El Govern insiste en que desacatará al Constitucional

«Hay que obedecer una ley emanada de un Parlamento legítimo y democrático», subraya el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

El choque institucional entre el Govern y el Estado se va acelerando a medida que se acerca el referéndum anunciado para el 1 de octubre. Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba el lunes al rey Felipe VI que no se celebrará el plebiscito y para ello anunciaba que recurriría al Tribunal Constitucional (TC) la ley que le dará cobertura, ayer desde el Govern de Puigdemont se daba una nueva señal de que no se va a torcer el pulso y se aseguraba que no se acatará la probable suspensión de la norma.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, fue el encargado de avanzar esta idea, aunque lo hizo cuidadosamente. Rull rehusó emplear el término «desobediencia» para referirse a cómo se aplicará la Ley del referéndum si ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y prefirió hablar de «obediencia» a una norma que emanará de un Parlament «legítimo y democrático». «Lo que haremos como Govern es obedecer una ley que ha sido aprobada por el Parlament y le daremos plena vigencia», apuntó en una entrevista en Rac1.

Asimismo, criticó a Rajoy por acudir «obsesivamente» a la justicia en lugar de abordar el conflicto por cauces políticos. En este caso, según ha dejado entrever estos días, la intención del presidente del Gobierno es convocar un Consejo de Ministros extraordinario en cuanto la Mesa del Parlament admita a trámite la ley, previsiblemente el 16 de agosto. Una vez reunidos (presumiblemente el 17 o 18 de agosto, según la disponibilidad de los ministros, ahora de vacaciones), se pedirá primero un informe al Consejo de Estado para poder presentar después el recurso al TC, que suspenderá la norma de inmediato, a la espera de emitir una sentencia en los cinco meses posteriores.

En cualquier caso, el independentismo se quedaría sin la ley que daría cobertura al 1-O, y por tanto se vería abocado a decidir si acata o ignora la decisión del Alto Tribunal. Según lo que avanzó ayer Rull, la determinación del Govern es desatender al TC y seguir adelante con el desafío. Las palabras del conseller, además, han supuesto un giro en la estrategia comunicativa que habían seguido durante los últimos días, en que se había apostado por el secretismo en todas sus maniobras. Así está ocurriendo, por ejemplo, con la suspensión de la reforma del reglamento del Parlament, que permitiría aprobar las leyes de ruptura por lectura única –con un solo debate en un día y sin que la oposición tenga la opción de presentar enmiendas–. En este caso, los independentistas han eludido siempre revelar si asumirían la cancelación temporal impuesta por el Alto Tribunal u optarán por tramitarlas por otros mecanismos. Hasta el momento, solo la CUP se ha posicionado con claridad, que ha pedido a Junts pel Sí que no le «tiemblen las piernes» y desobodezca.

Por otro lado, Rull trató de defender la legitimidad de la Ley del referéndum en base a dos principios: el democrático, que reconoce el referéndum como una operación democrática; y el derecho de excepción, que les permite sortear el TC y no cumplir con el derecho interno español, ya que el Govern ha intentado de «buena fe» pactar el referéndum. Finalmente, también dejó entrever algunas inseguridades que suscitan elementos logísticos como el voto por correo. En este sentido, el conseller recomendó acudir a votar durante la jornada del 1 de octubre de forma presencial para evitar posibles trabas del Estado contra los mecanismos que se habiliten.