Los impulsores del dragado buscan ahora apoyo político

Después del varapalo del Tribunal Supremo –anuló los contenidos del Plan Hidrológico que hacían referencia al dragado del Guadalquivir–, los impulsores de este proyecto redoblan sus esfuerzos para justificarlo y pasar a la acción con reuniones al más alto nivel. Representantes de la plataforma «Sevilla por su Puerto. Eurovía del Guadalquivir» presentaron ayer más de 500 alegaciones al documento, con el objetivo de corregir el «error» que supuso la inclusión del proyecto en el epígrafe de obras complementarias, lo que motivó la anulación del Supremo, tal y como detalló el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero.

Una vez salvado este escollo, la plataforma quiere recabar apoyo político para conseguir «unos intereses comunes, teniendo claro los fundamentos de las garantías medioambientales», aseguró el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que entregó las alegaciones junto al presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, y los secretarios provinciales de UGT y CC OO, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán, respectivamente. En este sentido, pretenden reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Hasta ayer se contabilizaron 35 alegaciones, a las que se suman ahora las 500 presentadas por la plataforma. «Todas serán contestadas y se incluirán en el plan las que se consideren oportunas», apuntó Romero, además de subrayar su voluntad de que el documento se apruebe antes de que termine el año. «Con este plan pretendemos no sólo garantizar la demanda, sino también el buen estado medioambiental de los ríos», señaló Romero, quien recordó que el Supremo «echó para atrás algunos artículos, tuvimos un total de nueve recursos y sólo faltaba la no declaración del dragado como medida complementaria».

Por su parte, los representantes de los sindicatos se mostraron confiados en que la obra será, una vez salvados todos los requerimientos legales y administrativos, «un motor económico para la provincia, así como para el empleo», siempre que «se cumplan las prescripciones medioambientales».