Todos los grupos salvo el PSOE señalan a Chaves y Griñán en el fraude de los cursos

Los partidos atienden la petición para ampliar una semana la entrega de conclusiones. Podemos apunta la responsabilidad de Susana Díaz y de todos los consejeros desde la etapa de José Antonio Viera.

Los grupos políticos tenían que entregar ayer las conclusiones de la comisión de investigación de la formación, pero tras una reunión de apenas diez minutos decidieron por unanimidad ampliar el plazo hasta el próximo lunes a las siete de la tarde, tal y como habían pedido Izquierda Unida y Podemos. El Partido Popular es el único grupo que de momento ha avanzado públicamente el grueso de las conclusiones. Señala a 35 cargos y ex altos cargos de la Administración autonómica entre los que se encuentran la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los ex presidentes Chaves y Griñán, estos últimos encausados también en el «caso de los ERE».

Ciudadanos, por su parte, guarda hasta el próximo lunes su documento de conclusiones que tenía listo para presentarlo ayer, tal y como aseguró la diputada Marta Bosquet, aunque el líder regional de la formación, Juan Marín, avanzó ayer por la mañana en el programa Espejo Público de Antena 3 que su formación detecta una «responsabilidad política brutal» y que «alguna han tenido» los dos ex presidentes autonómicos. Fuentes de Podemos aseguraron a LA RAZÓN que reclamarán la responsabilidad política de Chaves, Griñán y Susana Díaz, y de todos los consejeros que han tenido las competencias de formación desde José Antonio Viera (2000-2004) en adelante. E IU, según fuentes de este partido, distinguirán entre responsabilidades directas y subsidiarias en el caso, y de una forma u otra «alcanzarán al Consejo de Gobierno y a la presidencia de la Junta». El PSOE, por tanto, se quedará solo en la defensa de los dos ex presidentes.

El plazo de una semana adicional se produjo con el voto favorable de todos los grupos. No obstante, conviene recordar que el 29 de junio la comisión acordó con el posicionamiento a favor de PSOE, Ciudadanos e IU cerrar el periodo de declaraciones y abrir la fase de elaboración de las conclusiones. A esta medida se opusieron tanto Partido Popular como Podemos, que eran partidarios de una nueva ronda para que se pudieran recabar más testimonios, entre ellos los de alumnos y profesores. Asimismo, la última declaración fue la de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el pasado 31 de mayo, una jornada en la que también asistieron al Parlamento el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, y el ex titular de Educación Luciano Alonso.

Ciudadanos apunta de nuevo a los ex presidentes Chaves y Griñán. Esta formación ya reclamó la cabeza política de ambos dirigentes como uno de los requisitos indispensables para apoyar la investidura de Susana Díaz en 2015 y ahora vuelve a señalar en la misma dirección. Esta formación evitó desvelar las conclusiones, pero Juan Marín sí marcó ayer hacia dónde incardinarán las responsabilidades. En Antena 3 dijo que la formación se convirtió en un «laberinto» durante los mandatos de Chaves y Griñán y que los comparecientes hablan de un «descontrol brutal» en la gestión de esos fondos públicos. En su opinión «alguna responsabilidad han tenido» los dos ex presidentes autonómicos, «algo no han hecho bien», abundó.

A quien no señaló expresamente Juan Marín fue a la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz. El principal argumento de defensa de la jefa del Ejecutivo andaluz es que cuando ella llegó al cargo, en septiembre de 2013, la Junta ya no tenía convocatorias de cursos de formación, paralizadas desde el año 2012. No ha sido hasta este año cuando se han reanudado. El grueso del periodo en el que se produjeron las irregularidades fue por tanto durante los mandatos de Chaves –hasta 2009– y Griñán –hasta 2013–.

La luz roja se encendió con los informes de control financiero que realizaron los interventores provinciales en 2012. Al recabar numerosas irregularidades –en Huelva se abrió un informe de actuación por menoscabo de fondos públicos– la Intervención General encargó en todas las provincias un informe especial ampliando la mirilla desde el 2009 hasta el 2012 y de nuevo volvieron a ponerse de manifiesto importantes disfunciones y sobre todo ausencia de control por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que es el órgano gestor de las ayudas para cursos objeto de la investigación de esta comisión y de varios juzgados, entre ellos el de Instrucción 6, encargado también de los ERE fraudulentos.

Podemos sí extiende la responsabilidad hasta la etapa de la presidenta de la Junta. Fuentes de este partido señalaron a este periódico que Susana Díaz es una de las responsables políticas por la forma en la que paró las convocatorias de formación, justo en el momento en el que eran más necesarias en Andalucía debido a la crisis económica. Uno de los argumentos centrales de este grupo pivotará en torno a la falta de personal en los órganos encargados del control. Y por este motivo señalan a Chaves, a Griñán y a todos los consejeros que han tenido responsabilidad en Empleo desde José Antonio Viera en adelante. Una de las quejas más repetidas a lo largo de la comisión de investigación, desde la Intervención y desde el Servicio Andaluz de Empleo, es que no tuvieron una dotación de personal adecuada pese a los avisos de que con estos recursos humanos era difícil desempeñar su trabajo.

Una vez que los grupos políticos presenten el próximo lunes las

conclusiones se abre un nuevo plazo para que el presidente de la comisión elabore la ponencia síntesis con todas las aportaciones, que serán llevadas a Pleno.