade que tres de esas entidades se encuentran asociadas a la patronal Aaeeco, «estando también sus ofertas por debajo del presupuesto de licitación».

Las consecuencias son fácilmente imaginables. En Córdoba, provincia en la que se ha realizado una reciente adjudicación del servicio de comedor, sobre un presupuesto fijado en 373.041,60 euros la Junta de Andalucía ha aceptado una división en cuatro lotes por valor de 230.799,80 euros. Es decir, que acepta ofertas por un 40% menos del precio licitado. Así, la división del coste del servicio entre el número de horas diarias, 276 en este caso, y los 124 días lectivos contemplados del curso 2016-17 ofrece como resultado que la Administración paga 6,75 euros por hora, cantidad que ya es 3,39 euros inferior a lo estipulado en el convenio colectivo. Pero es que, además, con esta cantidad las empresas han de cubrir el resto de gastos y sacar un beneficio. Conclusión: un trabajador que tiene entre sus funciones cuidar y atender durante la comida a 25 niños de Primaria o 15 de Infantil, e inculcar valores higiénico-sanitarios apenas alcanza los cuatro euros la hora.

Bajo estos parámetros, lo más preocupante es que el tribunal que ha de velar por la legalidad siga admitiendo situaciones anómalas y las defienda, incluso como en el caso de Almería, sin que la Consejería de Educación haya alegado a las consideraciones del recurso.