El Govern pidió un informe sobre la consulta pactada pero no lo publicó

La Generalitat encargó el pasado abril al Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) un estudio sobre el referéndum acordado y otro sobre las vías alternativas.

El proceso independentista se está caracterizando por una gran opacidad. Las numerosas dificultades que el soberanismo está poniendo a la solicitud de información que afecte a su proyecto rupturista se han convertido ya en una seña de identidad. La conselleria de Exteriores es el mayor exponente: el mejor ejemplo está siendo la negativa continua de Junts pel Sí y la CUP a publicar la agenda de Raül Romeva. Pero ayer el turno fue para el área que se encarga de diseñar y asesorar sobre la creación de un futuro Estado catalán, que en la Comisión de Asuntos Institucionales desveló que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le había encargado en abril un informe sobre un referéndum acordado con el Estado.

Así, comparecieron el director del Instituto de Estudios de Autogovern (IEA), Carles Viver i Pi-Sunyer, el secretario para el Desarrollo del Autogovern, Víctor Cullell, ambos dependientes de la conselleria de Presidencia. Era una cita esperada porque era la primera vez que se sometían al escrutinio de una comisión y permitía arrojar luz a las actividades que han estado desarrollando, ya que es llamativo que no hayan tenido publicidad, lo que han justificado como una decisión que recae en el órgano asesorado, la Generalitat, porque sí habían hecho públicos todos los informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN). Así, durante este año, han elaborado seis informes desde el mes de febrero. De ellos, el más destacable es el que analiza la posibilidad de realizar un referéndum acordado con el Estado. Según Pi-Sunyer, se evaluó la pregunta, posibles plazos y fechas para convocarlo, así como cuestiones jurídicas y políticas en virtud del resultado que saliera de esta consulta, además del obstáculo que supone una reforma constitucional por la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados.

Otro informe –de septiembre– orientado al proceso soberanista versó sobre procedimientos a seguir para que los catalanes decidan su futuro. El IEA respondió con una nota oral en la que se acogió a los informes que había elaborado el (CATN) y analizó los pros y contras de celebrar un referéndum, así como los de unas elecciones previas o no a la creación de un Estado propio.

La comisión tuvo momentos subidos de tono. El mayor punto de tensión se produjo con el diputado de C’s, Carlos Carrizosa, cuando le reprochó el coste que supone el IEA para la administración: 1.037.000 euros, que se desglosan en 240.000 euros destinados a las actividades del instituto y 797.000 euros al apartado de personal. Estos dispendios, unidos a que el salario de Pi-Sunyer es como el de un conseller –cobra 109.000 euros–, le valieron a Carrizosa para reprochar lo «lucrativo que es el proceso», lo que encendió los ánimos y provocó las quejas de los diputados de Junts pel Sí. El diputado de C’s le recordó a Pi-Sunyer que ostenta la gran Cruz de la Orden del Mérito Constitucional tras haber sido durante 9 años magistrado del Tribunal Constitucional, a lo que respondió que no renunciaría. La diputada del PP, Esperanza García, definió al IEA como un «oscuro comité de operaciones» que urde «un golpe de estado».