Los afectados por el último ERE de la base de Morón llevarán el conflicto al Supremo

Los trabajadores despedidos en el expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2014 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara «ajustado a derecho» dicho despido colectivo.

En concreto José Armando Rodríguez, presidente del comité de empresa de la base, informó ayer de que tanto los afectados como UGT, sindicato al que él pertenece, han decidido recurrir la sentencia al Supremo y estudian si elaborar un único recurso colectivo o promover recursos individuales.

Los afectados, además, pedirán reuniones con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y con los distintos Grupos Parlamentarios, que en la actualidad tienen los partidos PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA.

Se trata de la causa que residía en la Sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz, por la impugnación del tercer expediente de regulación de empleo acometido por la sociedad estadounidense que gestionaba hasta marzo de este año los servicios civiles de la base aérea de Morón, cuyo uso comparten España y Estados Unidos.

Los 55 trabajadores despedidos en septiembre de 2014 mediante ese ERE recurrieron el procedimiento reclamando la nulidad de sus despidos, sobre todo, teniendo en cuenta la creciente actividad militar de esta base de uso conjunto.

Ese incremento es tal que España y Estados Unidos han firmado una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pase de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acoge en la actualidad mediante prórrogas anuales; a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

Además, la enmienda aumenta hasta los 800 efectivos y las 14 aeronaves el límite para despliegues temporales, de modo que la base sevillana podrá acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales si así se determinara.

La demanda de los afectados por el expediente de regulación de empleo se dirigía contra VBR, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe), el Gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa de España y Vectrus, actual adjudicataria del contrato de mantenimiento de la base aérea de Morón.