Más de 3.000 millones de euros sin justificar

La Intervención fija en esa cuantía los fondos que podrían engrosar un fraude posibilitado por un «patrón» común de acción del SAE en todo el mapa andaluz.

Más de 20,80 millones de euros. Eso es lo que el Gobierno andaluz ha reclamado en concepto de ayudas para cursos de formación sin justificar desde 2007. O ésa es, al menos, la última información que el consejero de Educación, Luciano Alonso, aportó el 18 de diciembre de 2014 en una escenografía repetida en el Parlamento. Si bien, la Intervención General de la Junta multiplicó casi por 150 esa cifra al incrementar hasta «algo más de 3.000 millones» la cantidad de ayudas «correspondientes a las partidas presupuestarias 32D y 32L –a cargo de las que se pagaron las subvenciones– que no habían sido justificadas al final del ejercicio 2013», según consta en un atestado de la Guardia Civil. Aunque, cabe matizar que el periodo considerado se amplió hasta 2005.

La Intervención concreta en 3.015 los mencionados millones en un informe que remitió a la Unidad Central Operativa (UCO) el 17 de marzo, de los que 2.260 estarían vinculados a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el resto a las ocho delegaciones provinciales, entre las que sobresalen los casos de Sevilla y de Cádiz, con 262 millones y 229, respectivamente.

En el documento policial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN después de que la instructora del caso, Mercedes Alaya, levantara parcialmente el secreto sumarial; se explica que esa cuantía «se corresponde con la suma de todas aquellas cantidades que anualmente se comunica a las delegaciones provinciales y a los servicios centrales del SAE, a los efectos de ser reclamadas a los beneficiarios» vía expediente de reintegro. De hecho, los agentes de la UCO recuerdan que el artículo 42 del reglamento de ese órgano fiscalizador establece que los interventores delegados y provinciales deben dar cuenta de ello al ente que concedió los fondos públicos. Según ha constatado la Guardia Civil, esa remisión de información se efectuó «anualmente». Es más, desde la propia Intervención General se trasladó un escrito al SAE el 20 de junio de 2013 para alertar de la «posible situación de riesgo de prescripción del derecho a solicitar las justificaciones» y, en su momento, al inicio de la correspondiente tramitación para recuperar el dinero. Advertencia que parece, cayó en saco roto, dado que las ayudas de 2005 y 2006 ya son irrecuperables, en el supuesto de que alguna se haya otorgado o gastado de forma irregular.

Es más, en un informe de la Guardia Civil centrado en la actividad del SAE, que obra también en el sumario del proceso se asevera que, a la luz de lo investigado, «puede inferirse que, en lo que a subvenciones» para «Formación Profesional para el Empleo en Andalucía se refiere», se han registrado «numerosas irregularidades de gran importancia», entre las que incluyen no sólo las desveladas en el ámbito de esta causa, sino en otras como la centrada en las presuntas irregularidades cometidas por UGT-A, así como las descubiertas en otros procesos repartidos por juzgados de Sevilla, Almería, Córdoba, Granada y Huelva. Unas anomalías que para el Instituto Armado, «habrían sido facilitadas por la actuación del SAE», que «de manera uniforme», o en otras palabras, «siguiendo un mismo patrón» en todo el mapa andaluz, «habría posibilitado este fraude».

Los agentes escancian frases como tajos en torno a una nueva trama, hilvanada a las arcas de la Junta, que no se habría podido armar «si las labores de inspección que impone la legislación se hubiesen practicado adecuadamente», lanzan.

A juicio policial, «resulta evidente la arbitrariedad en la adjudicación de los fondos públicos» ligados a la formación. Una característica común con otros procesos judiciales sobre corrupción en los que está implicado el Ejecutivo autonómico como el «caso ERE» o «Invercaria». Ese reparto caprichoso que los investigadores tienen claro, vendría dado «por el gran porcentaje» de las ayudas que se adjudican «por concurrencia no competitiva», además de la «falta de control de los requisitos que deben cumplir los solicitantes», por «el quiebro a la norma» que han supuesto las llamadas «resoluciones de exceptuación». ¿A qué se refieren? A las mediáticas exoneraciones, a la posibilidad de que los beneficiarios de los fondos no justificaran en plazo una parte de la ayuda antes de recibir el total, que la Junta ha permitido, de forma individual y masiva. A esas dos cuestiones, la UCO añade la ausencia de «los controles» sobre «la correcta aplicación de los fondos» y el dato «grave» de que «se certificase como hechos ciertos cuestiones que la investigación ha demostrado que no lo eran realmente» alrededor de los cursos. El mantenimiento de esta fórmula de adjudicación de fondos en red, «coordinada por parte de los responsables del SAE», según la Guardia Civil, proporcionó a esas «autoridades», a nivel regional y provincial, «un mecanismo de reparto» del que «se beneficiaban multitud de actores, además de los propios alumnos», como sindicatos, organizaciones empresariales o incluso entidades de la Junta como la Faffe.

Este engranaje «favorecía el mantenimiento de un clima de satisfacción» en esos agentes que, podría haberse visto «seriamente perjudicado», se desliza en el informe, «si la Administración hubiera exigido el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la norma». Para los investigadores resulta «evidente» que «estos responsables de la Administración» habrían decidido «incumplir la normativa reguladora». Ideas que apoyan testimonios como el del interventor Ignacio García Revilla, quien afirmó, como testigo, saber, por evidencias indirectas, que los «numerosos fallos» en la labor de comprobación del SAE «no pueden imputarse a falta de tiempo». Sostuvo que las «deficiencias en las tareas de justificación» eran «deliberadas» en favor de «determinados beneficiarios».