El Gobierno controlará el dinero que da a Cataluña

El Gobierno ha impuesto a la financiación del Estado a Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) nuevas condiciones específicas de transparencia en la información y en el cumplimiento de la legalidad para asegurarse de que este dinero se destina al pago de servicios públicos esenciales, como los servicios sanitarios o la deuda con las farmacias.

El Gobierno sólo pagará a Cataluña el dinero pendiente de abonar del FLA en 2015 si esta comunidad lo destina al pago a proveedores y no a «veleidades independentistas». Y por eso establece una nueva condicionalidad asociada a garantizar la prestación de determinados servicios públicos como, por ejemplo, que se atienda la deuda con las farmacias de más de 330 millones de euros. El objetivo es que ni un solo euro del Estado vaya donde no debe, e impedir también que se gasten incorrectamente los fondos de la propia Generalitat en poner en marcha el proceso independentista.

Cataluña ha recibido 52.000 millones de euros por los fondos autonómicos, y recibirá ahora otros 3.034 millones. Una ayuda clave para cubrir vencimientos de deuda, financiar el déficit público y pagar facturas atrasadas a proveedores. Esta ayuda financiera ha evitado que la comunidad entre en quiebra, mientras que las autoridades catalanas han continuado adelante con su proyecto para romper con España.

«El objetivo es que nadie dedique ni un euro a una actividad que no tiene amparo legal y tampoco constitucional. La condicionalidad es específica para Cataluña, pero también garantizamos así los servicios básicos a los ciudadanos catalanes», explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la reunión del Consejo de Ministros y en una comparecencia con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Ejecutivo sostiene que hasta ahora no se ha desviado dinero de los mecanismos de financiación autonómica a ningún proyecto independentista. Pero adopta medidas excepcionales por la situación excepcional en la que se ha situado el escenario político catalán tras la decisión del bloque secesionista de llevar al Parlamento autonómico la moción para activar el proceso de desconexión de Cataluña con España.

La nueva condicionalidad va ligada a la decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fijar un nuevo reparto del FLA para las comunidades en este ejercicio. En esta Legislatura se ha provisto a las autonomías y a los ayuntamientos con distintos mecanismos de financiación que alcanzan los 185.000 millones de euros, según informó la vicepresidenta. El reparto aprobado ayer corresponde a un remanente de 2015 por valor de 7.889 millones de euros y, en concreto, debe ir destinado al gasto en medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. Cataluña es la autonomía que más fondos va a recibir de este pago adicional del FLA: más de 3.034 millones.

Desde el Gobierno subrayaron ayer que este pago corresponde a un excedente que no estaban «obligados» a abonar y denunciaron «el tono exigente» por parte de la Generalitat en funciones.

Ahora, el interventor de la Generalitat de Cataluña deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del presupuesto autonómico, confirmando que los gastos que se van realizando no contravienen el ordenamiento jurídico. El desembolso de los 3.034 millones se hará por tramos y «en función del cumplimiento» de las condiciones impuestas a Cataluña. Para ello, se establecerá un mayor control del pago de las facturas a través del Punto General de Entrada de Facturación Electrónica del Ministerio de Hacienda. Para poder acceder a los fondos a tipo de interés cero del FLA que proporciona el Tesoro, la Intervención de la Generalitat deberá remitir al Estado un informe mensual garantizando que ningún gasto contraviene la legalidad. Además, las operaciones de endeudamiento de la comunidad deberán ser autorizadas por el Ministerio de Hacienda, «operación por operación». Y el ministro del ramo confirmó que «el Estado prestará amparo a los empleados públicos para que no se sientan forzados por una situación política determinada».

Por su parte, la vicepresidenta explicó que el nuevo mecanismo de control a la Generalitat se deriva, entre otras cuestiones, de la rebaja de su nota por parte de las agencias calificadoras, por el incumplimiento de determinadas obligaciones de información y por la indebida contabilización, que ha llevado a un déficit adicional de 1.300 millones de euros en el presente ejercicio. «También hay que valorar el riesgo que se deriva de las manifestaciones de representantes de la comunidad y que hacen referencia, entre otras cuestiones, al impago a las farmacias», explicó.

Más de 43.000 millones del Estado en cuatro años

Hasta el pasado 15 de noviembre, la suma de las inyecciones de liquidez del Estado en la Generalitat de Cataluña ascienden hasta cerca de 39.500 millones de euros, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda. La cifra anterior incluye los 33.000 millones recibidos desde 2012 a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), de los cuales 7.600 millones corresponden al periodo comprendido entre enero y octubre de este año, y otros 6.500 millones, aproximadamente, procedentes del extinto Plan de Pago a Proveedores. Cuando termine el presente ejercicio, el Gobierno regional habrá recibido más de 43.000 millones. La Generalitat ha tenido que recurrir a esta vía ante la negativa de los inversores a comprar su deuda, ya que tiene categoría de «bono basura». Con esta liquidez, el Gobierno de Artur Mas ha pagado sus deudas con los proveedores y ha refinanciado su abultado pasivo público.