Videos

Forcadell pide amparo al TSJC y denuncia la censura del Estado

La presidenta del Parlament y la secretaria primera de la Mesa, declaran ante el tribunal

Carme Forcadell y Anna Simó, arropados por los primeros espadas del independentismo a las puertas del TSJC
Carme Forcadell y Anna Simó, arropados por los primeros espadas del independentismo a las puertas del TSJClarazon

La presidenta del Parlament y la secretaria primera de la Mesa, declaran ante el tribunal.

Defender que no ha habido desobediencia ante los tribunales al tiempo que se reivindica ante las huestes la voluntad de seguir obviando los mandatos del Tribunal Constitucional y mantener su pulso al Estado con el órdago independentista. Con esa estrategia, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, afrontaron ayer su declaración ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigadas por desobediencia y prevaricación al TC al permitir la votación de dos resoluciones independentistas en la cámara catalana.

En una comparecencia de unos 20 minutos en el TSJC, en la que solo respondieron a preguntas de su abogado, Forcadell y Simó defendieron que no «transgredieron» el requirimiento del TC al permitir las votaciones, pese a que advertía al órgano rector del Parlament de su deber de «paralizar o impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir» sus resoluciones. Sin embargo, más tarde, en una declaración institucional en la cámara catalana, y después de recibir el calor de unos menguantes simpatizantes que se agolparon a las puertas del TSJC –las entidades independentistas lograron una escasa afluencia (unas 1.000 personas)en la habitual movilización que organizan a la entrada del Palacio de Justicia para arropar a los encausados por el «procés»–, expresaron su intención de continuar en la misma línea de no acatar las advertencia del TC con una retórica firme y desafiante: «Los miembros de la Mesa del Parlament no nos doblegaremos ante la voluntad censora de aquellos que quieren coartar la libertad del Parlament», aseguró la presidenta del hemiciclo. «Garantizaremos que el debate, el voto y la palabra continúen siendo pilar fundamental de este Parlament», añadió.

En su voluntad granítica por cumplir con este empeño y no «doblegarse» al Estado mostró su indeferencia por las consecuencias jurídicas que pueda acarrear y clamó: «Si este es el precio que debemos pagar para que el parlamento siga siendo el espacio de las palabras, lo pagaremos».

Otro de los argumentos que usaron Forcadell y Simó para defenderse pivotó sobre el derecho a la «inviolabilidad parlamentaria» como garantía de la separación de poderes para que los diputados puedan votar sin injerencias ni coacciones del poder ejecutivo. Bajo esta premisa, defendieron que entre las funciones de los miembros de la Mesa del Parlament corresponde «favorecer el debate parlamentario», sin discriminar por contenido político. Y en este caso, la presidenta del Tribunal que está instruyendo esta causa, Maria Eugènia Alegret, deberá decidir si hubo desobediencia y estudiar si el órgano rector del hemiciclo debe permitir todos los debates o lo debe impedir cuando se abordan cuestiones inconstitucionales y bajo un mandato del TC.

Antes de la declaración, los independentistas reprodujeron el rutinario paseo desde el Parlament hasta las puertas del TSJC, en el que miembros del Govern, diputados del Parlament, alcaldes, concejales y representantes de la sociedad civil (las entidades separatistas) acompañan a los encausados, jaleados por el público que circunda la entrada del tribunal entre gritos de «No estáis solos». Forcadell y Simó estuvieron en el trayecto flanqueadas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, y secundada por los ex presidentes de la cámara catalana, Joan Rigol, y Núria de Gispert, y el ex president Artur Mas, entre otros primeras espadas.

Asimismo, a la conclusión de la comparecencia y tras despedir a las encausadas entre vítores, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aprovecharon el momento para anunciar que impulsarán una «caja de solidaridad» que recogerá aportaciones económicas para poder financiar las multas que han recibido los dirigentes independentistas por sus pasos en el desafío rupturista.