El TC podría directamente suspender a Puigdemont si consuma su desafío

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debería andarse con tiento a la hora de estampar su firma en un decreto de convocatoria de referéndum unilateral de independencia, algo que conoce de antemano que ni tiene competencias para ello y que, además, es ilegal.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debería andarse con tiento a la hora de estampar su firma en un decreto de convocatoria de referéndum unilateral de independencia, algo que conoce de antemano que ni tiene competencias para ello y que, además, es ilegal. Y ello, por la sencilla razón de que si firmase esa convocatoria e hiciese caso omiso a la inmediata suspensión que decretará el Tribunal Constitucional, éste tiene facultades para suspenderle en el ejercicio de sus funciones, durante el tiempo que sea necesario hasta que decida acatar la resolución judicial. No ocurriría, por tanto, lo mismo que cuando el ex presidente catalán Artur Mas celebró la consulta del 9-N de 2014 y está a expensas de que, dos años y tres meses después, sea juzgado por desobediencia y prevaricación.

En el caso de que Puigdemont decidiera convocar ese referéndum, la Abogacía del Estado presentaría de forma inmediata un recurso, con invocación expresa del artículo 161.2 de la Constitución, lo que determinará su admisión a trámite y la suspensión del acto durante un período inicial de cinco meses. En ese momento, el «contador» dejará de estar a a cero y empezará a vigilar los actos de la Generalitat, para evitar que se salte esa suspensión a través de iniciativas que supusieran de hecho darle continuidad. Es decir, se trataría de evitar un nuevo 9-N.

Pero, a diferencia de entonces, en esta ocasión, el Tribunal Constitucional dispone de una medida coercitiva que debería hacer pensar a quienes pretenden consumar el desafío al Estado de Derecho con un referéndum unilateral: la posibilidad de suspenderle cautelarmente en el ejercicio de sus cargos si deciden saltarse la prohibición del Alto Tribunal. El artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, recientemente avalada por éste, no deja lugar para dudas. Así, se establece que si el Tribunal apreciase «el incumplimiento total o parcial de su resolución», podrá adoptar determinadas medidas coercitivas, entre ellas la de «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal». Antes de llegar a ese extremo, sin embargo, el tribunal requerirá al afectado para que le informe de los motivos que han originado su actuación, para lo cual le otorgará un plazo.

Por tanto, llegado a esa situación, Puigdemont tendría dos opciones: dar marcha atrás y olvidar el decreto de convocatoria de referéndum, acatando así la prohibición que acordará el TC, o arriesgarse a dos medidas distintas pero que pueden poner fin a su carrera. La primera, que el propio TC le suspenda, a corto plazo, provisionalmente en sus funciones; y la segunda, que, al igual que Mas y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, se enfrente a una más que probable querella por desobediencia que podría finalizar con una condena a penas de inhabilitación. Lo que sí tiene claro el Ejecutivo es que no permanecerá impasible si se llevasen a cabo ese tipo de actuaciones, pero, a la vez, no adoptará ninguna medida previa. «Si se mueven en ese sentido, actuaremos, pero ahora no hay ningún paquete de medidas concretas adoptadas», destacaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Ejecutivo. En todo caso, sí están preparados para actuar desde el mismo momento en que se produzca un hecho que suponga un nuevo desafío al Estado de Derecho: «No nos pillarán con el pie cambiado». Eso sí, hasta entonces, «calma, tranquilidad y Estado de Derecho».

En esta línea se pronunció ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró que todo el mundo debe tener muy claro que nadie puede actuar sin respetar las leyes y la Constitución, «y nos encargaremos de que así sea». «La idea que tenemos que tener todos muy clara –añadió– es que nadie está al margen de la ley, que nadie puede actuar sin respetar la Constitución y las leyes, y nos encargaremos de que así sea mediante los recursos» oportunos.