Un alcalde de IU fue profesor «fantasma» en un curso con irregularidades

Entre las empresas que recibieron fondos del Gobierno andaluz para formación investigadas por el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva se han detectado pautas estables de comportamientos presuntamente irregulares. Aunque con matices. En el caso del Hotel Rural Las Delicias de la Sierra de Aracena, ubicado en los márgenes del municipio onubense de Cala, se da alguno pegado a unas siglas: las de IULV-CA.

Se trata de una entidad constituida en Huelva hace nueve años, figurando como administradores solidarios Jaime V. G., Gregorio V. F. –hasta el 05 de marzo de 2014– y Julema V. G. –desde el 2014–. Pese a que se creó el 30 de mayo de 2007, la Policía comprobó que no presentó movimientos hasta que no recibió fondos públicos, por lo que los investigadores barajan la tesis de que «la mercantil se alimentaba» de ayudas, dado que no tenía «actividad alguna» y no contaba con más entradas de dinero que el proporcionado por éstas.

El hotel fue el destinatario de un «ingreso por parte de la Junta de Andalucía de 44.382,52 euros por subvenciones para acciones y actividades sostenibles en los parques naturales y/o nacionales» de la comunidad y de otros 22.940 euros, con cargo al programa presupuestario 32D, para un curso de «Operaciones Básicas de Restaurante y Bar» de 310 horas, con un compromiso de contratación de seis alumnos. Es en esa ayuda formativa de 2011 en la que se centra un informe policial al que ha tenido acceso LA RAZÓN y en el que se refleja que la empresa «no presentó el preceptivo informe de auditor» para justificar el uso dado a los fondos públicos. Llama la atención de los agentes el hecho de que las «compulsas» de las facturas aportadas las realizara «el propio Ayuntamiento de Cala». ¿Por qué? «Su alcalde había participado extraoficialmente como docente» en el curso, se asevera en el documento policial. El regidor de Cala era entonces y es en la actualidad Fidel Casillas, quien en las elecciones municipales de mayo de 2015 revalidó la Alcaldía para IU y logró un equipo de seis.

Los investigadores tomaron declaración como testigos a ocho alumnos de la acción formativa subvencionada por la Junta y éstos les explicaron que Casillas «les dio clases». Dos de ellos especificaron que éstas irían encaminadas a «obtener el carné de manipulador de alimentos», una credencial que «nunca les fue entregada» finalmente. El alumnado recordó además a otra persona, «Adrián», quien «era novio de Julema e impartió un curso de primeros auxilios», dado que «trabajaba en el servicios de ambulancias de Cala» y pese a que la actividad de formación era de operaciones de restaurante y bar. De ninguno de los dos supuestos profesores «aparece su ficha de monitor ni información alguna de ellos» en el expediente de la ayuda aportada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Policía, según se recoge en el informe. En otras palabras, fueron docentes «fantasma» de cara a la Administración.

Los estudiantes explicaron también a los agentes que el curso se impartió en «una gestoría propiedad de Gregorio V.», la teoría en las oficinas y las prácticas «en el garaje» de éstas. Un lugar, este último, que «no estaba acondicionado para la docencia», lleno «de suciedad» y que se inundaba cuando llovía «al ser los bajos del edificio». Mostraron además sus quejas por la falta de material y por que éste «no era adecuado», llegando incluso a tener que improvisar y utilizar «papeles y tacos de madera» para simular «raciones de comida y botellas de plástico».

En ese contexto, la mayoría de las facturas que aportó la entidad al SAE fueron «de ‘software’ informático, equipaciones, mobiliario, electrodomésticos», lo que, a juicio policial, es «evidente» que quienes tenían que ser formados «no disfrutaron» y fueron «utilizados para el hotel». «Ésta sería –se afirma en el informe– otra forma de haber empleado el dinero de la subvención para obtener beneficio propio». Y es que los investigadores lo tienen claro. Jaime V. G. y Gregorio V. F. solicitaron la ayuda «por medio de una empresa durmiente todavía sin actividad real» y «creada explícitamente» para obtenerla. Avisan al juzgado de que «es muy posible que el hotel rural fuera a ser reformado y aprovechando la ocasión» se pidieron los fondos públicos, dado que los ingresos de la sociedad durante tres años «son sólo dos subvenciones» y únicamente se contabilizan gastos, recalcan. Movimientos que son a otra mercantil de Gregorio V. F., una empresa de reformas, y se producen en 2010 y 2011 por 334.073,70 euros y 140.420, respectivamente. Como en otras ocasiones, la Policía achaca al SAE una «dejadez absoluta» en el control del dinero que reparte. En este caso, en mayo de 2012 sí remitió al hotel un acuerdo de inicio de reintegro, entre otras cuestiones por el incumplimiento del compromiso de contratación, pero lo «dejó caducar». La empresa para evitar devolver los fondos contrató a «varios alumnos, un año después, coincidiendo en temporada alta de turismo», pero éstos reseñaron que fueron «coaccionados para despedirlos». En diciembre de 2013 la Junta vuelve a iniciar el expediente e incluso se dicta resolución de reintegro parcial en marzo de 2014 por un importe de 7.710,23 euros, pero para la Policía lo que procedía es «el reintegro total» de la subvención. Es más, «con una mínima diligencia debida», sostienen los agentes, el SAE «hubiese determinado que dicha entidad no debía haber recibido fondo público alguno». Este diario se puso en contacto con IU el martes por si Casillas quería comentar su presencia en el informe policial, pero al cierre de esta edición no había habido respuesta.