Piden investigar si hay 2.007 personas «mano sobre mano» en el Servicio Andaluz de Empleo

Desenredar lo que se ha enredado no siempre es fácil. En el número 213 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se publicó el acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprobó el Contrato Plurianual de Gestión de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el período 2017-2018, que regulará la actividad a desarrollar por la entidad en ese bienio.

La agencia, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, es el órgano gestor de las políticas laborales del Gobierno regional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y está dotada de autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus fines. Al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) le han llamado la atención varios aspectos del mencionado contrato. Para arrancar, fuentes del mismo resaltan el hecho de que «siendo plurianual para los años 2017 y 2018», se le haya dado el visto bueno a las puertas de «noviembre, del primero». Centrando el foco en los recursos humanos del SAE, subrayan que éste cuenta con 3.267 efectivos, según la información reflejada en el BOJA del 7 de noviembre que ha comprobado LA RAZÓN, de los que sólo 1.260 «son empleados públicos de la Administración de la Junta –1.005 funcionarios y 255 laborales–», frente a 2.007 «empleados laborales propios de la agencia». Advierten de que los componentes del último grupo proceden en esencia de «la tristemente célebre Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de los Consorcios Uniones Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (Utedl), integrados en el SAE en virtud de la Ley 1/2011, conocida popularmente como ‘Ley del enchufismo’».

El SAF considera «indignante» y «gravemente escandaloso» el número de la maraña de laborales si se tiene en cuenta que se trata de «una agencia de régimen especial que actúa frente a los ciudadanos como Administración pública», es decir, que «está dotada de potestades y prerrogativas en el ejercicio» de unas tareas que están constitucionalmente «reservadas en exclusiva a los funcionarios». Los 2.007 trabajadores, que constituyen el 61,4% de la plantilla global, no sólo no son funcionarios, sino que «ni siquiera gozan de la condición de empleados públicos de la Junta», al no formar parte ni del funcionariado ni de su personal laboral, «como ha dejado claro el Tribunal Supremo (TS)», apuntan. Éste ha establecido, a través de varias sentencias, que ese colectivo de trabajadores únicamente podría pasar a la función pública del Ejecutivo autonómico o a su personal laboral «si superan los correspondientes procesos selectivos».

Con su radar, la organización sindical ha detectado además que de los 33 planes o programas en que se ha estructurado la decena de metas específicas de la agencia, a la luz del contrato de gestión, ese personal sobre el que han colocado la lupa «no puede legalmente intervenir en 30», avisan desde el SAF. Para añadir: «Y respecto a los tres en los que teóricamente podría hacerlo (actividades de difusión, estudios de prospectiva del mercado de trabajo y modernización de infraestructuras o equipamientos), tampoco actuarán, pues la agencia los llevará a cabo, como es habitual, mediante contratación con empresas del sector».

Insisten en que los tribunales han marcado la senda: «No puede intervenir en ninguna de las fases de un procedimiento administrativo, pues la instrucción de éstos corresponde en todas, desde el inicio o incoación hasta la propuesta de resolución, a los funcionarios en exclusiva». En ese punto, las fuentes del sindicato consultadas se preguntan «qué hacen los 2.007 empleados de la agencia, ¿están mano sobre mano?», deslizan. La respuesta pasa, a su juicio, por dos hipótesis: «O no hacen nada, están de brazos cruzados, pues el objetivo de la Junta no era tanto la satisfacción y la mejora de un servicio público como el de dar colocación a una clientela numerosa, a costa del contribuyente; o bien están realizando funciones que por ley y por sentencias de los tribunales tienen expresamente vedadas». Lo primero, mantener sin funciones a 2.007 trabajadores que «accedieron a su puesto sin haber superado unas pruebas selectivas en libre concurrencia con otros» y que cobran «con cargo al presupuesto público», podría constituir, sostienen, «una manifiesta malversación». Lo segundo, les lleva a establecer «cierto paralelismo con la situación vivida recientemente en Cataluña». ¿A qué se refieren? Se explican: «La Junta estaría actuando con absoluto desprecio de la legalidad constitucional y estatutaria, y desobedeciendo las sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Se habría situado y habría situado a todo este personal al margen de la legalidad», rematan.

En ese escenario, las fuentes del SAF piden a los partidos de la oposición que impulsen una investigación en el Parlamento para conocer «con detalle quiénes son estos 2.007 y qué es lo que hacen en el SAE». Defienden que los andaluces «tienen derecho a saber dónde va el dinero de sus impuestos y quiénes son los gestores de sus asuntos públicos». «La Cámara debe investigar», recalcan, máxime cuando «Andalucía sigue siendo, aún después de la creación de esta agencia, la comunidad con la tasa de paro más elevada».