La Policía detectó que se dio el cambiazo en facturas con cargo a cursos

Entre la cadena de irregularidades recogidas en el sumario del caso que sobre el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta instruye el juzgado número 5 de Huelva, existe la refacturación. Se puede comprobar en el informe policial centrado en la empresa Niebla Producciones Audiovisuales SL, constituida en marzo de 2002, figurando como administrador y socio único Juan L. M. Según el rastreo de la Policía, esta sociedad fue receptora de 253.704 euros, con cargo al programa presupuestario 32D, gracias al visto bueno de la dirección onubense del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), cuya cúpula está encausada. De ese global, se le concedieron en concreto 167.400 euros en 2011 para cuatro cursos dirigidos a trabajadores desempleados, dos de «Técnico subtitulado programas TV y cine» y otros dos de «Técnicas audiodescriptivas para TV y cine».

Los investigadores advierten al juzgado de que observaron «una intencionalidad manifiesta en cargar a la subvención todos los gastos posibles» aunque los mismos no fueran elegibles o subvencionables, como es el caso del «desplazamiento». Y ello es así hasta el punto de que, como recogen en la plasmación documental de sus pesquisas, al serle censurado al empresario una imputación por ese concepto, «es facturado nuevamente» con otro distinto. En otras palabras, dio el cambiazo. ¿Qué hizo exactamente? Una empresa cuya actividad es la albañilería emitió «una factura de alquiler de equipos audiovisuales» para «sustituir» otra «en concepto de desplazamiento que le fue rechazada», consta en el informe policial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Otro dato a tener en cuenta para los agentes es que «los profesores figuraban como empleados de la empresa Ceiaf Audiovisuales», que «facturaba los gastos docentes a Niebla Producciones». «Gran parte de la formación (docencia y materiales) ha sido subcontratada con una tercera entidad sin cumplir con las comunicaciones ni autorizaciones requeridas», se asevera también en la documentación policial consultada. Y no quedan ahí las principales irregularidades detectadas en el expediente. Entre ellas se encuentra la «ausencia del preceptivo informe de auditoría de la cuenta justificativa», el hecho de que se aportaran nóminas a nombre de Juan L. M. por importe de «19.560.00 euros», aunque sólo se aportaran justificantes por «13.300»; el que se acreditó el «pago a monitores por valor de 10.000 euros», sin que se pudiera «determinar el beneficiario»; la duplicidad de los costes formativos, al imputarse a la ayuda el cien por cien de las nóminas del personal contratado en la entidad; o el que varios profesores no reconocieron como suyas las firmas que los agentes les mostraron en las fichas de monitor, pudiendo «constatar» la Policía como las rúbricas «no eran» las de los profesores, con lo que se habría entregado al SAE documentación presuntamente falsificada. Circunstancia de la que «tuvo que tener conocimiento María O. R.», la administrativa de la empresa y única docente que identifica su firma y que, a la luz de «múltiples comentarios» de los alumnos, «no estaba preparada para impartir los cursos» subvencionados.

A ello se suma que dos de las cuatro acciones formativas «se realizaron en un teatro no acondicionado para ello justificando que el lugar estaba directamente relacionado con la materia a impartir, no siendo esto cierto», apunta la Policía.

Para los investigadores, la mercantil no justificó los fondos concedidos por el Gobierno andaluz ni el correspondiente informe auditor «conforme a lo establecido en la normativa». En este caso, la Junta sí acordó plantear el reintegro de 65.079,90 euros, más los intereses de demora, que una vez ya destapado el fraude a golpe de titular y por los juzgados, en febrero de 2015, se convirtió en el reingreso de toda esa ayuda, según un apunte de la Intervención.