El balance de Puigdemont: 500 millones más de deuda cada mes

La Generalitat tendrá que pedir otros 7.000 millones al Gobierno en 2017 para poder financiarse.

De un tiempo a esta parte, resulta muy habitual escuchar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al conseller de Economía, Oriol Junqueras, sacar pecho de la situación económica de Cataluña. Razón no les falta, las exportaciones van sobre ruedas, el PIB crece y el paro prosigue su lenta reducción. La mejora de estos indicadores, sin embargo, responde en buena medida al empuje del sector privado catalán, y no tanto a la gestión de la Generalitat. No en vano, mientras la economía catalana sale del pozo, la deuda acumulada por el Govern no ha dejado de crecer y al cierre del tercer trimestre de 2015 alcanzó los 68.456 millones de euros, la más alta de todas las autonomías. Un año más tarde, en el tercer trimestre de 2016, la deuda había aumentado hasta 74.400 millones. Lo que significa 5.944 millones de euros más, un 8,68 por ciento. Es decir, un incremento de prácticamente 500 millones de euros más cada mes. Lo que equivale a decir que, desde que Puigdemont se hizo con las riendas de la Generalitat, la deuda se ha incrementado a razón de 16,5 millones diarios.

Las dificultades de pago se resienten en el día a día de la Administración, las farmacias catalanas dan buena cuenta de ello, y obligan a buscar subterfugios para sacar adelante cualquier tipo de proyecto. A título de ejemplo, para ahorrar, la Generalitat está trasladando buena parte de sus dependencias a barrios periféricos de Barcelona y así poner a la venta los inmuebles más céntricos. Sucede, sin embargo, que alguno de estos barrios sigue sin metro, precisamente, porque la Generalitat ha tenido que abandonar infraestructuras como la línea 9 del metro. Ante esta situación, el Govern ha tenido que convencer al Ayuntamiento de Barcelona de hacerse cargo de la financiación a cambio del pago en especias. O, lo que es lo mismo, a cambio de varios inmuebles. Si bien es cierto que el paro ha caído, en términos de EPA, del 16,7 por ciento de la población activa en 2015 al 14,6 del tercer trimestre de 2016 –unos 453.000 parados–, los problemas de la Generalitat van más allá de la deuda. Al fin y al cabo, la deuda es un problema cuando no se puede pagar. Y ahí la Administración catalana también cojea.

De hecho, mientras la Generalitat enreda con la organización del referéndum independentista, su dependencia del Estado está fuera de toda duda y en 2017 solicitará 7.392 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo implementado por el Gobierno para financiar a las autonomías a un interés del 0 por ciento. Esta cifra se desprende de una presentación dirigida a inversores internacionales realizada por la propia Generalitat. De los 7.392 millones que prevé pedir prestados, 1.314 millones corresponden a la financiación del déficit autorizado, que es del 0,6 por ciento. No obstante, el grueso de los fondos, 5.953 millones de euros, servirá para atender vencimientos de deuda, mientras que se solicitarán otros 125 millones para otros fines.

En cualquier caso, en el periodo 2012-2015 Cataluña ha recibido del Estado 46.400 millones de euros, según los datos del Ministerio de Economía. O lo que es lo mismo, el 33 por ciento de los cerca de 140.600 millones que el Gobierno ha inyectado a las comunidades autónomas. Cataluña, por lo tanto, es la CC AA que más liquidez ha recibido a través de este programa, la segunda en términos de PIB. El propio conseller de Economía, Oriol Junqueras, reconocía en el mencionado folleto de presentación a los potenciales inversores internacionales que la Generalitat necesitará de la financiación de FLA hasta al menos el año 2026, es decir, casi una década.