Un ente formador de la Junta contrata para su personal servicios de formación

El instituto de administración pública pagará 162.890 euros por la externalización

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) es uno de los entes que orbitan en el sistema creado en torno a la Consejería de Hacienda de la Junta que dirige María Jesús Montero. Entre sus funciones se encuentra la investigación, el estudio y la difusión de materias que afectan a las administraciones públicas andaluzas y la formación del personal al servicio del Gobierno autonómico. Aunque ahora el formador ha contratado servicios formativos tras recurrir, como hacen desde múltiples entidades del Ejecutivo regional sin particulares azoramientos, a la externalización.

En esta ocasión el objeto de la contrata pasaba por cubrir servicios de «asistencia técnica para el asesoramiento y desarrollo de acciones de formación y coordinación dirigidas a personal docente y gestor» que colabora, a su vez, con el desarrollo del plan anual formativo del instituto, así como garantizarse el «seguimiento, actualización y mejora de aquellos sistemas que se han implantado en años anteriores», según ha quedado constancia en el pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado para esta cobertura al que se puede acceder a través de la plataforma de contratación virtual que llena de contenidos la propia Junta. De acuerdo a la resolución de adjudicación, firmada por el director de la entidad contratante, José María Sánchez, la contrata se ha asignado a la unión temporal de empresas (UTE) Dopp-Timón, ya que su oferta, según se asevera en ese documento consultado por LA RAZÓN, era la más favorable en la medida en que era la que mejor se «adecuaba» a los «requerimientos previstos» en los pliegos técnicos ligados al contrato y, por tanto, a «las necesidades de la administración». La elección se ha llevado a cabo esta vez a través de un procedimiento abierto. ¿El precio a pagar por la asesoría? Un importe de 140.000 euros, al que hay que añadir un IVA de 22.890, por lo que el global a abonar con fondos públicos se eleva hasta los 162.890 euros. Se ha fijado un plazo de ejecución que se expande hasta el 31 de enero de 2019, a contar a partir de la asignación del contrato desgranado.

El IAAP no está en la lista de entes del Gobierno autonómico que carecen por completo de funcionarios de carrera en su plantilla y sí cuenta con alguno. Como lo hace con planes anuales de formación y en concreto el relativo a 2017 se ha articulado en torno a la consecución de siete objetivos fundamentales que incluye la optimización de «los procesos de detección de necesidades formativas, selección y planificación» en ese campo para responder a los «auténticos retos» de una «administración eficaz».