Sin urnas, sin censo y sin funcionarios para el referéndum

Declara desierto el concurso para adquirir los 8.000 recipientes para la consulta del 1-O.

La fecha del presunto referéndum de independencia de Cataluña se acerca (1 de octubre) y los interrogantes aumentan. Se desconoce cómo va a manejar la Generalitat un censo electoral (no lo tiene a su alcance, puesto que es competencia del Estado), se ignora cómo va a garantizar la oficialidad del proceso sin funcionarios (sólo con agentes electorales) y desde ayer tampoco se sabe quién va a fabricar las urnas para la votación. Sólo dos empresas se habían presentado al concurso de la Generalitat para la fabricación de 8.000 recipientes transparentes y ninguna de ellas será finalmente la adjudicataria. El Govern optó ayer por dejar desierto el concurso con el argumento de que ninguna de las dos compañías (Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida) ha acreditado «la solvencia técnica y económica» requerida.

La Generalitat abrió este concurso el pasado 9 de mayo y no logró atraer a las empresas con mayor experiencia en el suministro de urnas. Sólo dos fueron homologadas, pero finalmente Plastic Express evitó facilitar toda la documentación requerida (acreditación de estar al corriente con las obligaciones tributarias y la Seguridad Social) para aspirar a la adjudicación final, mientras que la UTE mencionada descarriló previamente.

«otras vías»

Pese al fiasco, el Govern se apresuró a asegurar que mantiene el objetivo de la compra de urnas, aunque evitó aclarar cómo piensa cumplirlo. Interrogada una y otra vez por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno catalán, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, se limitó a explicar que se buscarán «otras vías». Pero no concretó cuáles. «Mantenemos nuestro compromiso con la compra de urnas. ¿Habrá urnas el 1 de octubre? Evidentemente, las habrá?», garantizó.

El Govern podría reemplazar el fallido concurso público por un procedimiento negociado. También podría optar por una compra a terceros o incluso por la fabricación propia, tal y como hizo en el simulacro de consulta del 9-N, cuando presos del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) de Lérida se encargaron de manufacturar las urnas de cartón que se usaron en aquella votación. Todas estas opciones se le consultaron a Munté, pero la portavoz evitó dar pistas e incluso quiso quitar hierro al fracasado concurso. «Ha pasado otras veces que en un proceso de contratación las empresas no pueden completar ni acreditar requisitos de solvencia económica o técnica que requiere la ley», recordó.

El horizonte del referéndum adquirió así nuevos nubarrones, aunque la Generalitat tratará de despejarlos en un acto solemne el próximo martes, cuyo gran objetivo es dar respuesta a cómo piensa garantizar una votación con eficacia jurídica. «El Govern no tiene planes B o C. Tenemos un mandato democrático claro, que pasa por celebrar un referéndum con las máximas garantías y carácter vinculante el 1 de octubre», dijo.

La Generalitat no lo tiene sencillo para seguir avanzando en sus preparativos. Demasiados asuntos se tambalean, entre otros el de la colaboración de las empresas necesarias para acometer los preparativos. En este sentido, el Gobierno ya ha advertido de que prestar servicios en un referéndum podría comportar denuncias ante los tribunales y castigos de algún tipo.

También existen enormes carencias a nivel internacional, ya que ni la Unión Europea ni ningún país destacado ha dado cobertura a los planes de un referéndum unilateral de independencia. Y a todo ello hay que añadir las divisiones internas que comienza a generar un proceso soberanista que amenaza con dejar tras de sí un reguero de políticos inhabilitados. A todo ello debe hacer frente un Govern que, de cara a la galería, sostiene su compromiso solemne con la organización, convocatoria y celebración del referéndum. Sostiene la Generalitat que no habrá obstáculo que haga descarrilar el proceso. Falta poco para comprobarlo.